(*) Luciano Herrero
El pasado 10 de junio se conmemoró en nuestro país el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”.
La fecha rememora la creación en 1829 de la “Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico”, iniciativa del Brigadier General Martín Rodríguez, gobernador interino de la provincia de Buenos Aires y sobre el cual dependían administrativamente las Islas Malvinas.
Por ese entonces, la región del Atlántico Sur estaba plagada de balleneros ingleses y norteamericanos y la presencia extranjera en aguas de Malvinas hacía temer al gobierno porteño por la soberanía de las islas.
El puesto de la Comandancia recayó en Luis María Vernet, un audaz empresario de origen alemán, residente en Buenos Aires, que convencido de la importancia económica y estratégica que tenían las Islas Malvinas, había presentado al gobierno porteño varios proyectos de explotación y colonización del archipiélago.
Vernet ocupó el puesto hasta 1831 y durante su corto mandato como gobernador impulsó el comercio y la llegada de colonos a las islas.
Cuando el Reino Unido reconoció la independencia argentina en 1825, Londres no tuvo ninguna reserva respecto a la soberanía argentina de las Islas Malvinas, ni queja alguna, cuando Vernet fue nombrado gobernador de las islas en 1829. Sin embargo, un par de años después, en 1831, los británicos aprovecharon la crisis que se desató cuando el buque de guerra norteamericano Lexington atacó el puerto de las islas, para protestar la creación de la Comandancia y la presencia argentina en las islas.
El desenlace de la crisis es conocido. El 2 de enero de 1833, la corbeta inglesa Clio, al mando de James Onslow, llegó a las Islas Malvinas con la misión de expulsar a las autoridades argentinas para ser reemplazadas por autoridades británicas, usurpando la soberanía y violando la integridad territorial argentina.
La guerra de Malvinas de 1982 significó un punto de inflexión en las relaciones entre Argentina y Reino Unido.
Desde entonces, Londres dio por terminada cualquier discusión por la soberanía y ponderó el principio de libre determinación de los isleños.
En la actualidad, el gobierno del presidente Mauricio Macri promueve enfáticamente la profundización de los vínculos entre la Argentina y el Reino Unido.
Ahora bien, este mayor acercamiento con Londres ¿ha implicado la posibilidad de discutir la soberanía de las islas?
Por el momento, la respuesta es negativa. El 13 de septiembre de 2016, ambos gobiernos relanzaron sus vínculos bilaterales por medio de un acuerdo en donde se trazó una hoja de ruta a seguir respecto al tema Malvinas.
En esta “declaración conjunta”, cada parte acordó resguardar su posición jurídica respecto a la soberanía de las islas y avanzar así sobre otros asuntos, sin que esto signifique una renuncia de cada parte al reclamo soberano.
Aclarado este punto, se acordó “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
En este contexto se encuadra el reciente acuerdo firmado hace unas semanas en Buenos Aires, entre Argentina y el Reino Unido, durante una reunión del subcomité científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (Cpas).
Después de más de una década que no se reunía, el gobierno de Néstor Kirchner le había bajado el pulgar, la Comisión acordó reanudar el intercambio de información para la conservación de recursos ictícolas, en especial peces y calamares ilex.
Este entendimiento fue celebrado por los isleños, que participaron activamente de la reunión, debido a que ellos dependen de los datos científicos para establecer la producción y tasar los cotos de pesca para las licencias que otorgan a embarcaciones con banderas de terceros países.
Al igual que sucedió con la Declaración Conjunta del 2016, desde la oposición criticaron el acuerdo arribado en la Cpas por considerar que se ponen en juego los recursos naturales del país y se le otorga al Reino Unido la condición de estado ribereño, con jurisdicción para tratar los aspectos referentes a la pesca en la región.
Asimismo se cuestiona el papel central que están teniendo los isleños en las negociaciones, algo que va en contra del establecido en la resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto de que no puede haber determinación de los pueblos en el caso de Malvinas.
La soberanía de Malvinas hoy
La creación de la Comandancia Política y Militar demuestra que desde el inicio de su existencia como país independiente, y a pesar de todas las dificultades internas que azotaban a la joven nación en ese momento, las autoridades políticas de aquel momento tuvieron la voluntad política de ejercer la soberanía sobre el archipiélago.
En la actualidad, la reafirmación de la soberanía de las Malvinas es meramente declarativa. La cuestión de fondo no se discute, lo que favorece a Londres que detenta la administración de facto de la isla.
Frente a la intransigencia británica a sentarse a negociar, sorprende la pasividad del gobierno argentino.
Cómo advertimos anteriormente desde estas columnas, la profundización de la relación bilateral con Londres disminuye el activismo internacional de nuestra diplomacia. A su vez, resulta preocupante que nuestro país haya cedido en casi todas las exigencias del Reino Unido, como comprometerse a levantar las medidas adoptadas para proteger los recursos naturales argentinos, favoreciendo de esta manera la exploración y explotación unilaterales realizadas por los británicos en aguas del Atlántico Sur.
(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Investigador del Grupo de Estudios sobre Malvinas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
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