La Suprema Corte de Justicia revisará el fallo que en agosto pasado dejó en libertad a cinco policías y tres civiles procesados en la causa que investiga la desaparición de Paula Perassi. Esa resolución había sido dictada por el camarista Rodolfo Prunotto Laborde y apelada por la querella. Ayer, el camarista Carlos Carbone admitió el recurso de inconstitucionalidad, por lo que ahora el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre la revocación de las prisiones preventivas.
Todos los imputados están procesados con distintos grados de participación en la causa caratulada como “aborto no consentido seguido de muerte”. Paula desapareció el 18 de septiembre de 2011 en la ciudad donde vivía San Lorenzo, y su cuerpo no fue hallado.
Hoy sus restos son buscados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Puerto San Martín y Timbúes.
El fallo puesto en crisis fue dictado a fines de agosto pasado en el marco de una audiencia oral y pública donde se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre ocho imputados, liberados bajo fianzas de entre 30 mil y 100 mil pesos. El camarista Prunotto Laborde argumentó que las pruebas no eran suficientes para acusar a los detenidos, desacreditó testimonios “de oídas” y consideró que no existía peligrosidad procesal ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
A Gabriel S., sindicado amante de la víctima y partícipe del crimen y a su esposa Roxana M., acusada de participar del plan y de esgrimir coartadas para desviar la investigación, el juez les impuso cauciones de 100 mil pesos. A los comisarios Adolfo Daniel P. (ex jefe de Agrupación Cuerpos de la UR XVII) y Enrique K., a cargo de la unidad que investigó el caso hasta que fue derivado a la Tropa de Operaciones Especiales, les puso una fianza de 50 mil pesos, la misma que para Mirta R., la mujer a quien sindican de realizar el aborto fallido a Paula. En tanto, a los policías Gabriel G., Aldo G. y María José G. se les impuso una fianza de 30 mil pesos.
Los abogados de la querella, Adrián Ruiz y José Ferrara, presentaron un escrito en el que tildaron la resolución de “infundada”, porque no se analizaron los argumentos de la Fiscalía de Cámara y la querella, donde se explicó que los imputados eran peligrosos procesalmente. También argumentaron la “falta de merituación objetiva”, acusando al juez de tomar una posición parcial. Al respecto dijeron que el magistrado sólo expresó lo manifestado por la defensa, violando las reglas de la “sana crítica racional”.
Además, remarcaron que tolerar una resolución de esas características pone a la causa “en un seguro camino a la impunidad”. En otro punto sobre la “gravedad institucional”, señalaron que se liberó a cinco policías “procesados por un hecho gravísimo, ya que usaron elementos que provee el Estado para dar seguridad en procura de mantener desaparecidas a dos personas”.
Tras analizar el planteo de querellantes y defensores, el camarista Carbone dio lugar al recurso de inconstitucionalidad para que la Corte se exprese, no sobre la cuestión de fondo, sino sobre las libertades otorgadas bajo fianza.
Magistrado resultó sancionado
El camarista Adolfo Prunotto Laborde fue sancionado recientemente con dos días de suspensión en sus tareas por el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, por distintas irregularidades en su desempeño. La ausencia del magistrado a tres audiencias fue uno de los motivos, en tanto otros dos sumarios se abrieron en su contra por sentencias que no estaban debidamente fundadas. El tercer sumario fue motivado por los dichos de Prunotto Laborde al padre de Paula Perassi, a quien amenazó con querellarlo si no se retractaba por sus declaraciones públicas emitidas momentos después de conocer que los ocho procesados de encubrir la desaparición de su hija habían sido liberados. “El juez no puede usar el aparato del Estado para satisfacer sus demandas, y en este caso usó la Oficina de Gestión Judicial para intimar a Alberto Perassi” explicó Barraguirre a Rosario12.
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