El día después de conocida la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de rechazar un recurso de inconstitucionalidad planteado por los abogados de los empleados y directivos de Litoral Gas procesados por la tragedia de calle Salta 2141, familiares de las víctimas se reunieron con el procurador general provincial, Jorge Barraguirre, quien se encargó de informarles el estado de la causa y se comprometió a seguir “profundizando” la investigación. Además, en el encuentro realizado en Rosario les adelantó que convocará a los fiscales y abogados afectados al caso el 23 o 24 de febrero para definir la fecha de inicio del juicio oral.
Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco, una de las víctimas de la tragedia ocurrida el 6 de agosto de 2013, contó que el funcionario se encargó de ampliarles lo resuelto por la Corte y se comprometió a seguir avanzando sobre los responsables. “Nos dijo que entre el 23 y el 24 va a tener una reunión con los fiscales y los abogados y que allí saldría la fecha del comienzo del juicio. Obvio que nosotros le preguntamos cuándo sería, si en el corto, mediano o largo plazo pero todavía no hay certezas. Si bien queremos que el juicio comience cuanto antes, lo que queremos a la vez que sea eficiente, no acelerar los tiempos si las cosas no se van a hacer bien”, añadió.
“Nosotros esperábamos una decisión de la Corte de estas características, lo que nos llamó la atención es la unanimidad. De todas maneras es un largo camino el que tenemos por delante. Igualmente lo conocido en las últimas horas es positivo porque nos pone de cara al juicio”, continuó.
También estuvo presente Jorge Magaz, papá de Estefanía, otra de las víctimas, quien solicitó que el comienzo del juicio no se demore mucho más. “Lo que nosotros solicitamos es que sea lo antes posible, es el deseo de todos los familiares para que de una vez por todas esto vaya avanzando y se encuentre a los responsables. El anuncio se dará a conocer a la opinión pública cerca de fin de mes”, explicó.
“Estamos ante una causa que lleva 18 meses y esperamos que prontamente se inicie el camino en busca de responsabilidades. Sabemos que nos queda por delante un largo camino por recorrer. Nosotros estamos expectantes y firmes”, señaló.
Sobre la decisión de la Corte, dijo que fue “más o menos la esperada ya que estamos hablando de estrago culposo en condición de agravado”. “No sabemos a ciencia cierta cómo se dieron los hechos. Estos son los primeros pasos y realmente la Corte no tuvo mucha presión en esta instancia, hay que ver qué pasa más adelante”, siguió.
“Queremos que haya más personas procesadas. Hay una cadena de jefes en Litoral Gas que son responsables porque cada uno de ellos fueron partícipes de una serie de decisiones que culminaron con esta explosión. Vamos a ver cuando comience el juicio si se amplían las responsabilidades. Hay responsabilidades diferentes que sumadas terminaron en esto. Lo único que pedimos es que los responsables paguen”, indicó.
Así las cosas –y una vez establecida la fecha y comenzado el juicio– un tribunal deberá determinar cuál y en qué grado es la cadena de responsabilidades que desembocó en la explosión del edificio ubicado en el macrocentro de la ciudad, por la que están acusados cuatro inspectores de Litoral Gas, dos gasistas particulares y el ayudante de uno de ellos, y tres integrantes de la administración de las torres que se alzaban en el lugar.
Los once procesados que irán a juicio
La Corte Suprema provincial dejó firme la resolución de la Cámara de Apelaciones que, a través del fallo del magistrado Guillermo Llaudet Mazza, había confirmado las actuaciones en primera instancia de la jueza Irma Bilotta, a cargo de la investigación de las responsabilidades penales por la explosión.
Los procesados que solicitaron que se declarara inconstitucional el procedimiento por el cual fueron procesados son los empleados de Litoral Gas: el jefe de área Claudio Tonucci y sus subalternos Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. Los otros procesados son el gasista Carlos García, su ayudante Pablo Miño, y otro gasista, José Allala, quien trabajó once días antes del hecho y admitió que realizó reparaciones sobre el regulador. También los miembros de la adminstración del consorcio de Salta 2141, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
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