La Cámara Federal ratificó ayer parcialmente el procesamiento de los policías Hugo Tognoli, Carlos Quintana, Oscar Ledesma y Néstor Fernández, y del supuesto traficante del sur provincial Carlos Ascaíni. Éste último como autor del delito de tráfico de estupefaciente, mientras que al resto se les endilga ser partícipes necesarios, en el caso de los policías con el agravante de ser funcionarios públicos. Con todo, los camaristas Élida Vidal y Edgardo Bello no consideraron que los acusados formen parte de una empresa criminal dedicada a la venta de estupefacientes. Además, aceptaron la recusación del juez Carlos Vera Barros al considerar que incurrió en prejuzgamiento. Sin embargo, y a pesar de que considerar que prejuzgó, avalaron lo actuado por el magistrado. La causa ahora queda en manos del juez Marcelo Bailaque.
Las defensas tanto de Ascaíni como de Tognoli adelantaron a El Ciudadano que volverán a reclamar que sus clientes sean liberados mientras se tramita la causa y que, además, concurrirán a la Cámara de Casación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta es una causa por drogas, pero sin drogas”, argumentó José Nanni, defensor de Ascaíni. Y agregó que la Cámara tenía la posibilidad de poner fin a la pelea política entre Nación y provincia pero no lo hizo, por lo que recurrirán a los más altos tribunales.
Ascaíni está procesado como autor de tráfico de estupefaciente, pero sin el agravante de empresa criminal, lo que implicaría que en el caso de haber cometido tráfico lo hizo solo. Sin embargo, a los policías los acusan de partícipes necesarios por una supuesta complicidad para dejarlo traficar. Nanni destacó que hoy se producirá una prueba fundamental en el caso de Ascaíni, ya que declara el especialista que peritó la supuesta droga secuestrada que resultó ser azúcar. Con respecto a la libertad de los acusados, los defensores sostienen que cada juez tiene su criterio y hay que ver la resolución que toma Bailaque.
Por su parte, el juez Carlos Vera Barros fue apartado de la causa porque la Cámara consideró que adelantó opinión ya que dijo a los medios que Tognoli, Ascaíni, Fernández y Quintana formaban parte de una empresa criminal de venta de estupefacientes antes de indagar a Fernández y Quintana, lo que para los jueces fue un adelanto de opinión. “Lo extraño es cómo se recusa al juez y no se invalida lo actuado por él. Además, no analizaron ninguna de las causales de recusación”, sostuvo Nanni. “Al menos deberían invalidar la declaración de Ledesma y Quintana, toda esta causa va a Bailaque, que ahora tendría que indagar a Lesdesma, Fernández y Quintana. Pero a Fernández la indagatoria se la tomó Bailaque porque Vera Barros estaba de vacaciones”, detalló Nanni. Carlos Edwards, defensor de Hugo Tognoli, detalló que a su cliente se le imputa ser partícipe necesario de comercio de estupefaciente, pero eliminaron el delito de empresa criminal conjunta, es decir que forma parte de una organización para el comercio de estupefacientes.
Sin embargo, la participación del policía está fundamentada en “una especie de conducta dolosa por haber omitido el control en el uso de la clave –que un subalterno utilizó para investigar la patente de un auto que seguía a Ascaíni–”, sostuvo el letrado. “Pero si Tognoli es responsable por esa clave, había superiores suyos a los que le cabría la misma responsabilidad. Si lo acusan a él de una falta de control, los responsables que estaban más arriba deberían estar imputados y no lo están”, aseguró.
Con respecto a la negación de la libertad, Edwards detalló que deniegan porque podrían interferir en las investigaciones, algo que no ocurre con el resto de los policías.
Al momento de los hechos, en noviembre de 2009, Tognoli era el titular de la Dirección de Prevención y Control de las Adicciones de la Policía de Santa Fe. El comisario general fue ascendido luego a jefe de la fuerza de seguridad provincial por el gobernador Antonio Bonfatti. De acuerdo a la investigación realizada por el fiscal federal 3 de Rosario, Juan Patricio Murray, Tognoli habría dado cobertura desde su cargo de jefe de la ex Drogas Peligrosas al presunto narco Ascaíni, a través de los policías Fernández y Quintana.
Fernández era el titular de la Brigada Operativa de Drogas de la localidad santafesina de Venado Tuerto cuando Ascaíni llamó a la comisaría de la localidad de Villa Cañás para preguntar por dos vehículos que lo perseguían, señala la investigación. Añade que el que lo atendió fue el cabo Quintana, quien junto a otro policía fue a identificar los vehículos, que pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y luego le dio aviso a Ascaíni, quien así logró evitar que lo arrestaran durante un allanamiento realizado en su domicilio por la fuerza federal.
Según el auto de procesamiento dictado por Vera Barros, y ahora confirmado por la Cámara, la averiguación de las patentes de los vehículos de la PSA se hizo en el Registro Nacional de Propiedad Automotor a través de un usuario y una clave de seguridad entregada por Tognoli a Fernández.
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