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Repudian decisiones judiciales que dejan a Grassi en libertad

El CASACIDN llamó a la reflección a toda la comunidad y pidió respuestas para las víctimas que viven “en la incertidumbre”.

El Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) repudió hoy las decisiones judiciales que permiten que el sacerdote católico Julio Cesar Grassi siga en libertad.

El comunicado, que emitió el organismo presidido por Estela de Carlotto en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, llama a la reflexión a toda la comunidad y pide respuestas para las víctimas que viven “en la incertidumbre”.

“No podemos aceptar que Grassi siga sin ir a prisión después de una condena en dos instancias, a 15 años y ningún tribunal se anima a meterlo preso”, por abuso sexual y corrupción de menores, dice el CASACIDN.

Según el comunicado, el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil es una oportunidad para visibilizar “esta forma de violencia contra los niños aún oculta y rodeada de mitos, estereotipos y silencio”.

“Consideramos que es necesario apelar a todas las instancias que correspondan hasta lograr que se haga justicia de verdad en este caso”, dice el organismo a través del comunicado.

El CASACIDN expresó además “indignación por la impunidad que tiene Grassi para lograr no cumplir con su condena”.

“No pensamos aceptarlo con los brazos cruzados, sabiendo que si no fuera un cura con un enorme poder político, económico y eclesiástico ya estaría preso”, apuntó el organismo que representó a tres jóvenes de la Fundación Felices los Niños, dirigida por Grassi.

El CASACIDN, cuya directora es Nora Schulman, asumió en 2002 la responsabilidad de presentarse como parte querellante en uno de los casos más mediáticos de nuestro país: la causa de abuso sexual y corrupción de menores que llevó a Grassi ante los jueces.

El comunicado concluye: “Hoy,  mientras Grassi cumple un sistema de prisión morigerada, muy parecido a la más absoluta libertad, condenado a 15 años de prisión en dos instancias judiciales, nadie piensa ya en las víctimas, que viven en la incertidumbre”.

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