Un muchacho de 22 años fue condenado a ocho años de prisión por varios robos perpetrados entre diciembre de 2009 y enero de 2010 en distintos comercios de las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín. El joven, que reducía a sus víctimas muñido de un cuchillo, se responsabilizó de los delitos que le imputaron y prestó conformidad con la pena dictada, la cual se unificó con una anterior y ascendió a 12 años de cárcel, por medio de un juicio abreviado.
El juez de Sentencia de la 6ª Nominación, Julio García, condenó a Maximiliano P. a ocho años de prisión por la comisión de cuatro robos calificados por el uso de arma blanca, uno de ellos en grado de tentativa, al tiempo que lo declaró reincidente y le acumuló otros cuatro años por una condena de 2007 que tenía inconclusa. La resolución se realizó por medio de un juicio abreviado, que incluye la conformidad del imputado.
El muchacho de 22 años fue hallado culpable de cuatro robos similares en distintas localidades del cordón industrial. El primero de los hechos tuvo lugar el 22 de diciembre de 2009, poco antes del mediodía, en un local de venta de celulares, ubicado en Córdoba al 400, de Puerto General San Martín. Según denunció la empleada del comercio, el muchacho se presentó muñido de un cuchillo y le dijo: “Esto es un asalto, ¿dónde está la plata? Dámela”, a lo que la joven respondió entregándole 1.000 pesos de la caja y un celular. Luego el pibe la llevó al baño y la ató de pies y manos, desde donde la muchacha alcanzó a escuchar cuando el imputado atendió a una clienta y le decía que ya la iban a atender. Más tarde, en rueda de personas, el condenado fue reconocido por la empleada pero no fue así por parte de la testigo. El segundo ocurrió el 19 de enero de 2010, en un telecentro de la ciudad de San Lorenzo. A las ocho de la mañana, la dueña del local, ubicado en avenida San Martín y bulevar Mitre, barría la vereda cuando un desconocido le preguntó por las cabinas y se retiró. Cuando la mujer entró al comercio, el muchacho volvió, saltó el mostrador, y, tras arrinconarla, la amenazó con un cuchillo de hoja larga y filosa, según relató la víctima en dicha oportunidad. Ante su negativa de entregarle dinero, el pibe le arrojó varios puntazos sin herirla, hasta que la dueña del telecentro logró sacarle el cuchillo para luego salir a la calle para pedir auxilio. El ladrón también tomó la calle pero con tan mala suerte que además de irse sin botín, fue reconocido por una vecina, que luego lo señaló en un álbum fotográfico.
El otro hecho que se le endilgó al imputado tuvo lugar el 21 de febrero de 2010 en un quiosco ubicado en Alberdi y Nerbutti, de Puerto General San Martín. Alrededor de las 15.30 de ese día, la madre del propietario del local estaba a cargo de la atención al público cuando fue atacada por dos masculinos que le sustrajeron dinero en efectivo y efectos personales. Según la denuncia de la señora, el botín se constituía por 300 pesos, dos celulares y un Nestlé, varios paquetes de cigarrillos, 100 pesos, llaves, un DVD y un jeans.
La seguidilla de robos a pequeños comercios con arma blanca finalizó el 6 de abril del año pasado, con el asalto a una óptica ubicada en avenida San Martín 14, de Puerto General San Martín. Allí, la encargada denunció que alrededor de las 11.30 ingresó a su negocio un muchacho que ya había ido el día anterior a preguntar el precio de unos lentes, aunque sus intenciones eran otras. La mujer relató a los uniformados que el pibe dijo: “Vengo por los lentes de ayer”, pero cuando la vendedora le preguntó cuáles eran, le contestó “ninguno” y sacó una navaja. Luego de robarle 700 pesos, la encerró en la cocina del local y se retiró tranquilo. En esa oportunidad una vecina aseguró a los uniformados que logró reconocer al muchacho y brindó su apellido.
El juez García tuvo en cuenta la naturaleza de los hechos, el daño ocasionado con sus conductas, la edad del causante, los medios de vida, el grado de instrucción y los antecedentes.
Asimismo, como el imputado tenía un antecedente condenatorio dictado por el Juzgado de Sentencia Nº 2 que databa de agosto de 2007, el magistrado unificó las penas y fijó una única y definitiva de 12 años de prisión.
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