El gobierno avanzará en varios frentes contra el trabajo rural irregular, incluyendo acciones inmediatas y un nuevo proyecto de ley que le otorgue más poder de policía para realizar fiscalizaciones en los emprendimientos agropecuarios sospechados. Será un nuevo capítulo en la complicada relación entre el gobierno y el campo. Sin embargo, para el oficialismo, la embestida parte de datos sólidos: según información del Ministerio de Trabajo, la evasión previsional y laboral en el agro superaría el 60 por ciento; es el sector con mayor nivel de trabajo informal. Para el gobierno, de casi un millón de peones rurales, 600.000 estarían en condiciones irregulares. El porcentaje justificaría cualquier ofensiva oficial y legislativa. Más teniendo en cuenta los resultados de las últimas inspecciones en diferentes establecimientos donde se confirmaron situaciones graves en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, desde la mesa de enlace, la oposición y el sindicato de trabajadores rurales (Uatre) se considera un avance dentro de la pelea entre el gobierno y el campo. Aseguran que la situación laboral no es peor que en otros sectores (como la construcción o el comercio) y que hay un ensañamiento especial con los productores por el anuncio de más protestas contra la política agropecuaria oficial. Se afirma incluso que el gobierno pretende dejar golpeado al gremio de Uatre, conducido por Gerónimo Momo Venegas, sindicalista duhaldista y opositor primario al gobierno y al titular de la CGT, Hugo Moyano.
Según el ministro Carlos Tomada, los empresarios agropecuarios deben ayudar a “erradicar la servidumbre a la que fueron sometidos centenares de trabajadores rurales en el país en las últimas semanas”, y donde se acusó a empresas como Nidera, Syngenta y Southern Sees Prod. Se sospecha, además, que otras de las grandes cerealeras que trabajan en la Argentina están en una situación similar y merecen fiscalización específica. Es el caso, según el oficialismo, de Cargill, Dreyfus y Bunge, entre otras, que merecerán desde las próximas horas la atención de un cuerpo especial formado por Trabajo para controlar a los operarios rurales contratados.
En las mismas acciones se fiscalizará si las exportadoras cerealeras también “tercerizan” su producción para desligar responsabilidades legales sobre los peones rurales. La sospecha oficial es que las principales exportadoras de cereales del país subcontratan pymes para realizar el trabajo de recolección y cosecha con el objetivo de quedar al margen de las legislaciones laborales vigentes.
Desde el costado empresarial se asegura que habría una “sobreactuación” del gobierno sobre los exportadores de soja, trigo y maíz, y que no se tiene en cuenta que muchos de los trabajadores fiscalizados están registrados ante la Ansés y cuentan con el trámite de alta temprana y perciben un pago por quincena superior a los 2.500 pesos. Reconocen sin embargo que las condiciones laborales en las que realizan su trabajo son precarias y dignas de críticas.
“Queremos un diálogo permanente” con las cuatro cámaras patronales agropecuarias “con un fin concreto: erradicar el trabajo en negro y por supuesto, las condiciones de servidumbre que la Justicia está investigando”, pidió en la semana Tomada.
En ese sentido, “solicitamos no sólo la predisposición, sino la colaboración en la tarea de inspección que muchas veces resultó hostil”, denunció el ministro, que el miércoles participó en la fallida reunión entre el gobierno y la mesa de enlace. Anunció durante el encuentro que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley del trabajador rural y advirtió: “Si lo que me van a pedir” las patronales para eliminar el trabajo ilegal “es una rebaja de los aportes patronales, más vale que no perdamos el tiempo”.
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