Luego de los intentos fallidos del municipio de avanzar con proyectos de iniciativa privada para la construcción de la cochera subterránea en la plaza San Martín en diciembre del año pasado, y de una megaguardería náutica en Puerto Norte hace dos semanas, en el Ejecutivo buscan una nueva forma de promoción y regulación de esos mega emprendimientos sobre terrenos públicos. La concejala radical María Eugenia Schmuck presentó el jueves pasado en el Palacio Vasallo un proyecto que contempla la creación de un nuevo Régimen General de Promoción de Inversiones (RGPI). La propuesta, que tiene el visto bueno oficial ya que fue elaborada conjuntamente con las secretarías de Planeamiento y Producción municipales, propone crear en ese marco una Unidad de Gestión de Iniciativa Privada por donde “pasen” todos los grandes proyectos.
En concreto, una de las modificaciones que se plantea es que ante cada gran proyecto que acerque un privado a la ciudad se fijen plazos de explotación del negocio de acuerdo a los requisitos de cada obra, atendiendo así a cada caso en particular. En el Ejecutivo piensan que 20 años de concesión (es el límite en la ordenanza de iniciativa privada) muchas veces es plazo poco rentable cuando el nivel de inversión es muy grande y que así la ciudad deja pasar obras que podrían aportar al desarrollo y la infraestructura.
Schmuck explicó que el objetivo de la propuesta es buscar que confluyan en una sola ordenanza todas las herramientas que hoy existen para atraer inversiones. Por allí “pasarían” los proyectos privados de envergadura que quieran llegar a la ciudad. “La idea es generar un régimen de promoción municipal, que contemple la administración pública y la iniciativa privada, adecuando esta última a la ley nacional”, sostuvo la edila.
El cambio más importante para la ordenanza que regula los proyectos de iniciativa privada está vinculado con los plazos de concesión de un negocio sobre un terreno público, que hasta ahora tenía un tope máximo de 20 años. “Así como ese tiempo puede parecer mucho en algunos casos, también es poco en otros, el plazo es una definición muy arbitraria. Por tal motivo, no establece plazos por ordenanza sino que de acuerdo al tipo de inversión, será el Concejo o la unidad de gestión (a cargo de las Secretarias de Producción y Planeamiento del municipio) quienes definirán esos plazos”, detalló Schmuck.
La mecánica propuesta en el anteproyecto consiste en que el inversor presente en primer término su propuesta en dicha Unidad de Gestión de Iniciativa Privada, quien luego le encomendaría a la Universidad Nacional de Rosario (que se incorpora como institución consultiva para evaluar las iniciativas que lleguen) el estudio de impacto ambiental (que hasta hora lo hacía el privado) y el análisis de rentabilidad económica. “Es esa casa la que evaluará en cuanto tiempo el inversor recuperará el dinero y su posterior rentabilidad. Lo que allí se proponga vuelve después a la Unidad de Gestión y de ahí al Concejo para que éste cuerpo decida” cerró Schmuk.
Con las modificaciones propuestas la Municipalidad también “puede cambiar el concesionario en caso de que éste no cumpla con las inversiones pautadas”, aclaró rápido la edila radical.
La ordenanza de iniciativa privada fija que, una vez presentada formalmente una idea, el municipio tiene 60 días para evaluar si la declara de interés municipal y (si así lo considera) elevar al Concejo los pliegos de la licitación de la obra. Después, los ediles tienen sólo cinco sesiones para expedirse. Si en el Palacio Vasallo la propuesta es aprobada, los autores del plan corren con ventaja a la hora de la licitación pública de los trabajos y la posterior explotación del negocio.
Uno de los antecedentes más inmediatos de naufragio de un proyecto de iniciativa privada es el que buscaba construir una cochera subterránea en la plaza San Martín. Allí, la firma extranjera Ingenconser quería ejecutar la obra y luego quedarse con la concesión del estacionamiento por 35 años. El hecho desató una agitada sesión la madrugada del 8 de diciembre pasado cuando tras un áspero debate y durísimas acusaciones de varios ediles opositores el Concejo rechazó el proyecto. La propuesta presentada al municipio por el privado preveía la construcción de un estacionamiento para 780 vehículos, todo con una inversión cuantiosa: 80 millones de pesos. De allí que la firma pidiera un plazo mayor para explotarla.
Finalmente, la semana pasada el municipio presentó el proyecto de llamado a licitación pública para la obra en ese espacio (en un “paquete” que incluyó las dos cocheras bajo tierra más; una en la plaza del Foro y otra debajo del Distrito Centro). Esta vez la propuesta y los pliegos fueron elaborados por el Ejecutivo y el plazo de concesión será de 25 años con opción a otros cinco años de prórroga.
Quien se adjudique la obra y el posterior negocio podrá fijar la tarifa sin ningún tipo de regulación, mientras que el Ejecutivo le cobrará un canon.
En tanto, el otro hecho reciente fue publicado por este medio en la edición del lunes pasado.
Los ediles de la comisión de Planeamiento del Concejo rechazaron de forma unánime y devolvieron al Ejecutivo otro proyecto de 80 millones de pesos, el cual esta vez era para construir una megaguardería náutica en la zona de Puerto Norte. La propuesta había llegado al Palacio Vasallo bajo el régimen de iniciativa privada en diciembre del año pasado por parte de la firma Inversiones y Mandatos SA, quienes en la zona ya levantaron las Torres Dolfines Guaraní. El motivo del revés fue que la empresa quería una concesión del servicio de 40 años, con opción a cinco más.
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