La jueza de Instrucción Delia María Paleari procesó por homicidio culposo a Ivana, Germán y Cecilia Majul por encontrarlos “presuntos autores plenamente responsables” de la muerte de Javier Saucedo, un joven operario de 24 años que falleció cuando el fuego tomó por completo la fábrica de colchones Productos Industriales SRL –propiedad de los tres hermanos– en septiembre de 2013. En el fallo judicial, dictado el pasado jueves 20, la magistrada sostiene que “la conducta de los imputados fue temeraria al no cumplir con la normativa vigente ante un incendio originado por un cortocircuito de un artefacto eléctrico mal ubicado”.
La ex pareja de Saucedo y sus dos hijas se constituyeron como querellantes en el caso, y son representadas por los abogados María Bernardita Iturraspe y Federico Jolly.
“La causa de la muerte de Saucedo fue por carbonización en el 97 por ciento de su cuerpo y asfixia. La familia nos pidió que lo que querían, más allá de un resarcimiento económico, es que la empresa trabaje en las condiciones necesarias para que no ocurra otra muerte. Si hubieran cumplido con las normativas referidas a seguridad e higiene en el lugar, se hubiera evitado la muerte”, especificó Jolly, uno de los abogados de la familia de Saucedo.
El fatal hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2013 en la planta de la empresa, ubicada en Pasaje Cabrera al 400 (Urquiza al 4900). Ese día, alrededor de las 13.30, el fuego se propagó con tal velocidad que no le dio tiempo a Saucedo para refugiarse de las llamas.
El incendio se desató en el momento en que los trabajadores de la firma salían al descanso para comer. Como todos los días, fueron hasta un quiosco cerca del cruce de calle Bordabehere con Cabrera –barrio Ludueña–, donde suelen comprar su almuerzo.
Ese día, sin embargo, Saucedo no salió con sus compañeros porque dijo que se quedaría a descansar en el edificio de la empresa.
Después del siniestro, la planta de Productos Industriales fue clausurada. La medida se levantó luego de que una inspección técnica constató que “las condiciones de seguridad eran las adecuadas”, según explicaron voceros municipales. El primer antecedente fue en julio de 2012, pero más tarde a la empresa se le venció la habilitación. Para volver a obtenerla, tuvo que pasar por una serie de controles técnicos y presentar informes sobre sus condiciones de seguridad ante casos de incendio, que otra vez fueron aprobadas.
La fábrica ocupa tres galpones cercados por un gran muro que no permite ver sus instalaciones desde afuera: tiene dos accesos: uno por el pasaje República Dominicana y otro por el pasaje Cabrera. Ambas cortadas cruzan Bordabehere (continuación de Salta).
Desde afuera no hay nada que indique el nombre de la empresa ni el rubro. Detrás hay viviendas muy humildes y más allá están las vías.
Ni la primera ni la última
Un episodio similar al de 2013 había ocurrido el 28 de junio de 2012. Aquella vez, el fuego se inició en un depósito donde se guardan las materias primas para la fabricación de colchones. Aunque los operarios intentaron extinguirlo, no pudieron contra la voracidad de las llamas y tuvieron que intervenir varias dotaciones de bomberos de Rosario y de Pérez.
Hubo daños materiales considerables, pero no víctimas.Pero hay antecedentes más recientes: el 16 de abril pasado, las instalaciones volvieron a arder. En esta oportunidad, la primera dotación de bomberos que llegó al lugar logró controlar las llamas y no hubo víctimas fatales ni heridos, pero la preocupación de los vecinos del barrio Ludueña Sur aumenta por la reiteración de este tipo de hechos y sus reclamos ya se hicieron oír en el Concejo.
Vecinos preocupados
En el barrio es raro encontrar a un vecino que no cuestione las condiciones de seguridad de Productos Industriales, sobre todo entre quienes viven en República Dominicana y Cabrera, justo al lado de la planta.
Una coincidencia revela el grado de cansancio de esos vecinos por los “daños colaterales” de la fábrica: unas horas antes del incendio que se cobró la vida de Saucedo hace dos años, trabajaban en el lugar dos abogados (Iturraspe y Jolly), que se habían llegado para constatar las denuncias por contaminación del aire, olores fuertes y hasta actitudes de supuesto patoterismo del dueño frente a los reclamos. En eso estaban cuando se desataron las llamas. Las quejas de quienes viven en el barrio se tradujeron en reiterados reclamos administrativos ante la Municipalidad y otros organismos públicos.
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