Guillermo Moreno y las grandes cadenas de supermercados tendrán su propio convenio dentro del gran acuerdo de congelamiento de precios de 500 productos.
El secretario de Comercio Interior les garantizará a los privados que no tendrán mayores molestias con la fiscalización de los movimientos políticos kirchneristas, si se cumple con tres condiciones básicas en el pacto: que los productos tengan los precios negociados, que estén en las góndolas y que los supermercados ayuden y guíen a los clientes a ubicarlos.
Coto, Carrefour, Disco-Jumbo y Walmart cumplirán a rajatabla el pacto morenista, aunque ya saben, por haber hablado con otras fuentes y funcionarios del gobierno nacional, cuál es la realidad de las fiscalizaciones de los movimientos kirchneristas. Éstos no tendrán “poder de policía”, cualquier sanción eventual sería absolutamente “ilegal” y hasta inconstitucional y la tarea de estos militantes del control de precios sólo podrá remitirse a elevar informes hacia la secretaría de Moreno. Esto determinaría que, en definitiva, pase lo que pase, todo terminaría donde la negociación comienza, en un encuentro entre los supermercados y el secretario.
Esta semana se conocerán los precios de los 500 productos, que serán tomados como referencia para toda la sociedad y todo el país. Además, se confirmará que se sumarán cadenas del interior y pequeños autoservicios, a la par de los supermercados chinos. En el caso de los hipermercados, se comprometerán a que a la entrada de cada local el listado esté publicado, además de distribuir folletos de publicidad con el listado similar y en el mismo lugar que las promociones que habitualmente ofrecen las cadenas.
También le garantizarán a Moreno que los productos del acuerdo estarán visibles en las góndolas y los empleados dispuestos a orientar a los clientes. En el caso de estos privados, serán además los únicos obligados a tener los 500 productos, y si alguno no se encuentra, ofrecer al mismo precio uno similar. Este deber no rige para los pequeños establecimientos y los chinos, por una cuestión de espacio, según le explicaron a Moreno, quien aceptó.
“Los supermercados de proximidad quedamos adheridos en forma voluntaria. No estaremos obligados a venderlos todos, pero trataremos de tener en góndola la mayor cantidad posible”, explicó Yolanda Durán, titular de Cedeapsa, una de las cámaras que agrupan a los supermercadistas chinos.
Estos locales no tendrán tampoco la obligación de aceptar la Supercard, cosa que sí tendrán que distribuir y comercializar el plástico en por lo menos los 100.000 clientes a los que se la darán en una primera etapa. No se sabe aún si habrá una segunda.
Si todo esto funciona, Moreno les aseguró a los privados que la circulación de los militantes controladores de precios será sólo simbólica. Únicamente recorrerán el establecimiento, no molestarán a los clientes, no estarán identificados con banderías políticas y simplemente se presentarán ante el gerente del local que los llevará de recorrida por el supermercado para que constaten que los productos están, tienen los precios acordados y se los puede ubicar en las góndolas.
Además, se les aseguró que únicamente tendrán como herramienta un celular donde llamarán al 0800-666-1518 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para avisar qué es lo que falta o el precio que no se respeta. Luego, saludarán al gerente y se retirarán del local hacia otro destino similar. El dato del incumplimiento llegará hasta Moreno, que luego llamará a su “contacto personal” en alguna de las cadenas para que repare en menos de 24 horas el error.
Hasta ahora no se habló de sanciones, ni multas ni nada similar; y se supone que el acuerdo funcionará viento en popa, al menos con los supermercados. Más teniendo en cuenta que el resto de las góndolas Coto, Walmart, Jumbo-Disco y Carrefour podrán ofrecer los precios que consideren convenientes según la clásica fórmula oferta-demanda.
El principal temor que en principio tenían los supermercadistas era que se conformaran brigadas políticas controlantes con poder sancionatorio por parte de los militantes políticos kirchneristas.
El temor de los privados era que en el caso de que se determinara que agrupaciones como La Cámpora, Movimiento Evita, Miles, Kolina o similar tienen capacidad sancionatoria; se estaría incurriendo en una ilegalidad, ya que no hay norma escrita específica que obligue a los supermercados a tener precios determinados ni, mucho menos, a que haya grupos políticos que puedan aplicar multas.
En concreto, afirman los supermercadistas, constitucionalmente y en teoría que el “poder de policía” lo tendría la Secretaría de Defensa del Consumidor o Moreno, pero sin una norma explícita vigente para saber cuál podría ser una eventual sanción. Para esto, debería haber una nueva ley que explicite cuál sería el delito concreto que se estaría violando si se ofreciera un precio superior al acuerdo o si un producto no existiera; pero igualmente, podría haber alguna presentación judicial que determine que otorgarles “poder de policía” a los militantes pueda ser inconstitucional.
Esto fue explicado por un alto funcionario del Gobierno a los privados, para darles tranquilidad sobre los verdaderos pasos que se van a dar con el acuerdo. Se les explicó, además, las necesidades “políticas” en las que se mueve el kirchnerismo en esta etapa, y el “pedido” para que acompañen el congelamiento y el acuerdo con los 500 productos. Los privados prometieron apoyo con un “cuenten con nosotros”.
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