La Justicia Federal de Bahía Blanca determinó que cuarenta y siete militares imputados por crímenes de lesa humanidad, beneficiados por excarcelaciones, deberán volver a prisión luego de revocarles un fallo de la Cámara de Casación Pena.
Los jueces federales bahienses Alcindo Álvarez Canale y Eduardo Tentoni, amparados en un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que podría sentar jurisprudencia, aceptaron un pedido del fiscal Abel Córdoba que basó sus argumentos en un fallo del máximo tribunal de justicia, referido a “parámetros de evaluación de riesgos procesales”.
Entre los que deberán volver a prisión figuran el contralmirante retirado Carlos Alberto César Busser, que comandó el desembarco naval en la guerra de Malvinas y el vicealmirante Eduardo René Fracassi, que fue jefe de la Infantería de Marina y secretario General Naval en 1978.
Las dos primeras revocaciones habían sido dispuestas en noviembre pasado por la Cámara Federal bahiense, decisión que comenzó a revertir una tendencia masiva dentro del distrito judicial de Bahía Blanca, donde el 90 por ciento de los imputados por crímenes de lesa humanidad permanecían en libertad, contra el 57 por ciento de la media nacional. En un primer momento se dejó sin efecto la excarcelación de José Granada y Carlos Taffarel, quienes habían estado prófugos y pese a ello permanecían en libertad.
Un mes después, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca a pedido de la Unidad Fiscal de derechos humanos revocó la excarcelación de Osvaldo Floridia, procesado por crímenes de lesa humanidad, en base a las pautas fijadas por la Corte.
Un nuevo pedido de la fiscalía de fines del mismo mes desembocó en sendos fallos de los jueces federales Tentoni y Álvarez Canale, del 6 y 7 de enero último, en los que hicieron lugar al pedido y dispusieron la revocación de 47 excarcelaciones. Una nómina difundida por la Unidad Fiscal de Seguimiento de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, dependiente de la Procuración General de la Nación, indica que sólo en Bahía Blanca existen 23 ex miembros del Ejército y otros 22 ex oficiales de la Armada imputados por delitos de lesa humanidad
La Corte Suprema de Justicia ya había emitido un fallo similar sobre la causa Esma, cuando revocó varias excarcelaciones concedidas por la Cámara Nacional de Casación Penal e hizo lugar a las pautas de evaluación de riesgo procesal para imputados por delitos de lesa humanidad que sostuvo el procurador General de la Nación.
Esteban Righi aludió a la posibilidad de que antiguos represores pudieran encontrar aún hoy cobertura dentro de las estructuras castrenses o de seguridad, dificultado las investigaciones en curso mediante el recurso de las amenazas o violencia, como en el caso del testigo Julio López.
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