La Legislatura sancionó una profunda reforma del Código Procesal Penal que les otorga más herramientas a los fiscales para la persecución del delito, limita las excarcelaciones y amplía los plazos de la prisión preventiva, entre otros puntos. “Ni garantismo ni mano dura”, resumió el impulsor de la reforma, Lisandro Enrico, senador por el departamento General López.
El espíritu de la reforma es lograr que las personas que cometen delitos graves y que son investigadas por la Justicia no puedan recuperar su libertad con facilidad. “El Código actual, lamentablemente, permite muchos casos de impunidad, por defecto de la ley y por otras cuestiones”, señaló el senador de la UCR.
El nuevo Código Procesal fue sancionado en 2007 y se aplica en forma integral desde 2014. Desde antes de su puesta en marcha, el senador Enrico viene planteando la necesidad de hacer cambios en determinados artículos para que los fiscales puedan desarrollar con más eficacia sus tareas.
Las dos veces anteriores, en 2012 y 2014, los cambios fueron rechazados por la Cámara de Diputados. El tercer proyecto de reforma fue presentado a principios de 2016 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tomó como antecedente los viejos intentos de Enrico, con acuerdo del entonces fiscal general Julio De Olazábal. Recién en septiembre del año pasado, en medio de la ola de homicidios que motivó las marchas Rosario Sangra, el tema fue votado por el Senado, pero luego volvió a fracasar en la Cámara baja.
El acuerdo entre las cámaras se logró el último miércoles en una reunión en la Casa Gris, de la que participaron el ministro de Gobierno Pablo Farías, los diputados Rubén Galassi y Santiago Mascheroni y los senadores Enrico y Joaquín Gramajo. Allí se hizo una síntesis de los cambios planteados por Enrico y de las modificaciones que sistemáticamente introdujeron los diputados que entendían que la versión original del Senado era inconstitucional.
El proyecto sancionado ayer por las dos cámaras es una versión a mitad de camino entre ambas propuestas. El diputado Galassi destacó los consensos alcanzados para sancionar la norma: “Mejorará el sistema judicial. Estamos en camino para mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos”.
Los cambios
Prisión preventiva: los jueces tendrán mayores facultades para dictar la prisión preventiva. Se amplía la figura para más delitos respecto del texto original y se puede aplicar en casos de delitos con penas menores a 3 años.
Detención: se extenderá el plazo de detención que ordenan los fiscales. En la actualidad es de 24 horas, prorrogables por otras 24; ahora será de 72 horas con prórroga de 24. Otro cambio: la apelación del defensor no implica la automática libertad del sospechoso, como ocurría hasta ahora.
Audiencia imputativa: también se amplía el plazo de 24 horas prorrogables por otras 24 a 72 y 24.
Flagrancia: ante un delito informado por la Policía en flagrancia, el fiscal no podrá decidir a su criterio la detención del sospechoso sino que estará obligado a hacerlo. Además, ahora el fiscal está obligado a llevarlo a juicio.
Aval a 22 pliegos
La Asamblea Legislativa aprobó 22 pliegos de jueces y fiscales. La mayoría fueron avalados por unanimidad, pero en tres casos hubo numerosas abstenciones. En el caso de Álvaro Campos, propuesto como juez penal para Cañada de Gómez, se abstuvieron los diputados del Frente, de Igualdad y Participación (IP) y del bloque del FJPV.
Lo mismo ocurrió con la jueza rosarina Marisol Usandizaga, que ascendió a jueza penal en Villa Constitución. Hubo 13 abstenciones en total. Usandizaga fue muy cuestionada por haber condenado a 9 años de prisión a una joven que en 2012 tuvo un parto espontáneo en su casa. El otro pliego cuestionado fue el de Rafael Coria, designado como juez penal de Rosario. Se abstuvieron los bloques del FSP, IP y FJPV.
El Poder Ejecutivo retiró dos pliegos: el de Marcelo Gelcich, propuesto para juez Civil y Comercial en Santa Fe, y el de Valeria Pía Haurigot, propuesta como fiscal para los Tribunales de Rosario.
Aprobaron el presupuesto 2018
El Senado convirtió en ley el presupuesto provincial de 2018: contempla gastos por 191.314 millones de pesos y un total de recursos de 192.905 millones, de lo que se desprende un superávit de 1.590 millones. La masa de recursos implica un aumento del 28 por ciento respecto del año en curso.
El Presupuesto 2018 pone énfasis en la obra pública. Las erogaciones de capital se mantienen en montos similares respecto del Presupuesto 2017 –casi 30 mil millones de pesos– pero el año próximo se sostendrán con más esfuerzo del tesoro provincial y sin contemplar nuevas operaciones de endeudamiento.
En el proyecto no se incluye el pago de la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia por descuentos irregulares sobre la coparticipación federal. Son algo más de 50 mil millones que reclama el gobierno de Miguel Lifschitz y que deberán ser negociados con la Nación, según el Pacto Fiscal, antes del 31 de marzo de 2018.
En la sesión de este jueves, el miembro informante por el oficialismo fue el senador Felipe Michlig, quien hizo un reconocimiento a la bancada del PJ –que es mayoría– por permitir la sanción del presupuesto sin cambios, tal como lo envió el Ejecutivo: “Es muy importante para el funcionamiento de los tres poderes del Estado”.
