En el Arzobispado de Rosario representantes de organizaciones sociales, de pequeñas y medianas empresas, y funcionarios municipales y provinciales se reunieron este martes con delegados de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. Allí pidieron llevar de 270 a 2.500 pesos el dinero que entregan cada mes a 185 mil ciudadanos en la provincia a través de la Tarjeta de Ciudadanía, un instrumento de subsistencia para muchas familias en los barrios que en 2008 reemplazó a los tickets y a las cajas con alimentos. La respuesta desde Nación fue la posibilidad de aumentar las partidas para entregar productos secos.
“Hace años que el valor es el mismo y con el aumento en los costos de productos y de vida no alcanza para nada. Ni siquiera para una garrafa de gas (400 pesos aproximadamente)”, explicó a El Ciudadano, uno de los que participó de la reunión, Juan Milito, de la Unión de Almaceneros de Rosario.
Según datos de la Municipalidad de Rosario, desde mayo cinco mil nuevas familias se incorporaron al padrón de la Tarjeta de Ciudadanía.
Circulación
Milito, que además está en la Multisectorial contra el Tarifazo, explicó que el dinero que llega cada principio de mes a más de 70 mil jefes y jefas de familia –y en particular a madres a cargo de los hogares– nació como una forma de afrontar la situación de pobreza en los barrios hace más de cuatro años en el país.
“Ayudaba a las personas y a los negocios de barrio porque la gente va a comprar lo que le alcanza y necesita ahí. Como fue la Asignación Universal por Hijo (AUH) que llevó a que más personas pudieran regularizar sus impuestos, además de los beneficios para cada familia. Es un círculo de economía barrial que hoy no existe porque no hay plata”, agregó el almacenero.
Tal como publicó El Ciudadano, la provincia destina 52 millones de pesos mensuales para la Tarjeta Única de Ciudadanía. Del total, 25 millones provienen de la Nación.
En paralelo, el ministro de Desarrollo Social santafesino, Jorge Álvarez, explicó que desde el 2015 tuvieron que aumentar 127 por ciento las partidas para seguridad alimentaria de comedores comunitarios y copas de leche.
“No fue solo la inflación, sino también la mayor demanda social”, señaló Álvarez. Sin embargo, esta mirada no fue compartida hasta el momento por Nación. “En la reunión los delegados de Nación nos escucharon y solo esbozaron la posibilidad de aumentar la partida para comprar alimentos secos. Fue lo único”, lamentó Milito.
La reunión de este martes en el Arzobispado fue una de las tantas que mantienen organizaciones sociales y pequeños empresarios desde antes de la declaración de emergencia social que el Concejo Municipal aprobó en septiembre.
El proyecto obliga al municipio y la provincia a gestionar todas las acciones posibles para enfrentar el crecimiento en la demanda de los comedores y merenderos.
Un centro
Como parte de las políticas de la Municipalidad de Rosario por la emergencia social, las secretarías de Producción y de Economía Social implementaron el programa Precios justos en octubre.
Mantienen un acuerdo con el Centro Unión de Almaceneros que prometieron no aumentar el precio de 70 productos hasta el 10 de enero con el objetivo de hacer frente a la crítica situación económica. Incluyen alimentos y artículos de limpieza e implica un ahorro para el consumidor de entre 10 y 15 por ciento.
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