Un día antes de celebrarse el Día de la Industria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) canceló 475 millones de pesos a un centenar de empresas que fijaron domicilios fiscales en provincias que cuentan con Regímenes de Promoción Industrial, sin desarrollar su actividad en esos territorios. Entre ellas, hay firmas rosarinas que fueron allanadas por la Justicia federal, en el marco de los procedimientos fiscales.
Se trata de 114 firmas que fijaron sus domicilios fiscales en las provincias que gozan del régimen especial “para aprovecharse de los beneficios impositivos, no desarrollando su actividad económica en esos territorios”, indicó el organismo recaudatorio en un comunicado.
Además, la Afip reclama 368 millones de pesos “por ajustes impositivos (IVA, Ganancias y multas)”, y presentó 110 denuncias penales ante la Justicia que equivalen a un monto de 212,6 millones de pesos.
Autorizado por la Justicia federal, el organismo realizó diez allanamientos a domicilios de firmas que utilizaron indebidamente los beneficios fiscales, en Villa Mercedes y Merlo (San Luis), Córdoba, Rosario, General Pacheco (Buenos Aires) y en la Capital Federal.
Asimismo, se llevaron a cabo procedimientos similares en Catamarca, La Rioja y San Juan, informaron desde el organismo impositivo.
En diálogo con El Ciudadano, el director regional de la Afip Mendoza, Pablo Paturlanne, explicó que los allanamientos realizados en Rosario “tienen alguna relación con las empresas de San Luis, y esa relación con empresas de San Luis entra en la operatoria denunciada”, aunque aclaró que “no necesariamente son del mismo grupo económico, pueden ser clientes o proveedores”.
Si bien explicó que no puede dar a conocer los nombres de las firmas porque la causa se encuentra en manos de la Justicia federal, sí accedió a revelar que las empresas rosarinas vinculadas al caso son “metalúrgicas”.
“De hecho es competencia desleal con las empresas promovidas (es decir, que entraron al régimen de promoción industrial) y con las que no han accedido a ese beneficio”, añadió Paturlanne, quien explicó que en el operativo intervienen cuatro juzgados federales de distintas provincias.
De los diez allanamientos, tres involucran a empresas del rubro “chaperas” con domicilio en la provincia de San Luis, donde “sólo cuentan con galpones abandonados, máquinas en desuso e incluso en algún caso cedieron las instalaciones a terceros”, señala el comunicado oficial.
“Su verdadera actividad industrial la realizaban fuera de la provincia; esta maniobra genera una competencia desleal con empresas no beneficiadas por los regímenes de promoción”, agregó el organismo, que detalló que esos tres casos evadieron 97 millones de pesos.
En los operativos participaron 104 personas, entre inspectores, abogados, expertos en informática y agentes de la Policía Federal, quienes fueron coordinados por la Dirección Regional Mendoza de la Afip.
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