El Ciudadano
El fiscal general Fernando Arrigo pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario (TOF2) este lunes una pena de 20 años para el capo narco Estaban Lindor Alvarado, recientemente condenado a prisión perpetua en la Justicia ordinaria, como presunto organizador del transporte de media tonelada de marihuana a la provincia de Río Negro en 2017, informaron fuentes judiciales. Al finalizar su extenso alegato, que se extendió entre las 11 y las 17, Arrigo solicitó al tribunal la pena máxima de la escala para el delito endilgado a acusado. El proceso oral continuó en este martes con los alegatos de la querella y el miércoles será el turno de la defensa por lo que luego se conocerá el veredicto.
“El pedido estuvo fundado en la mecánica de la instauración de toda la organización que intervino para el traslado de la droga, con el uso de personas físicas y jurídicas y de testaferros”, dijo Arrigo a Télam luego de alegar.
El fiscal añadió que también tuvo en cuenta para el pedido de la pena “el nivel de violencia que manejaba la organización” criminal liderada por Alvarado, de lo que dieron cuenta “los testigos del juicio”.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió al Tribunal, presidido por el juez Ricardo Vázquez e integrado por Otmar Paulucci y Eugenio Martínez, que se desarchive una causa en la que se investigó a funcionarios policiales por presunto encubrimiento de la banda de Alvarado.
También solicitó que se investigara a otras personas que fueron mencionadas en las escuchas que se reprodujeron en el debate oral.
En este juicio, iniciado en febrero pasado, Alvarado está acusado de ser el organizador del transporte de 493 kilos de marihuana a la provincia de Río Negro.
El cargamento con droga fue secuestrado por policías de esa provincia el 24 de noviembre de 2017 en un camión Scania con un semirremolque, en el que viajaban dos hermanos identificados como Jesús José y Marcos Esteban Rodríguez.
Según la investigación, el transporte de carga era precedido por un Chevrolet Vectra que operaba como “puntero” (para advertir posibles controles policiales), que era conducido por un hombre llamado Luis Di Marco y en el que también viajaba Ricardo Ariel Ianni. Con distintas penas, los cuatro fueron condenados en mayo de 2019 a prisión por el Tribunal Oral Federal de la localidad rionegrina de General Roca, aunque el juicio no avanzó sobre el organizador del transporte de la droga.
A partir de una investigación de la Justicia ordinaria santafesina a Alvarado por un homicidio, iniciada a fines de 2018, se determinó que el camión que transportaba la droga era propiedad de Toia SRL, sigla de los nombres de Nadia Toledo y Ricardo Ianni.
Ianni, que iba en el auto que hacía de puntero, apareció además entre las visitas que Alvarado recibía en la cárcel –entre 2012 y 2018– mientras cumplía una condena por robo de autos.
Toledo, a su vez, fue condenada en un juicio abreviado por lavado de activos y como miembro de una asociación ilícita liderada por Alvarado.
Mientras que el semirremolque Random secuestrado estaba a nombre de Roberto Peralta, ex chofer de la empresa Logística Santino (controlada por Alvarado a través de su ex esposa, Rosa Capuano) y registrado como empleado de Jorge Benegas, condenado el año pasado como mano derecha del jefe de la organización y operador comercial del mismo.
Peralta declaró en el juicio y aceptó que era un “prestanombre”, como lo habían indicado en sus testimoniales dos ex miembros “arrepentidos” de la banda, Rodrigo Ortigala y el mecánico Carlos Argüelles, este último asesinado en septiembre pasado tras convertirse en imputado colaborador en contra de su ex jefe.
Además, en su testimonio, Ianni contó que por la pérdida de la droga Alvarado se quedó con un galpón que era de su propiedad.
Para el fiscal Arrigo, no quedan dudas de acuerdo a la prueba producida durante el debate de que el envío de drogas al sur “fue coordinado por él en la dirección empresarial, cuando estaba en la cárcel (cumpliendo condena por robo automotor) y seguía cometiendo ilícitos”.
El fiscal agregó que para cometer esos delitos Alvarado montó una red de sociedades para estar “siempre atrás de las empresas” y enmascarar su participación aunque, remarcó, “era el único que tenía capacidad de dirección” de la empresa criminal.
Arrigo también destacó que durante el juicio se puso en evidencia “la complicidad de un sector de la Policía” de Santa Fe con Alvarado, que le tarifaba ese presunto encubrimiento.
“En una escucha aparece un policía diciéndole cómo evitar los controles de Gendarmería”, contó el fiscal, y agregó que en otras llamadas se aprecia “el canje o sustitución de gente que vendía drogas en los búnkeres por menores, que no eran imputables”.
Los policías también le cobraban por los homicidios”, contó Arrigo, para explicar que una testigo contó que Alvarado “estaba enojado con un sicario” al que mandó a matar a una persona de tres tiros “pero le disparó 30”. Según el fiscal, “ese sector de la Policía le pedía más plata por la violencia” empleada en el crimen.
Tras el alegato de la Fiscalía, el Tribunal estableció que este martes será el turno de la querella, a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que además denunció a Alvarado por lavado de activos, en una causa en la que ya fue indagada su ex esposa.
“El Esteban”, como lo conocen en el mundo del hampa santafesino, fue condenado el viernes pasado a prisión perpetua por la Justicia ordinaria en un juicio en el que fue encontrado responsable de liderar una asociación ilícita que instigó al menos los homicidios de Lucio Maldonado y Cristian Enrique , balaceras a edificios judiciales, amenazas a una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial y cinco casos de lavado de activos. Los alegatos de la defensa serán este martes y el TOF2 dará el veredicto a finales de esta semana.
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