El fiscal federal Marcelo Degiovanni y su par Miguel Palazzani –titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin)– dictaminaron a favor de que se investigue la muerte de Gerardo “Pichón” Escobar bajo la figura de desaparición forzada de persona seguida de muerte y que por ello la causa pase a tramitar en la Justicia federal rosarina. Además, solicitaron que se tome declaración indagatoria a los imputados por el hecho, entre los que se encuentran miembros de las fuerzas de seguridad de Santa Fe. La víctima –un joven que se desempeñaba como jefe de una cuadrilla de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad– fue vista por última vez el 14 de agosto de 2015, cuando salía de un boliche de la ciudad de Rosario. Su cadáver fue hallado una semana después en el río Paraná.
En su escrito, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que el hecho debe investigarse como desaparición forzada de persona, la cual consiste en “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad de informar sobre el paradero de la persona”.
Los fiscales resaltaron los requisitos establecidos por la Corte Suprema para fijar competencia, como son la investigación suficiente; la individualización de los hechos y calificación provisoria; la consideración de la real naturaleza del delito, y las especiales circunstancias del caso. En ese marco, sostuvieron que, ante la duda y de acuerdo con ese estándar fijado por el máximo tribunal, el hecho debe investigarse como desaparición forzada, dados también los estándares internacionales en la materia que el Estado está obligado a respetar. Así, destacaron que “en casos de desaparición forzada, el derecho internacional y el deber general de garantía imponen la obligación de investigar el caso <ex officio>, sin dilación y de una manera seria, imparcial y efectiva”.
En el escrito, enumeraron las circunstancias que podrían hacer de este hecho un caso de desaparición forzada de persona seguida de muerte, como ser el contexto de violencia institucional que involucra a la comisaría 3ª –donde se investiga si la víctima estuvo detenida sin registro alguno– y la posible participación de efectivos policiales.
Finalmente, Degiovanni y Palazzani destacaron: “Para cumplir con la obligación estatal de brindar un recurso judicial efectivo, que garantice la tutela de las víctimas en este caso que constituye una gravísima violación a los derechos humanos en la que está comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino –no sólo por el hecho que damnificó al joven Escobar, sino por la especial obligación de investigar eficazmente dicha violación–, sumado a que se dan los requisitos establecidos por la doctrina de la Corte Suprema, creemos que no hay duda de que el hecho debe investigarse bajo la calificación de desaparición forzada de personas”.
Por el caso Escobar hay cinco detenidos –cuatro por encubrimiento agravado– en la causa que tramitó en los Tribunales provinciales: tres patovicas del boliche donde el joven fue visto por última vez (uno como autor material) y dos policías.
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