La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó ayer en el Senado la rendición de cuentas del Estado en los últimos diez años y afirmó que la ejecución presupuestaria se convirtió en “herramienta para el disciplinamiento político”.
En el Salón Azul de la Cámara alta, el presidente de la AGN, Leandro Despouy, presentó un informe sobre la rendición de cuentas junto al auditor Horacio Pernasetti y los economistas Alfonso Prat Gay y José María Fanelli, en el que cuestionan el manejo presupuestario de la última década.
“En la Argentina, la ejecución presupuestaria es una herramienta de disciplinamiento político”, afirmó el radical Despouy, al presentar el informe en el que se advierte acerca de “subejecución” de partidas presupuestarias y diferencias entre los gastos aprobados por el Congreso y los que finalmente realiza el Ejecutivo.
El auditor general de la Nación le apuntó al Congreso al afirmar que “el Parlamento sigue discutiendo la cuenta de inversión (que es el resultado y balance de la ejecución presupuestaria) con una frivolidad vergonzante”.
Al momento de dar datos duros, Prat Gay señaló que “el 25 por ciento de lo que gasta” el Estado “no fue aprobado por el Congreso previamente”, algo que atribuyó al uso de DNU (decreto de necesidad y urgencia) y a la ley de “superpoderes” que permite al Ejecutivo reasignar partidas presupuestarias.
El economista y diputado del Frente Amplio Unen también sostuvo que, con esta mecánica, “los subsidios van aumentando sin que pasen por el Congreso”.
En tanto, Pernasetti indicó que “uno de los factores de insatisfacción con los gobiernos” a nivel continental “es que no se visualiza una rendición de cuentas” y subrayó que en la página web del Ministerio de Economía “no se publica la cuenta de inversión desde hace varios años”.
El informe presentado por la AGN recopila observaciones que la institución realizó durante los últimos diez años acerca de la rendición de cuentas y la evolución del gasto público, donde advierten sobre “subejecución” de partidas, entre otras cuestiones.
Según el informe, “el único año en que hubo modificaciones al Presupuesto aprobadas por ley del Congreso fue 2006”, mientras que “durante los otros nueve años las realizó el Poder Ejecutivo, principalmente a través de decretos”.
En la misma línea, se indica que existe “una brecha significativa entre el crédito inicial aprobado por el Congreso y el gasto que luego autoriza el Poder Ejecutivo, diferencia que alcanzó un máximo de 31 por ciento en 2007”.
La AGN señala que “al comparar el crédito inicial con el gasto efectivamente devengado al final de cada ejercicio, surgen funciones subejecutadas, tales como vivienda, ecología, transporte, comercio y turismo”.
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