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Cifras de la discriminación

Ocho de cada diez crímenes de odio registrados en la Argentina fueron contra la población trans

La Federación Argentina LGBT publicó un informe donde se muestra que de los 120 casos de lesiones contra la vida o la integridad física por su orientación sexual en el último año, el 86% de las víctimas fueron mujeres trans y es un agravamiento: el promedio era de 63% en el último lustro


La población travesti trans es la disidencia sexual más afectada por los crímenes de odio en el último año, según un informe publicado por la Federación Argentina LGBT, el cual arroja que el 80% de los casos registrados, es decir 96 personas, refiere a violencias infligidas sobre mujeres trans. Si se extiende el análisis a los últimos cinco años, de los 699 crímenes de odio registrados, en seis de cada diez casos se trató de una mujer travesti o transexual.

El informe de la FALGBT revela que, el año pasado, hubo 120 casos de crímenes de odio en Argentina, de los cuales el el 80% de los casos (96) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 12% (14) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 4% de los casos (5) le siguen los varones trans; luego con el 2% (3) las lesbianas; y por último con el 1% (1) respectivamente cada una, las personas bisexuales y las no binarias.

Por otro lado, el restante 29% de los crímenes de odio registrados sólo en el 2021 responde a 35 personas que padecieron agravios físicos, que van desde golpes, puñaladas y lesiones autoinflingidas hasta quemaduras y balazos.

“Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT+ está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de la manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que en muchos casos termina con sus vidas” dice el informe.

Las cifras del odio

El relevamiento hace una separación entre las lesiones al derecho a la vida y las lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte. En el primer caso, reportaron 85 casos que terminaron en la muerte de la persona afectada, tratándose de asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural cuya responsabilidad recae en el Estado: “estas violencias estructurales generalmente están ligadas al deterioro de la salud por condiciones de precariedad y el no acceso a derechos básicos que llevan a muertes tempranas y representan en 2021 el 43% de los casos” expresa el documento. El 86% de las víctimas que perdieron la vida por crímenes de odio eran mujeres trans, es decir 73 personas, mientras que 8 eran varones gays cis (9% del total); y en el 5% restante se trató de varones trans (4).

El análisis extendido a los últimos cinco años, desde el 2017 inclusive, arroja que de los 699 crímenes de odio registrados desde ese año a la fecha, 439 casos son mujeres trans (es decir, el 62,8% del total), mientras que el 18,5% son varones gay (129 chicos) y el 5,15% son lesbianas, contabilizando 36 mujeres cis agraviadas.

Sobre la identidad de los autores materiales de los crímenes de odio, el informe que corresponde al año 2021 advierte que, de los casos relevados el 40% son cometidos por personas que no tienen que ver con el Estado, mientras que el 60% son llevados a cabo por el Estado: el 8% es cometido específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función.

En cuanto a las edades, el promedio de los últimos dos años ubica el grueso de los casos entre los 20 y los 39 años, que a su vez coincide con el promedio de vida de las mujeres trans en la República Argentina. El 42% de los casos registrados de crímenes de odio fue cometido por personas que ya conocían a las personas violentadas.

La violencia hacia lo diferente

A lo largo de toda su vida las mujeres trans son sometidas, por su identidad y expresión de género, a diferentes modalidades de discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en la muerte de la persona afectada.

El estudio realizado por la FALGBT entiende que “las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos, y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva”. Esta exclusión forzada de sus hogares, la cual se suma a la discriminación institucional por parte de los efectivos de seguridad de los tres Estados implica el distanciamiento del sistema educativo y, por lo tanto, tiene un impacto directo en las oportunidades laborales de esta población.

Para el informe, la discriminación en el mercado laboral “responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión”, y describe que “en muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aún cuando han tenido estudios, incluso universitarios, suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género”, es decir, porque son trans.

Foto: Franco Trovato

 

Esta exclusión sistemática “es una de las principales razones para que esta población no acceda a sus derechos humanos más básicos e inalienables y sea un constante flanco de situaciones de violencia, lo que afecta negativamente cada ámbito de sus vidas”. Todo este marco de internalización del estigma social y miedo a vivir situaciones de discriminación “generan conductas de autoexclusión, baja autoestima y abandono o frustración en el cumplimiento de sus proyectos de vida”.

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) publica semestralmente un informe sobre los crímenes de odio que se perpetran contra las disidencias sexuales desde el año 2016, entendiendo el concepto de crimen de odio como aquellos actos que impidan el libre goce o acceso a los derechos y la autonomía de una persona “bajo pretexto de: falsa noción de raza o sexo, etnia, nacionalidad, color de piel, origen nacional, situación migratoria, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual” o cualquier característica circunstancial o permanente de la persona.

La Federación aclara en el documento que los datos expresados no son exactos ya que “incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe” por lo cual sólo permiten vislumbrar una realidad “que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”.

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