A 100 días de la implementación del nuevo sistema procesal penal en la provincia, el fiscal general Julio de Olazábal se mostró ayer satisfecho con el trabajo de los fiscales pero alertó que la falta de 78 cargos de los 144 que fueron previstos sobrecargan al personal. Por su parte, el fiscal regional Jorge Baclini puntuó el desempeño de los fiscales que dirige en Rosario con un 7,5. Sin embargo, aclaró que con el 50 por ciento de los “casos resueltos” de las 17.234 denuncias tomadas, la calificación se debe a la falta de recursos humanos.
“La idea de presentar el balance en Rosario surgió por la importancia que tiene la Fiscalía Regional de la 2ª circunscripción, donde se concentra el 50 por ciento de toda la actividad del Ministerio Público de la Acusación en la provincia”, dijo al comenzar su exposición el fiscal general.
De Olazábal se mostró satisfecho con los resultados obtenidos en estos cien días que se cumplieron ayer, pero no dejó de remarcar que la falta de personal (fiscales, funcionarios y empleados) es un gran déficit en la implementación del nuevo sistema. “Los cargos de fiscales son 144 para toda la provincia. Hoy sólo están designados el 46 por ciento (66). Con este panorama no es tarea fácil porque es un sistema complejo que está sobrecargando a los fiscales, quienes todavía no están afectados por los juicios que van a llevar más tiempo de preparación”, explicó tras solicitar la cobertura de 78 cargos que faltan.
El funcionario judicial continuó con la lista de falencias de las cuales se tienen que hacer cargo los fiscales. Dijo que hay un gran déficit en la designación de los funcionarios auxiliares, ya que de 42 sólo hay 17. “El trabajo que no alcanzan a realizar, lo hacen los fiscales. Se hicieron todos los concursos, lo que el Ministerio de la Acusación solicita a la Corte Suprema es que se expida en los nombramientos y la designación de los empleados, porque tenemos 81 por ciento de los cargos sin cubrir”, advirtió. “El Poder Ejecutivo habilitó pasantes ante la inquietud por este tema. Agradecemos la buena voluntad pero no es lo ideal”, continuó.
Además, De Olazábal remarcó la necesidad de poner en marcha un organismo de investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación, el cual se cubrió por el momento con la Policía de Investigaciones que depende del Ministerio de Seguridad.
Por su parte, el fiscal regional Baclini indicó que de las 26.256 denuncias cuyos legajos ingresaron al sistema, más de 17 mil se radicaron en Rosario y de esa cifra alrededor del 50 por ciento de los casos se resolvieron. En cuanto a la falta de recursos, enfatizó que es necesaria la creación de un laboratorio criminalístico para acelerar la producción de pruebas.
Con respecto a la disminución del delito desde el arribo de las fuerzas federales en la ciudad, Baclini lo relativizó. “No tengo las cifras concretas pero siempre hubo una disminución estacional del delito en esta época, desde siempre. No lo puedo asegurar. Lo que sí tengo que decir es que el jefe de la Policía (de la UR II, José Luis Amaya), me contó que bajaron” puntualizó. Aunque admitió que en la semana que siguió al desembarco federal del 9 de abril los fiscales tuvieron “menos trabajo”.
“Herencia maldita”
De Olazábal habló sobre las voces que piden mayor rigor con la prisión preventiva hacia acusados que tienen antecedentes penales: “Para el Derecho no es un antecedente penal aquél que no posee condena, hay sólo una sospecha. Hay personas con hasta 8 causas abiertas sin sentencia y esto hace que el juez tenga que considerarlo inocente. Ante la falta de celeridad del viejo sistema, tratamos de modificar lo que se podría llamar la herencia maldita”.
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