La muerte de Alejandro Gastón Ponce, el chico de 23 años encontrado sin vida en el río Paraná anteayer al mediodía, será investigada por personal de Prefectura Naval “por ser una fuerza que no está discutida en este caso”. Así lo dispuso el fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno, luego de que su familia denunciara responsabilidad policial en el hecho. Según la versión policial, que fue hecha pública por el fiscal, Alejandro y su hermano Luis se tiraron al agua para no ser atrapados luego de un robo. Uno de ellos volvió a la orilla y fue detenido, mientras que el otro permaneció en el agua. En el acta de procedimiento consta el llamado a Prefectura para “capturar al prófugo”, pero no se advirtió que podía estar en peligro, ni se informó su desaparición, dijo el funcionario. Los policías que intervinieron en el hecho son seis y pertenecen a las patrullas de Intervención Urbana y Barrial. La autopsia preliminar descartó signos de violencia en el cuerpo de Alejandro, y definió que la causa fue muerte por asfixia por sumersión. Su madre, Mirta, sostuvo que dispone de videos y testimonios que dan cuenta de que sus hijos fueron apedreados cuando estaban en el agua.
En una conferencia realizada ayer en la Fiscalía de Homicidios Dolosos, Moreno dijo que en la autopsia preliminar sobre el cuerpo de Alejandro Ponce no se observaron signos visibles de violencia, tanto externos como internos. Moreno sostuvo que el relato del hermano del joven fallecido es “absolutamente falso”, en lo que refiere a la versión de que los chicos estaban pescando cuando fueron atacados por policías. “Los dos hermanos habían cometido un robo y se da una persecución. Se arrojan al agua y a uno lo pierden de vista. El otro regresa a la orilla y ahí es aprehendido. Cuando pierden de vista al segundo, le dan intervención a Prefectura que va al lugar y hace un patrullaje con resultado negativo”. La intervención de Prefectura está asentada en el acta de procedimiento policial, aunque habla de “fuga a nado” y no aclara la posibilidad de que esa persona haya estado en peligro.
Asimismo, el fiscal tomó declaración a dos adolescentes, víctimas del presunto hecho de robo. Los chicos no presenciaron directamente lo que pasó con Alejandro y Luis.
Sostuvieron que estaban en el patrullero con dos efectivos, mientras que otros tres fueron a detener a los supuestos ladrones. Desde el móvil, escucharon cuando los uniformados decían que los hermanos se habían tirado al río y cinco minutos después se hizo el llamado a Prefectura.
En tanto, Moreno dijo que investigará el accionar de los policías luego del hecho de robo y si arrojaron piedras a los dos hermanos cuando estaban en el agua: “Luis presenta una lesión en la cabeza; vamos a ver qué grado de compatibilidad existe entre su relato y los demás relatos”. Además, el fiscal dispuso que la investigación de la muerte de Alejandro sea llevada adelante por Prefectura, “por ser una fuerza que no está discutida en este caso y tiene afinidad con el ámbito donde ocurrió el hecho”.
El pasado viernes, luego de lo ocurrido, Luis fue llevado a la comisaría 3ª, donde quedó detenido. Según Juan Pablo Nardín, abogado de la defensa pública que lo asistió, el chico fue atendido por un móvil de Sies por un corte en la cabeza. Además, en el acta figura que fue llevado al hospital Carrasco, donde le cosieron la herida. El domingo, en el marco de una audiencia imputativa por el robo, Luis contó lo que pasó con Alejandro, que estaba desaparecido desde hacía dos días. Además, dijo que fue herido por una piedra que le tiraron los policías.
Apenas se enteró de la muerte de su hijo, la mamá de Alejandro sostuvo que dispone de un video, fotos y testimonios que apoyan la versión de que los chicos fueron apedreados por los uniformados. Además, dijo que a Alejandro “lo dejaron morir” y que cuando fue a reconocerlo tenía la cara deformada.
Los seis efectivos que intervinieron pertenecen a las patrullas de Intervención Urbana y Barrial. Para Moreno, hasta el momento no hay pruebas para imputarlos y los seis permanecen en funciones. Anteanoche, por disposición de la fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci, se secuestró el libro de guardia de la comisaría 3ª, con jurisdicción en la zona donde ocurrió la muerte. Y se pidieron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, además de los GPS de las patrullas que pudieron haber estado en el lugar.
Defensoría: “No me sorprende”
El Servicio Público de la Defensa provincial emitió ayer un comunicado en el que critica el accionar del Estado ante casos como el de Ponce, e informa que ha pedido una audiencia al gobernador electo, Miguel Lifschitz para evitar que la Policía provincial siga violando los derechos humanos: “Los santafesinos asistimos nuevamente a una muerte producto de la violencia institucional que ejerce intrínsecamente la Policía santafesina. Este nuevo hecho gravísimo nos conmueve pero no nos sorprende. Desde que el gobierno provincial adoptó como una política de seguridad delegativa contraria la seguridad democrática, dejando en manos de la propia policía su gobierno y administración, ya son por lo menos tres los casos de muertes con cadáveres arrojados al río Paraná que dejan de un modo claro el accionar delictivo y el «modus operandi» de la fuerza policial. Franco Casco, Gerardo Escobar y ahora se suma Alejandro Ponce, todos jóvenes y varones, lo que demuestra, además del «modus operandi», quiénes son los destinatarios de la violencia institucional”, abre el comunicado.
Sin embargo, dijeron desde la defensa pública ante el inminente recambio de gobierno provincial: “Vemos algunas señales que abrigan un mínimo de esperanza. El viernes pasado, en la presentación del Informe sobre Centros de Detención Policiales de la Provincia de Santa Fe, contamos por primera vez con la presencia de un funcionario del actual gobierno santafesino y que se lo ha vinculado directamente en el diseño de la nueva política de seguridad para el futuro gobierno. En dicha presentación el doctor José Spadaro, de él se trata, abordó la problemática policial como «falta de capacidad para ser policías y corrupción estructural de la fuerza». A este diagnóstico, que compartimos parcialmente, habría que agregarle el desprecio total por el respeto y defensa de los derechos humanos. Sacando pequeñas modificaciones, esta policía se sigue manejando de la misma forma que en las épocas de la dictadura”.
“Meterlo preso y nada más”
Mirta, la madre de Alejandro Ponce, repitió ayer sus críticas al accionar policial y dijo que su hijo no sabía nadar, por eso pedía ayuda para salir del agua. “Si fuera como ellos dicen, que andaban robando, a ningún ser humano se le niega la ayuda. Él estaba pidiendo por favor que lo ayuden; ¿por qué no lo agarraron, lo sacaron de ahí y lo llevaron preso? No matarlo, ¿por qué lo tenían que matar?”, dijo la mujer en declaraciones formuladas a la radio LT8. Y continuó: “Tenían que sacarlo del agua y meterlo preso. Nada más. Ese es el trabajo de ellos”.
Manifestación por Gerardo Escobar en La Tienda
La multisectorial que acompaña el reclamo de la familia de Gerardo “Pichón” Escobar, el joven trabajador municipal que murió tras ser golpeado a la salida del boliche La Tienda, en Tucumán al 1100, y su cuerpo apareció una semana después flotando en el río Paraná, llevaron adelante ayer una actividad en pedido de justicia frente al local donde fue visto con vida por última vez. Allí reiteraron su pedido al Ministerio de Seguridad que cumpla con su promesa de entregar el listado con los GPS de los móviles policiales que pudieron haber estado aquella madrugada del 14 de agosto pasado. El caso tiene a tres patovicas y dos policías presos bajo acusación de homicidio.
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