El fiscal federal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio de un policía acusado de garantizar una “zona liberada” a una red de trata de personas con el objetivo de que las mujeres “pudieran aguardar a sus clientes” en la vía pública del territorio en el que cumplía funciones, en la zona norte del Gran Rosario. Según la acusación, el imputado habría recibido a cambio la suma de 800 pesos mensuales de parte de los proxenetas, quienes fueron condenados en 2014 en juicio oral y públicos, en el que el funcionario provincial no fue enjuiciado ya que había sido sobreseído, aunque más tarde la Cámara Federal revocó esa resolución.
El funcionario policial, identificado como Rodrigo Delgadino, está acusado de haber recibido en la vía pública a un número indeterminado de mujeres que eran trasladadas desde la ciudad de Santa Fe hacia diversos lugares de la vía pública ubicados en cercanías de las localidades de Puerto General San Martín y San Lorenzo con el objetivo de ser explotadas sexualmente. Los hechos, según la investigación que se dio por probada en el juicio, ocurrieron al menos desde el 14 de octubre de 2011, día en que fue formulada la denuncia, hasta el 24 de junio de 2013, momento en que fue interceptado un vehículo que trasladaba a seis víctimas, dos de ellas menores de edad.
El policía, según el fiscal Rodríguez, fue parte de una red integrada por otras tres personas que fueron condenadas por Tribunal Oral de Santa Fe en agosto de 2014. En esa oportunidad, las dos principales acusadas, identificadas como Zunilda Godoy y Mariela Sandoval, recibieron una pena de ocho años de prisión, mientras que el tercero, Martín Gómez (un remisero hijo de una de las penadas), fue condenado a cuatro años de cárcel. Para la acusación, el uniformado se valía de su condición de numerario de la comisaría 5ª de Puerto General San Martín para cobrar 800 pesos mensuales a cambio de liberar la zona.
El caso
La investigación de la Fiscalía y la Tropa de Operaciones Especiales, originada a partir de una denuncia recibida el 14 de octubre de 2011 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, puso al descubierto el accionar de una banda que captaba víctimas en la capital provincial y luego las llevaba a las ciudades de Puerto General San Martín y San Lorenzo, para ser explotadas sexualmente bajo el amparo policial.
El 24 de junio de 2013, se interceptó un vehículo que transitaba por la autopista Brigadier López, conducido por Gómez. Al ser detenido, se pudo verificar que trasladaba a seis mujeres, dos de ellas menores de edad. Además, fueron secuestrados 30 preservativos y un papel con nombres de presuntas víctimas y montos expresados en números, entre otros elementos.
En diciembre de 2013, el fiscal Rodríguez solicitó la elevación a juicio oral de la causa y el debate comenzó el 4 de agosto de 2014 ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, con la intervención de la Fiscalía General a cargo de Martín Suárez Faisal.
Según se ventiló en el juicio, el itinerario comenzaba cuando el remisero pasaba a buscar a las reclutas, por lo general por sus casas, en horas de la tarde. La primera parada era una estación de servicios de la zona norte santafesina, y luego frenaban en la segunda estación de la autopista Brigadier López, donde las mujeres se cambiaban de ropas y se maquillaban. El remís las dejaba en paradas que tenían asignadas y debían volver a un punto de encuentro antes de las 3 de la mañana. En caso de no subir al coche, las mujeres debían pagar un porcentaje del pasaje y si avisaban tarde abonaban el pasaje completo. Aunque podían abandonar el “trabajo”, tenían prohibido irse con otro grupo de mujeres por su cuenta y tampoco se les permitía regresar por otro medio de transporte que no fuera el remís habitual. Esa mecánica, prolongada a lo largo del tiempo, fue ratificada por cada una de las víctimas, que declararon en la primera audiencia del juicio oral.
En diciembre de 2014 la Cámara Federal de Rosario revocó el sobreseimiento que había obtenido el policía, quien en agosto de 2015 se presentó en los Tribunales Federales de Santa Fe para poner fin a su situación de fugitivo. Uno de los jueces de alzada incluso consideró nula la resolución del juez federal Reinaldo Rodríguez –quien había sobreseído a Delgadino– y votó para que el magistrado se apartara de la causa y remitiera el expediente a un subrogante.
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