El gobierno nacional dio ayer un aval implícito a las polémicas listas colectoras en la provincia de Buenos Aires, lo que intensificó las reacciones de intendentes peronistas que se sienten perjudicados por el sistema.
El encargado de blanquear la postura oficial fue el titular de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Alejandro Tullio, quien aseguró que la ley electoral no prohíbe las listas colectoras ni las admite, por lo que su implementación depende de “una decisión política”.
“La ley no las prohíbe ni las admite”, sostuvo Tullio, quien sin embargo indicó que “las dificulta ampliamente en el sentido que los partidos que integran una misma alianza deben confrontar entre sí en la primaria y concurrir en una misma lista”.
Según explicó el funcionario nacional en declaraciones a Radio 10, “desde este punto de vista las colectoras típicas son subsumidas en una lista que las sintetiza a todas”. Más allá de la precaución del funcionario, sus palabras sirvieron para transparentar la ingeniería electoral por la cual el kirchnerismo espera sumar más votos para la candidatura nacional de la presidenta Cristina Kirchner en un distrito estratégico.
La decisión abre la puerta para que el diputado Martín Sabbatella pueda presentar su candidatura a gobernador como rival de Daniel Scioli y acompañando la boleta presidencial que seguramente encabezará Cristina Kirchner. Ese mismo esquema alcanza para una serie de aspirantes a intendentes por el sabbatellismo que amenaza a históricos jefes comunales del conurbano bonaerense.
Los dichos de Tullio motivaron a un nutrido grupo de intendentes a expresar su descontento que también había expresado la administración provincial ante la posibilidad de que el gobierno habilite el uso de estas colectoras.
El conflicto se agudizó a pocos días de que se reúna el consejo del PJ bonaerense, pautado para el 19 de febrero próximo, con la conducción de su titular Hugo Moyano, en Sierra de la Ventana, adonde se trasladará la polémica.
En el caso de la ley 14.086, la que estableció en el ámbito bonaerense el régimen de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, el artículo 8º deja cierta puerta abierta. Dice: “Los órganos electorales partidarios son los que autorizan cómo se adhieren las boletas en caso de que hubiere listas únicas para una categoría de candidatos y pluralidad en otras”.
Tullio salió a aclarar que la puesta en marcha de esta estrategia “es una decisión de naturaleza más política, porque (el uso de colectoras) no está contemplado” en la nueva ley electoral. Y algunos intendentes bonaerenses, que consideran un riesgo para sus aspiraciones de reelección en sus municipios, tronaron y en algunos casos las calificaron como una “trampa”.
Así se expresaron los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gilberto Alegre (General Villegas), y Hugo Curto (Tres de Febrero).
Descalzo rechazó con dureza la eventual reedición de las listas “colectoras” y apuntó principalmente contra el ex intendente de Morón, Sabbatella. “Nos parece que hay cierta especulación en todo esto, esta es la realidad. Sabbatella jugó su propia partida en contra del ex presidente Kirchner”, que en esos comicios fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, al igual que el ex intendente de Morón.
Por su parte, el jefe comunal de General Villegas, Gilberto Alegre, calificó como una “trampa” la implementación de las listas colectoras. En declaraciones a Radio 10, manifestó que esas alternativas electorales “logran que los candidatos locales pierdan”.
“Cuando se permiten listas colectoras de otros partidos se perjudica la gestión local. Son una trampa que terminan perjudicando a todo el sistema y logran que los candidatos locales pierdan”, afirmó el intendente.
Por último, Hugo Curto aseguró que el oficialismo tuvo “malas experiencias” con las incorporaciones surgidas de lascolectoras y enfatizó que “no dieron resultados positivos”.
El jefe comunal completó que “muchas incorporaciones” surgidas de estas listas “no dieron los resultados positivos que el gobierno quería”, y mencionó el caso del vicepresidente Julio Cobos.
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