La muerte del CEO de Vicentin Sergio Nardelli, el miércoles por la noche, abre una nueva etapa de negociaciones por el futuro de la empresa oriunda de Avellaneda. Los medios especializados coinciden en que ahora hay un escenario “más proclive para la venta” de sus activos, precisamente lo que querían evitar el gobierno nacional y la provincia cuando intentaron –sin éxito– intervenir la cerealera.
El desguace de Vicentin –esto es: la venta por separado de una o varias de sus unidades de negocios– y su posible extranjerización serían, finalmente, un triunfo indirecto de otros grupos concentrados del sector como Cofco/Nidera, Cargill, ADM y Bunge, también dedicados a la exportación de granos, aceites y otros productos derivados.
Mientras las especulaciones se suceden, el concurso que tramita el juez de Reconquista Fabián Lorenzini sigue su curso. El 25 de agosto vence el plazo para que todos los acreedores –empresas, bancos, cooperativas y organismos públicos nacionales, provinciales y locales– acrediten lo que les debe Vicentin. El pasivo del holding santafesino oscila los 100 mil millones de pesos, pero el monto final surgirá del propio concurso que tramita Lorenzini.
El sitio especializado en negocios Punto Biz informó, tras la muerte de Nardelli, que ahora “se abre un nuevo escenario más proclive para la venta de Vicentin” ya que “el fallecido ejecutivo era el mayor exponente de una línea dura interna que condicionaba al máximo las negociaciones con interesados”.
Sin Nardelli, es posible que “aparezca ahora una mayor voluntad del directorio en sentarse a negociar la venta”, señala el artículo firmado por Mariano Galíndez. “Si bien nadie espera que ahora aparezca una avalancha de accionistas queriendo vender, entienden que puede haber más vocación para negociar la retirada y el paso al costado del directorio”.
La intervención del directorio de la empresa fue pedida por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia ante el juez Lorenzini. Hasta ahora, el magistrado no respondió sobre ese planteo. Según la provincia, es imposible negociar cualquier tipo de salida de consenso si los actuales directivos de la firma no sueltan el timón.
Mientras el concurso avanza, la empresa negocia con potenciales inversores para aliviar sus deudas, según informó esta semana el diario El Cronista: “En ese proceso será clave el recambio de la dirección ejecutiva, un pedido que ya había realizado el Banco Nación. Nardelli era la principal cara de un directorio colegiado compuesto por 13 personas en representación de 109 accionistas. En el sector se rumorea que Máximo Padoán podría llegar a ocupar el espacio que dejó vacante Nardelli, aunque aclaran que la gestión se lleva a cabo de manera colectiva”.
Los próximos diez días serán claves porque se empieza a definir la primera etapa del concurso. Con la presentación de los acreedores ante el juez Lorenzini, se cierra la primera etapa y a partir de ahí se abre un plazo durante el cual la empresa puede impugnar determinadas presentaciones o realizar correcciones sobre los montos que se le reclaman.
Después de eso, los síndicos Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco tienen que elaborar un informe general sobre la situación patrimonial y las deudas de la empresa. Ese proceso se completaría recién a fin de año o a principios de 2021. Mientras tanto, algunas unidades de Vicentin operan a media máquina y otras ni siquiera eso, mientras aumenta la incertidumbre en el norte de la provincia sobre el futuro del grupo y la suerte que puedan correr los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la cerealera.
En riesgo de desguace
El viernes, el gobernador Omar Perotti reiteró que sin la intervención del Estado es muy difícil que Vicentin no quiebre. Así lo expresó el mandatario santafesino durante una entrevista en radio La Red.
Con respecto al plan de rescate presentado por la provincia, Perotti señaló: “Al juez le informamos que sin la voluntad del cambio de administración y del fideicomismo, no teníamos las condiciones para participar”.
De acuerdo a la evaluación hecha por el juez Lorenzini a cargo del concurso de Vicentin, la agroexportadora tiene un pasivo superior a los 1.500 millones de dólares y activos cercano a los 600 millones de la misma moneda. Conocidos estos números, Perotti remarcó: “Estamos convencidos de que sin una intervención del Estado es muy difícil que no quiebre”. “No veo la chance de que aparezca alguien que en este concurso tenga el deseo de reactivar la empresa”, agregó.
Con anterioridad, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, había expresado que “la quiebra sería la peor salida” para la crisis de la empresa agroexportadora. Y aseguró que “la posibilidad de quiebra siempre está latente en cualquier concurso. Si la empresa no puede alcanzar un acuerdo con los acreedores necesariamente el paso siguiente es la quiebra, que es el desguace y el remate de los bienes”.
Cambia, todo cambia
Pocas horas después de la muerte de Nardelli, el intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Scarpín, afirmó que el Estado “tiene que sentarse en una mesa para tratar de ayudar a resolver los problemas”, aunque reiteró su postura contraria a una intervención o expropiación de la empresa.
El intendente de Juntos por el Cambio consideró que cuando el gobierno nacional desistió de la intervención de la firma, el pasado 31 de julio luego de que fracasara la mediación convocada por el juez de Reconquista, “todo volvió a la normalidad y a lo que debía ser”.
El pedido de ayuda del intendente de Avellaneda, casi como vocero de Vicentin, llamó la atención ya que fue el primer dirigente político en salir a protestar cuando el gobierno nacional anunció el plan de intervención, a principios de junio. Scarpín impulsó y participó de los banderazos que se realizaron en su localidad contra el gobierno nacional.
Ahora, el dirigente de la UCR macrista señaló: “Lamentablemente este proceso se había no sé si cortado pero por lo menos alterado el diálogo con el gobierno provincial y nacional, porque nosotros siempre lo planteábamos que la intervención estaba mal, que la expropiación estaba mal”.
No obstante, sostuvo que “el Estado, en casos de este tipo, donde hay una empresa con problemas y tiene miles de trabajadores, tiene que estar presente de alguna forma, por lo menos para acompañar”.
“Así que esa es la sensación: por un lado, tranquilidad, porque el país en ese sentido dio una señal muy importante, pero por otro lado yo creo que el Estado tiene que sentarse en una mesa para tratar o ayudar a resolver los problemas de este tipo”, añadió.
Scarpín resumió su postura al indicar que “desde un primer momento” planteó que había que “salir de la intervención y de la expropiación”, pero reafirmó que lo que no le parece bien es que el Estado “se retire totalmente”.
Incertidumbre
La saga de Vicentin comenzó el 4 de diciembre del año pasado, seis días antes del recambio de gobierno, cuando la empresa declaró pasar por un “estrés financiero” que la llevaba directamente a la cesación de pagos dejando un tendal de acreedores, entre ellos productores, bancos, principalmente el Nación, los Estados provincial y nacional y otros proveedores del sector privado y cooperativo.
El anuncio conmovió al ambiente económico y político. Vicentin exportó 2,6 millones de toneladas de granos el año pasado, además 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millón de toneladas de aceites, lo que le permitió situarse como la cuarta agroexportadora del país y la primera en subproductos y aceites.
La inesperada muerte del CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, no hizo más que sumar incertidumbre sobre el futuro de la megaexportadora de la localidad santafesina de Avellaneda.
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