El ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello, comunicó ayer que se amplió la denuncia penal por presuntas irregularidades administrativas en el Hospital Provincial del Centenario que “comprometen seriamente el patrimonio” de la institución y que “solamente para el año 2007 ascienden a la suma de 6.340.000 pesos”, según afirmó en una conferencia de prensa realizada durante la mañana. Desde el consejo de administración del centro de salud negaron categóricamente responsabilidad en los hechos.
“El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe dice que nunca ha recibido la documentación respaldatoria que justifique esta erogación. Esto se suma a una denuncia que se había hecho ya antes sobre el cobro de 81 cheques por un importe cercano a los dos millones de pesos por lo cual nosotros habíamos instrumentado un sumario administrativo a través de Fiscalía de Estado. Ahora, entonces, hacemos una ampliación a la Justicia para que prosiga con sus investigaciones”, remarcó el funcionario.
Cappiello recordó que las acciones se complementaron cuando el Ministerio de Salud, junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de la provincia, realizaron un allanamiento y secuestraron documentación del consejo de administración del hospital Centenario y se inició un sumario junto a la Fiscalía de Estado de la provincia.
A partir de esta situación se realizó una denuncia penal contra una empleada de la institución que había cobrado cheques apócrifos con la firma de los miembros del consejo de administración.
Cuando a partir de dicho sumario se comprobaron las irregularidades señaladas, Cappiello, con el patrocinio del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, realizó el viernes último una presentación ampliatoria en el Juzgado de Instrucción 3º de Rosario.
Entre las irregularidades, Cappiello destacó que se encontró documentación que no se ajusta a las normativas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), firmas de un mismo nombre que son absolutamente distintas y pagos de guardias sin la documentación respaldatoria.
Tras señalar que ayer cerraba la presentación de listas para la nueva elección de integrantes del consejo de administración del hospital, Cappiello dijo que “hay una serie de situaciones que ellos (los integrantes de la actual conducción) ponen para que otras instituciones no puedan presentarse con sus propias listas y seguir perpetuándose en el consejo de administración; por lo tanto, cabe la posibilidad de la impugnación”, afirmó.
Más adelante, el ministro dijo que si bien hay solamente una empleada imputada en el caso, los miembros del consejo de administración “están señalados en la denuncia como responsables de la situación”.
También señaló que la ley 10.608 de hospitales y autogestión es una norma que debe ser modificada. “Queremos cambiarla desde hace tiempo porque le otorga a los consejos de administración mucho poder para contratar personal, hacer compras e inversiones”, remarcó el ministro.
“No falta un centavo”
En respuesta, el representante de la comunidad en el mencionado consejo, Ariel Pérez, dijo que por un incendio ocurrido hace tres años en el edificio se quemaron pruebas documentales sobre el gasto de más de 6 millones de pesos. Además, acusó que a las autoridades provinciales de Salud de “falta de honestidad intelectual”.
“Una cosa es decir que falta dinero y otra cosa es que no haya respaldo documental porque hubo un incendio”, se defendió.
“En el hospital no falta un solo centavo. Cappiello mezcla datos distintos. Lo de los 6 millones debe ser parte de la documentación que se quemó por un incendio ocurrido en junio de 2007”, concluyó Pérez.
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