Magancha vive en barrio La Ranita, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Allá por 2014, captaba chicas y mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema y las regenteaba para que se prostituyeran en las paradas de camiones del departamento San Lorenzo. Les cobraba entre 50 y 100 pesos el viaje y para eso usaba a un remisero trucho, a quien a veces le pagaban con los llamados pases sexuales, luego de que realizaran el trabajo. El 31 de octubre pasado, se realizó un juicio abreviado donde la Justicia federal de Santa Fe condenó a Margarita “Magancha” Ríos, de 53 años, a seis años de prisión y al remisero trucho, de 58, a tres años por considerarlo partícipe secundaria. También por 2014, el fuero federal había condenado a otra red de trata que estuvo durante dos años explotando a mujeres y adolescentes en las mismas zonas de la zona norte del cordón industrial. Esta causa aún no está cerrada debido a que un policía de la Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo está a la espera del juicio oral por liberarles la zona a las explotadoras sexuales (ver aparte).
El 2 de junio de 2014, una persona –ahora testigo protegido– denunció que en la GNC de la ciudad de Coronda, ubicada en uno de los accesos de la autopista Rosario–Santa Fe, pudo advertir la presencia de mujeres de distintas edades que se bajaron de dos autos, fueron al baño y cuando salieron se habían cambiado de vestimenta. El testigo describió que un auto lo manejaba un hombre de unos 30 años y en el otro había una mujer de alrededor de 40, quien era la que impartía las órdenes.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de la capital provincial, a las órdenes de Walter Rodríguez, quien dio intervención a los funcionarios de la Agencia de Investigaciones de Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los pesquisas determinaron que la mujer que daba las órdenes se apodaba Magancha, quien también contaba con una causa similar en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, que se le abrió luego de que una víctima la denunciara.
El operativo
El 21 de octubre de 2015, el personal de Trata de Personas realizó un procedimiento con personal encubierto en la autopista Rosario-Santa Fe en el kilómetro 141 y también en la ruta nacional 11, en las ciudades de San Lorenzo y Puerto San Martín. Los investigadores habían comprobado que en estas zonas la proxeneta hacía sus paradas para que sus víctimas se cambiaran de ropa.
Tras algunas horas, los uniformados advirtieron que el conductor de un Peugeot 206 rojo estacionó cerca de donde estaban y lo detuvieron. El hombre fue identificado como Carlos Hugo Vinier, quien viajaba con cuatro mujeres mayores de edad. En el auto hallaron gran cantidad de preservativos y geles íntimos. Por su parte, los especialistas brindaron asistencia a las cuatro mujeres que iban a bordo.
Vinier fue indagado e imputado por el delito de trata de personas por el magistrado del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, y el 5 de noviembre del mismo año fue procesado como partícipe secundario del hecho. El juez ordenó que fuese alojado en la cárcel de Coronda hasta el juicio.
A su vez, Magancha fue detenida el 24 de noviembre del 2016 y procesada como autora del delito de trata de personas cometido en perjuicio de cuatro personas agravado, en concurso real con los delitos de promoción y facilitamiento de la prostitución y aprovechamiento económico de la prostitución, ambos agravados.
El proceso continuó hasta el 18 de octubre pasado, cuando se anunció la elevación a juicio de la causa. En esa instancia, el fiscal federal pidió 10 años de prisión para Magancha. Fue en ese marco que se resolvió un acuerdo entre el fiscal general, Martín Suárez Faisal, y las defensas de los imputados, Ignacio Alfonso Garrone y Romeo Díaz Duarte por Vinier; y Julio Agnoli por Magancha. En esa instancia los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría condenaron a la mujer a 6 años de prisión y a Vinier a tres.
Magancha fue penada por su responsabilidad en la explotación económica de la prostitución ajena, agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Para el tribunal, la mujer era quien se encargaba de la logística –buscar a los remiseros y las chicas– y a partir de ello obtenía un rédito económico. Y el remisero trucho fue sindicado por el mismo delito que Magancha, pero en calidad de partícipe secundario, ya que el hombre conocía la situación en la que se encontraban las mujeres y obtenía un rédito económico a través de los pases que realizaban las mujeres en la zona de Puerto General San Martín y San Lorenzo.
Un caso similar tiene a un policía preso
En junio de 2014 comenzó la investigación por la fue condenada cuatro días atrás Magancha. Por aquella época, hacía un año que existía otra pesquisa por el mismo delito, que utilizaba las mismas logísticas y los mismos lugares. Las explotadoras también eran oriundas de la ciudad de Santa Fe.
Los investigadores constataron que desde el 14 de octubre de 2011 hasta el 24 de junio de 2013, cuando fueron apresadas, usaban el mismo itinerario: Las acusadas Zunilda Godoy, de 49 años, y Mariela Sandoval, de 43, contactaban a un remisero que pasaba a buscar a las reclutas. Por lo general las esperaba en la puerta de su casa y en horas de la tarde. Esta banda tenía el mismo mecanismo que la de Magancha: estacionaban en una estación de servicio de la autopista Rosario–Santa Fe para que las mujeres se cambiaran de ropas y se maquillaran. Después, el chofer las dejaba en paradas asignadas cerca de los playones de camiones en el departamento San Lorenzo. Les habían puesto las 3 de la madrugada como hora tope de regreso: si avisaban que no llegaban les hacían pagar un porcentaje del pasaje y si no tenían que pagar el total.
De la pesquisa se conoció que a las víctimas se les prohibía irse con otro grupo de mujeres por su cuenta y tampoco podían volverse a Santa Fe en otro medio de transporte que no fuera el remisero asignado.
El juicio oral contra las mujeres terminó el 25 de agosto de 2014 cuando los mismos jueces –José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría– que intervinieron en el proceso de Magancha condenaron a Godoy y a Sandoval a 8 años de prisión cada una por el delito de trata de persona, doblemente agravado por la participación de dos o más personas en forma organizada y por haber sido perpetrado contra dos o más víctimas. Además, el tribunal resolvió la pena de 4 años de cárcel para Martín Gómez, de entonces 27 años, al que le atribuyeron participación secundaria. El joven es hijo de una de las imputadas y era el remisero.
En esta causa apareció también la participación de un policía, identificado como Rodrigo Adán María del Luján Delgadino, quien trabajaba en la zona del cordón industrial y que era el encargado de liberar la zona para que las mujeres fuesen prostituidas. El uniformado, según la acusación, trabajaba en la comisaría 5ª de Puerto General San Martín y cobraba 800 pesos mensuales por los servicios prestados a las explotadoras.
Luego de que las mujeres fueran condenadas, la Cámara Federal de Rosario revocó el sobreseimiento que había obtenido el policía. En agosto de 2015, se presentó en los Tribunales Federales de Santa Fe para poner fin a su situación de fugitivo.
Delgadino está acusado de haber recibido en la vía pública a un número indeterminado de mujeres que eran trasladadas desde la ciudad de Santa Fe hacia diversos lugares en cercanías de Puerto General San Martín y San Lorenzo con el objetivo de ser explotadas sexualmente.
En 2016, el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio del policía. Fue en ese marco que el 22 de mayo pasado, el Tribunal Federal de Santa Fe resolvió prorrogar por un año la prisión preventiva del policía, cuya defensa apeló la medida. Delgadino tuvo otro revés tres meses después, cuando el 31 de agosto último la sala 4 de Cámara de Casación rechazó la apelación y dejó firme la prisión del policía por el plazo de un año o hasta que se lleve a cabo el juicio oral.
