El abogado Eduardo Barcesat denunció ayer penalmente a Martín Redrado y pidió que se lo investigue por los delitos de “malversación de caudales públicos en concurso con enriquecimiento ilícito” durante su desempeño al frente del Banco Central de la República Argentina.
La denuncia, que recayó por sorteo en el juzgado federal número 11 a cargo de Claudio Bonadío, se basa en una nota publicada el pasado domingo por el periodista Horacio Verbitsky en base a un informe elaborado por miembros del directorio de la entidad monetaria estatal.
Entre los gastos rendidos por Redrado sin aval de los restantes directores se incluyeron desembolsos de 150 mil pesos por funciones de títeres, de 40 mil por un taller de actuación actoral y de otros 16.600 por dos talleres de yoga, entre otros rubros.
De acuerdo al dossier, formalizado ahora como denuncia penal, Redrado habría adjudicado el 19 de enero del 2009 la compra de diarios, revistas, suscripciones de internet y “otros objetos coleccionables” por 2,2 millones de pesos.
Esa misma fecha habría desembolsado otros 3 millones de pesos para contratación de aviones de las fuerzas de seguridad; adquirido dos acondicionadores de aire por 29.780 pesos y liberado 578.390 pesos para “gastos de cortesía y agasajos”.
El informe también revela que Redrado contrató en abril del año pasado al comisario Alberto Capuchetti, ex superintendente de seguridad metropolitana, con una remuneración de 14.000 pesos mensuales brutos “por asesorarlo en materias no especificadas”.
En el mes de febrero del 2009, siempre de acuerdo con el informe publicado, Redrado autorizó el pago de 40.000 pesos por un taller de actuación de Daniel Miglioranza; 8.640 por un taller de fotografía y un taller de tango por 6.500 pesos.
En su presentación, Barcesat pidió que se oficie al BCRA que se remitan las constancias de dichos gastos y que se recabe en la Auditoria General de la Nación si auditó los gastos de Redrado, así como su declaración jurada ante la Afip.
Finalmente pidió se cite a declaración testimonial a los directores del Central que rubricaron el informe divulgado por vía periodística.
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