La defensa del único imputado civil en la causa Díaz Bessone, Ricardo Miguel Chomicky, pidió ayer la absolución del acusado al fundamentar que actuó “en estado de necesidad” como consecuencia de haber sido primero detenido en su condición de militante peronista y luego pasar, según se lo acusa, a colaborar con la represión ilegal en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario.
El abogado Héctor Galarza Azzoni, defensor del “Cady” Chomicky en el juicio oral de la causa Díaz Bessone que se tramita en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad, concluyó ayer con su alegato y pidió la absolución de su cliente en la causa.
“Si hay algo fácil de probar en esta causa es el estado de necesidad, que es un instituto propio del derecho penal liberal, en cuanto a que no son punibles las acciones que no se realizaron en un ámbito de libertad”, dijo el representante legal del Cady.
También sostuvo que durante el juicio, que se inicio en julio de 2010, se produjo “un proceso de revitimización” de su defendido, que si bien ahora está acusado de complicidad con la represión durante la dictadura fue víctima de la misma, al ser secuestrado y luego torturado en el SI.
En el juicio también están imputados el ex comandante del II Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone; y los ex policías rosarinos José Lo Fiego, Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara, que formaban parte de la patota del fallecido represor Agustín Feced, que comandaba la represión desde el SI.
Chomicky es el único imputado civil en el juicio de la causa denominada Díaz Bessone. El “Cady”, como se lo conoce desde su época de militante, reúne en sí mismo la doble condición de víctima del terrorismo de Estado y acusado de complicidad con la represión ilegal desatada en aquellos años, tras el golpe de 1976.
Fue militante de la Juventud Peronista (JP) en la década del 70 del siglo pasado, y en tal condición fue secuestrado el 1º de diciembre de 1976 cuando la represión se encarnizó, entre otros actores políticos y sociales, con los jóvenes de la Tendencia Revolucionaria.
En su declaración de octubre pasado, Chomicky dio cuenta de los vejámenes a que fue sometido en el centro clandestino que funcionó en el SI, donde también estuvo detenida su entonces novia –y luego esposa– Nilda Folch, alias “La Polaca”, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia.
Sin embargo, varios testimonios brindados durante el juicio oral apuntaron a que ambos colaboraron con la represión, “marcaron” a otros militantes que luego fueron detenidos y estuvieron en la sala de tormentos del SI.
Así y todo, la Secretaría de Derechos Humanos nacional y la agrupación Hijos, ambos querellantes en la causa, decidieron no imputarlo por delitos de lesa humanidad. Sí lo hizo, en cambio, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Durante los alegatos, la Fiscalía a cargo de Gonzalo Stara decidió pedir la absolución de Chomicky, mientras que la LADH reclamó al tribunal una condena de prisión de 25 años.
En la audiencia de ayer, el defensor de Chomicky dijo: “El caso de los detenidos en los campos de concentraciones son todos casos de manual; en el caso de mi asistido es un caso evidente, palmario de la aplicación del estado de necesidad, ya sea justificante o exculpante”.
Subrayó la “presión psíquica de tal intensidad” sufrida por su cliente en el SI “que no se le puede exigir una conducta conforme a derecho”. “No se le podía exigir ser un mártir o un héroe”, señaló Galarza Azzoni durante el alegato.
“El mal con el que se amenazaba a mi asistido es el mal mayor, que es la amenaza de muerte”, abundó el abogado.
En procura de desarticular los argumentos de la querella al pedir la condena sobre su cliente, Galarza Azzoni leyó un documento de la LADH fechado en Buenos Aires en agosto de 2010, que señala que “al terrorismo de Estado es a quienes juzgamos y no a las víctimas” porque “jamás avalaremos la teoría de los dos demonios”.
“Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados equiparándolos a los jefes del genocidio no sólo jurídicamente es insostenible, porque el Código Penal no se rige por los códigos de honor del militante, sino que políticamente es muy peligroso”, amplió el abogado al concluir su alegato, e insistir en reclamar “la absolución” para su cliente.
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