Un proyecto que ya dio el primer paso en el Concejo promete traer una áspera polémica.
La iniciativa busca que las cámaras de seguridad privadas que apuntan a la vía pública se integren al sistema de videovigilancia municipal, que hace poco tiempo está conectado al sistema de atención de emergencias 911. Desde el Ejecutivo adelantaron que la idea es “inviable” por cuestiones tecnológicas, organizativas y de presupuesto.
Pero desde el gobierno provincial, aunque también mostraron algunos reparos, no le bajaron el pulgar en forma tan terminante.
La iniciativa fue ingresada al Palacio Vasallo por el edil justicialista Diego Giuliano y avalada (mediante lo que técnicamente se denomina “proveído favorable”) por la comisión de Seguridad, que el concejal preside. Allí recibió la adhesión de todos sus pares no alineados con el gobierno municipal; Jorge Boasso, del bloque Radical; Roy López Molina, del PRO y el massista Osvaldo Miatello. Del encuentro también participaron (pero no suscribieron) dos oficialistas, el radical Sebastián Chale y el socialista Miguel Capiello.
La propuesta será analizada ahora por la comisión de Presupuesto. En los próximos días habrá que ver qué valoración hace el resto de los bloques políticos, en especial los referenciados en el kirchnerismo, que son tres –Frente para la Victoria, Partido del Progreso Social e Iniciativa Popular– y suman cinco ediles. La decisión es clave: si hay un respaldo general del sector, la iniciativa tendrá mayoría, con 13 de los 24 ediles a favor. Incluso podría sumar un voto más.
En ese marco, que el proyecto haya reunido de movida la adhesión de buena parte del arco opositor –contando al PRO como bloque, el respaldo en comisión es de 8 concejales– que lo abordó no es un dato menor.
Giuliano justificó la idea de que las cámaras de seguridad privada que apuntan a la vía pública se integren al sistema municipal en un hecho que se torna cada vez más repetido: “Son muchas las ocasiones en que la Justicia ha tenido que recurrir a esas imágenes para el esclarecimiento de un delito, sea porque las municipales no funcionaron o porque no había ninguna de uso oficial cerca”.
“El proyecto dotaría a la ciudad de mayores posibilidades de prevención y sanción de los delitos y contravenciones, y permitiría una mayor rapidez de reacción policial frente a un hecho de violencia”, agregó el edil.
Tras eso, citó ejemplos de casos en donde se tomaron como apoyo de investigaciones judiciales las imágenes que captaron los “ojos” de grandes superficies comerciales, como estaciones de servicio, confiterías, bancos y edificios de oficinas. “Ese tipo de negocios tienen en la ciudad un gran número de cámaras que apuntan exclusivamente a la vía pública y no se inmiscuyen en áreas privadas. Con sólo incorporar esas cámaras al sistema de monitoreo municipal se lograría expandir la capacidad de disuasión. Hay que ir hacia una cooperación público-privada que amplíe el sistema”, sostuvo Giuliano.
El otro lado de la cámara
Consultado sobre por qué no suscribió el proyecto, el edil Chale fue cauto y apenas dijo tener “algunas dudas técnicas” sobre la implementación. “Simplemente me gustaría saber antes de parte del municipio si es factible integrar los sistemas”, señaló.
En tanto, desde el Ejecutivo prefirieron no polemizar ni salir a dar su punto de vista abiertamente. Pero igual dejaron trascender su oposición ante la consulta de El Ciudadano.
En esa línea señalaron al menos tres cuestiones por lo que consideraron que “la propuesta de Giuliano es inviable”.
Por un lado, mencionaros que cada red de monitoreo privado cuenta con su propio tipo de tecnología, que en general suelen ser “más básicas” e “incompatibles” que la operada por el Centro de Monitoreo Municipal. Y explicaron que para integrar los sistemas “también habría desarrollar un tendido de fibra óptica en toda la ciudad, para lo cual se necesaria una inversión altísima”.
Finalmente, la fuente consultada dijo que en Rosario no hay aún un relevamiento oficial de la cantidad de cámaras instaladas y autorizadas, lo que dificulta avanzar con cualquier iniciativa.
Aunque menos tajante, desde el gobierno santafesino también mostraron dudas al ser consultados sobre la posibilidad de incorporar las lentes particulares al centro de control público.
Gerardo Chaumont, el secretario de Seguridad santafesino, hizo eje en lo dificultoso que sería “compatibilizar” los sistemas. “Por ejemplo, un caso sería el mantenimiento. A nuestras cámaras las hace una empresa y las del municipio las hacen otras. Es todo un poco más complicado de lo que se piensa”, señaló.
También mencionó la “cuestión legal” como fuente de dudas. “Al ser cámaras privadas hay que tener más cuidado con la privacidad de las personas. Además, habría que ver la voluntad de los propietarios de adherirse al sistema”, cerró el funcionario.
Con todo, las 102 cámaras de seguridad municipales están conectadas hace algunos meses al centro de monitoreo del sistema de atención de emergencias 911, que funciona en la sede local de la gobernación provincial, en Santa Fe al 1900, y depende de la Policía.
A fin de año se incorporarán 400 “ojos” más, pero siempre con el fin de detectar situaciones que requieran de la comisión de un móvil policial.
Esperan informes sobre el sistema público
Giuliano ya había manifestado dudas en torno al funcionamiento de las cámaras públicas, hecho que llevó a que desde el Concejo se solicitara recientemente una reunión con el responsable del Centro Integrado de Operaciones Rosario.
En el Palacio Vasallo ya fueron varios los pedidos de informes que se presentaron por esa situación. Uno de los casos más resonante fue el robo al banco Francés ubicado sobre el Paseo del Siglo, en donde ninguna de las 15 cámaras instaladas en ese corredor grabó el ingreso y la fuga de los asaltantes: estaban todas bajo “mantenimiento” y no funcionaban cando se produjo el delito, lo que alentó todo tipo de sospechas.
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