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Nuevo paradigma

Salud Mental: la internación llega cuando no hay alternativa

De 430 camas en los tres hospitales públicos provinciales que había en 2012, hoy esa cifra descendió a 283 plazas. La directora repasa cómo avanza la nueva ley que busca terminar con los psiquiátricos


A tres años de la reglamentación de la ley de Salud Mental y Adicciones, Santa Fe avanza en el relevamiento de las clínicas privadas que brindan tratamientos. Al igual que los psiquiátricos públicos, deben adecuarse al régimen del Programa de Sustitución de Lógicas Manicomiales propuesto por la Nación. Tienen que reducir cantidad de internados e impedir nuevos ingresos. Hasta la fecha hay 13 instituciones evaluadas. Deben presentar un plan de egreso para los usuarios hacia dispositivos intermedios, esto es, casas y centros con actividades culturales, artísticas y capacitación en oficio. En lo público, y tal como contó El Ciudadano, los avances de la ley están por encima de la media del país. En 2012 había 430 camas en los tres institutos públicos (el Mira y López, de la capital santafesina; el de Oliveros, y el Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila de Rosario). En cuatro años bajó a 283 plazas ocupadas. Bajo la nueva norma, las personas con padecimientos ligados a la salud mental deben recibir tratamiento en la red de salud pública. La directora de Salud Mental de la provincia, Melisa Pianetti, dialogó sobre la situación.

—Se tienen estadísticas positivas de cómo avanza el cambio en lo público, ¿qué pasa en lo privado?

—Desde 2012 la provincia trabaja en el programa de sustitución para promover las externaciones y desarrollar estrategias de atención acordes a la ley. Alcanza a las clínicas privadas y los monovalentes públicos. Ambos deben adherirse, cualquiera sea la forma jurídica, y adecuarse a favor de los usuarios. Tiene etapas. Primero se evalúa a cada persona internada, el estado del establecimiento y del plan progresivo de egreso a dispositivos menos restrictivos de integración familiar y social. La prioridad es buscar alternativas que menos restrinjan la libertad de las personas. La internación llega sólo cuando las circunstancias no permitan otra alternativa, según lo que los equipos tratantes evalúen y consideren. Y debe ser fuera del ámbito de internación hospitalaria y a manos de un equipo de salud interdisciplinario, como establecen los marcos normativos. El cumplimiento es obligatorio para los prestadores del Iapos. Hay un equipo constituido –ver recuadro– por psicólogos, abogados, psiquiatras, operadores comunitarios, trabajadores sociales. Basan su trabajo en el marco normativo vigente y el paradigma de derechos humanos en la atención de las problemáticas de salud mental.

—¿Cuáles son las prioridades?

—La conservación, restitución o priorización de los lazos sociales, entendiendo siempre que los padecimientos mentales o padecimientos subjetivos no pueden ser considerados bajo ningún aspecto como un estado inmodificable. El Estado debe garantizar que toda persona con padecimientos de salud mental goce de los derechos fundamentales.

—¿Quiénes se encargan de hacer efectivo el plan?

—Los equipos interdisciplinarios. Deben supervisar las condiciones de internación, prácticas y procesos de atención por motivos o razones de salud mental. También deben pedir la información a las instituciones sobre los procesos de atención, entre otras. Significa un avance significativo en cuanto a la profundización de las experiencias que veníamos sosteniendo.

—¿Existen datos actualizados sobre internaciones en efectores públicos?

—En Santa Fe funcionan dos hospitales monovalentes –Oliveros y Agudo Ávila– mientras que el hospital Mira y López cambió de perfil a hospital polivalente general en 2015. Tiene dos salas de internación en salud mental. En la provincia hay 283 personas internadas. En 2015 eran 341. La disminución tiene muchas causas, pero primero con la ampliación, formalización y profundización de los dispositivos sustitutivos o intermedios. Y con la migración de los monovalentes.

—A la vez, los centros de salud públicos deben sumar dispositivos que puedan asistir en casos ligados a salud mental.

—En 2012 eran 24 efectores generales. En 2015 eran 124 efectores. Somos la provincia que más ha incrementado. También es la que más ha incrementado los dispositivos intermedios o sustitutivos en Argentina. Pasamos de 34 en 2012 a 114. Hace cuatro años había seis residencias compartidas, que reciben a personas externadas de los monovalentes. Hoy son 15.

—¿Cómo se acompaña el pasaje al nuevo paradigma?

—Formalizando los dispositivos sustitutivos e incorporarlos al Estado. Además de las residencias se sumaron el Centro de Producción e Intercambio “Pomelo en el Patio” (Zeballos al 800), el Centro Cultural “Gomecito” (San Lorenzo 2900), el espacio de producción textil “Hilos Enredados”, el espacio de producción en serigrafía “Café con Leche”, todos en Rosario. En capital funcionan el centro de producción para jóvenes “Bambú”, el centro de producción e Intercambio “El Naranjo” y emprendimiento “Emilianas”. Hemos generado equipos de soporte para hospitales generales y para el acompañamiento de equipos de los Centros de Salud en diferentes regiones (ver recuadro).

—Hace poco se conoció la designación de Andrew Blake y la derogación de la resolución 1484 que apuntaba a la sustitución definitiva del paradigma del manicomio y las normas mínimas para habilitar establecimiento antes del 10 de septiembre de 2016. ¿Cómo toman ambos sucesos?

—La provincia cuenta con una larga e importante tradición e historia de políticas públicas en Salud Mental, contando con la pionera ley de Salud Mental 10772. Más allá de contar con la ley, Santa Fe toma la definición de trabajar y continuar trabajando en dicho sentido, conservando políticas que priorizan y valorizan los derechos humanos de los usuarios de salud mental. Sabemos que los avances y las reformas son procesos que llevan mucho tiempo.

Un equipo de revisión local con conexión nacional

La ley incluyó la exigencia de crear un órgano de revisión local conectado al nacional y dirigido por María Graciela Iglesias. En los últimos dos años, siempre según Pianetti, generó consenso entre usuarios, trabajadores, instituciones (centros de salud generales y monovalentes), universidades, colegios y demás actores. Sumaron avales de la comisión nacional interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma), la delegación santafesina del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), asociaciones, colectivos y movimientos. También de la Dirección Municipal de Salud Mental de Rosario, la obra social de los empleados provinciales y el Instituto Juan Lazarte.

Los derechos

En marzo de este año, y por resolución del Ministerio de Salud, se crearon los equipos interdisciplinarios de Promoción y Protección de los Derechos de Usuarios de Salud mental de Santa Fe. Deben velar por los derechos de quienes reciben tratamiento en el ámbito público y privado.

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