“Impotencia”, resume Miriam Sandoval, mamá de Gerardo, de 24 años, quien padece una angiomatosis cerebral que no le impide trabajar, pero que igual quedó sin empleo.
Junto a otros dieciséis chicos con distintas discapacidades, hace ocho meses que fueron contratados por la empresa Optar para hacer tareas de limpieza en el Centro de Especialidades Médicas de Rosario (Cemar) “y de un día para otro les comunicaron que no fueran más”, afirma la mujer, a quien desde la misma repartición le prometieron que a su hijo “en algún lugar lo vamos a ubicar”.
Hace más de un año la madre recibió un llamado de la Oficina Municipal de Empleo para informarle que habían encontrado trabajo para Gerardo. “En estos ocho meses que estuvo allí hizo un cambio increíble: se maneja solo en colectivo, hizo amigos y se sentía útil; ahora está deprimido en la cama, triste y enojado. Esta empresa, –Optar, oriunda de San Nicolás– se fue de Rosario y no les mandaron un telegrama, nada. Los reunieron un jueves y les dijeron que el viernes era el último día, que ya no hacía falta que volvieran, y desde la Municipalidad me dicen que no es un problema de ellos…”, relata indignada Sandoval.
¿Trabajo digno?
En el Cemar, el trabajo que tenían los chicos con discapacidad no era de lo mejor tampoco: Gerardo cumplía con el horario de 14 a 18 y junto a sus compañeros estaba encargado de limpiar los baños y recoger residuos patológicos.
“Muchas veces llegaba a casa con machas de sangre en su ropa. Él me pedía guantes de la peluquería donde trabajo porque ahí no se los daban. Incluso manipulaban materiales tóxicos”, continúa Sandoval.
La empresa Optar, de servicio de limpieza para consorcios, instituciones, oficinas, hipermercados y plantas fabriles, dice en su pagina web que ofrece “la inserción social y laboral de personas con discapacidades para que accedan a un trabajo digno, estable y bien remunerado”. Miriam señala que “digno no es abusarse de chicos con discapacidades y decirles de un día para otro que no vayan más a trabajar, abusando de su buena fe”.
Por su trabajo, Gerardo cobraba 1.400 pesos y además, por el Programa de Inserción Laboral de la Municipalidad, otros 1.300. “Más allá del dinero, él se sentía útil, había hecho amigos, había logrado una independencia que le hace muy bien a su autoestima. Ahora está con apoyo psicológico porque esta situación, que lleva más de tres semanas, lo dejó muy deprimido”, cuenta su mamá.
Nadie se hace cargo
“Gerardo estaba muy entusiasmado. El año pasado terminó sus estudios en un Eempa y se anotó en la Escuelas Amici para hacer un instructorado en musculación; él me decía que no quería pasarse la vida limpiando, se quiere superar, y ahora nos encontramos con esta impotencia. Ya no se a quien recurrir”, apunta Miriam.
Sandoval ahora debe realizar los trámites para que Gerardo vuelva a cobrar su pensión por discapacidad que se suspendió desde el momento en que comenzó a trabajar, “pero no tengo ningún papel donde se acredite que ya no trabaja. Nadie se quiere hacer cargo. Hubo promesas de reubicación de los chicos, pero sólo tres volvieron al Cemar; al resto no los llamaron más”, reprocha.
“Con los chicos no se juega”
Junto a otras madres que pasan por la misma situación, Miriam Sandoval envió una nota a los medios con el objetivo de que se hagan eco del problema. En ella afirman que “los chicos tienen derecho a trabajar con un sueldo digno, con leyes sociales, con la seguridad social como cualquier trabajador; nadie puede decirles que se vayan así nomás. Las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales los amparan doblemente por su condición de trabajadores y discapacitados. Con los chicos no se juega”, advierten.
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