Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso Prat Gay, retomaron ayer el diálogo con los jefes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados luego de que algunos de ellos pidieran la suspensión de la sesión especial de mañana en la que está previsto tratar la ley que habilita el pago de la deuda a los holdouts y fondos buitre.
“Queremos informarle a todo el mundo que esto no es un tema grave, sino un tema procesal. Queremos seguir adelante con la estrategia”, dijo el jefe de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Eduardo Amadeo, para confirmar que la intención del oficialismo es que se realice la sesión.
La reunión entre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, diputados de Cambiemos y sus pares de la oposición que están dispuestos a apoyar el acuerdo se realizará hoy a las 9 de la mañana en la Presidencia de la Cámara.
El oficialismo convocó al encuentro para “despejar dudas”, luego de que el bloque que conduce Diego Bossio solicitara la suspensión de la sesión de mañana para analizar los alcances del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que se conoció el sábado.
Tras un pedido de los fondos buitre, ese tribunal resolvió dejar en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa de levantar embargos contra la Argentina y dispuso que la medida dispuesta por el magistrado sólo podrá ser efectiva cuando se resuelvan las apelaciones presentadas contra ese fallo.
Para Amadeo, la clave frente a esta nueva decisión judicial de Estados Unidos es no detenerse y aprobar la iniciativa mañana para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano: “Si nosotros frenamos esto, entramos en un círculo sin salida. Frenar esto es no salir de la deuda”, planteó.
Voceros del Ministerio de Hacienda dijeron que a la reunión de mañana en Diputados no concurrirá Prat Gay porque tiene previsto un viaje a Panamá, aunque señalaron que el ministro sí tiene agendada una reunión “el miércoles con senadores” por el mismo asunto.
El fondo buitre de Paul Singer aceptó la propuesta de pago formulada por la Argentina, pero igualmente apeló la sentencia de Griesa de levantar las cautelares contra la Argentina, para continuar negociando y permitir que quienes no firmaron el preacuerdo puedan hacerlo.
Las apelaciones lideradas por el fondo buitre de Singer y a las que se adhirieron otros acreedores, conformando una sola causa, pedían que el juez extendiera 30 días las restricciones que existen en contra de la Argentina, con el objetivo de seguir negociando mejores condiciones.
El 2 de marzo pasado, Griesa levantó las medidas cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts.
La decisión judicial no cambió la urgencia del oficialismo en anular las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y salir al mercado internacional.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, encargado de las negociaciones en el juzgado de Griesa, también negó –al igual que Amadeo– que el fallo de la Cámara complique el proceso de salida del default.
“Es una noticia a la que le han dado un ribete negativo, pero es absolutamente intrascendente. La Cámara responde a una presentación de las dos partes, de ellos y nuestra, en la que nosotros decimos que no vamos a hacer nada hasta que la Cámara de Apelaciones se expida”, afirmó Caputo.
Hasta la semana pasada, un total de 48 apelaciones fueron presentadas en la Justicia de Estados Unidos cuestionando la decisión Griesa de levantar restricciones a Argentina en el litigio por la deuda en default desde 2001.
Entre quienes apelaron están desde los fondos especulativos NML Capital, de Paul Singer, y Aurelius, que cerraron un multimillonario preacuerdo con Argentina para saldar el litigio hasta grupos de acreedores argentinos que aún no lograron ningún compromiso de pago.
En su orden, el juez exigió que la Argentina derogue las dos leyes que impiden el acuerdo con los fondos querellantes y que pague a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.
Advertencia de Pichetto
El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ de la Cámara alta, Miguel Pichetto, fue el primero en advertir sobre el fallo de la Corte de Apelaciones: “Esta decisión obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia, porque incorpora un hecho nuevo no previsto por el gobierno”, dijo en un comunicado.
Para Pichetto, que conduce un bloque de 40 sobre 72 senadores, lo que lo convierte en hombre clave para el gobierno, este nuevo fallo “deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aun pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva medida cautelar en la Corte de Apelaciones que le impida pagar”.
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