Vecinos del asentamiento irregular de Puerto Norte cortaron este lunes durante varias horas avenida Francia a la altura de la rotonda que conecta con el túnel Celedonio Escalada. Pidieron que el Estado resuelva la situación habitacional de las 70 familias que allí viven en el marco de un complejo pleito judicial en el que un empresario privado pretendió disputar la propiedad de los cotizados terrenos.
El terreno en cuestión tiene 20.000 metros cuadrados y está ubicado entre Junín, Caseros y Francia. Forma parte de los viejos galpones ferroviarios y quedaron bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).
Desde hace siete años el empresario local Gabriel Mana (quien fuera el propietario de la firma El Tortero) reclama la posesión del predio. A través de un documento firmado por unos 30 vecinos, quienes le cedieron la titularidad a cambio de la promesa de plata para comprar otra vivienda, formalizó un fideicomiso. Fue a la Justicia y pidió la usucapión (posesión de las tierras después de habitarlas por un determinado tiempo) como legítimo titular de los terrenos.
Justicia Federal
La causa cayó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sylvia Aramberri, que en febrero del año pasado desestimó el pedido y consideró que no encontró acreditada la posesión. El empresario apeló la resolución. Casi un año después (a principios de este 2018) la Cámara Federal ratificó el fallo de primera instancia y confirmó que los terrenos son propiedad del Estado nacional.
“Desde el inicio planteamos que había una ocupación ilegítima y especulativa. Las tierras no tienen indicadores urbanísticos. Se recuperarán con la finalidad de que el Concejo luego autorice”, dijo en su momento a El Ciudadano el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone.
El corte
En ese marco fue que ayer un pequeño grupo de vecinos, munidos de cubiertas y maderas, prendieron fuego y cortaron el acceso al túnel Celedonio Escalada pidiendo que se resuelva de forma “urgente” su situación.
Uno de los voceros cuestionó de movida al municipio. Dijo que desde el Ejecutivo local “se está trabando” el juicio. Así, dejó expuesto que los pocos que protestaron están vinculados a Mana, quien, con su promesa de entregarles algo de dinero busca quedarse con los terrenos más cotizados de la ciudad y así consumar luego un enorme negocio inmobiliario.
Cómo sea, el corte provocó un caos vehicular durante varias horas. En buena parte de la tarde los únicos caminos posibles para quienes buscaban transita desde el centro hacia el norte fueron el cruce Alberdi o el viaducto Ingeniero Emigdio Pinasco por bulevar Avellaneda, ya que la avenida de la Costa quedó cortada por completo.
Por momentos también se dieron escenas de tensión. Es que un grupo de jóvenes intentó destruir con piedras una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. La Policía tuvo que intervenir para evitar el daño. En el lugar se apostaron varios efectivos y agentes de Tránsito.
Lo que viene
El reciente fallo judicial también reabrió la polémica sobre el uso que se dará al valorado terreno. Hasta el momento hay al menos dos posturas encontradas: la que incluye a los vecinos y, por otro lado, la que plantea la relocalización.
Desde el municipio dijeron que la prioridad es resolver la situación habitacional y buscan la integración de las cerca de 70 familias que hace años viven en el asentamiento de la zona en el futuro proyecto. También dijeron que apoyarán a los trabajadores de la cooperativa Trechel (radicada también hace años en la zona) con la idea de que permanezcan allí. El resto del predio quedaría al uso público reconvirtiéndose en un parque.
“El lugar tiene espacio suficiente para construir viviendas para las familias y que el resto del lote tenga otra finalidad. Si Nación lo habilita vamos a acompañar para que la cooperativa se quede ahí y defender los puestos de trabajo”, explicó Leone.
Relocalizar
Desde el PRO local coincidieron en que la prioridad es resolver la necesidad habitacional de los vecinos de la zona, pero con un “detalle” no menor; reubicándolos en otro barrio.
“Una alternativa es la asignación de dinero para la compra de una vivienda, o la construcción de casas en un lugar a determinar. Muchos viven de la recolección informal de residuos. Si los acotás a un departamento en la zona se les va a dificultar seguir con la actividad”, señaló semanas atrás a este diario el edil macrista Carlos Cardozo.
También mencionó la necesidad de trasladar a Trechel. “Debemos asegurar la continuidad de la cooperativa, que no puede seguir funcionando ahí por una cuestión de usos urbanos”, mencionó.
Justamente, en cuanto al uso del suelo, el concejal del PRO adelantó que eventualmente podrían construirse dos tipos de viviendas: edificaciones que se correspondan con el entorno (de alta gama y con valores que hoy oscilan los 4 mil dólares el metro cuadrado) y otras aptas para créditos Procrear.
“La idea es que a algunas torres puedan acceder familias de un cierto poder adquisitivo y, a otras, personas que tengan un menor salario”, explicó Cardozo.
Leone rechazó de plano la propuesta y dejó bien marcada la postura oficial.
“No puede usarse esa tierra para construir más torres. El PRO tiene una lógica similar al esquema especulativo de los abogados de los privados que llevaron adelante el litigio. En la ciudad mostramos que es factible urbanizar con una instancia que incluya de los sectores que no tienen vivienda propia”, señaló el funcionario municipal.
