“A Mónica Fein los compañeros la están haciendo caminar, sin necesidad, por la cornisa del precipicio legal”. El que habla en voz baja y reclama reserva en tono casi audible es el asesor de uno de los concejales socialistas más importantes del Palacio Vasallo. Semejante declaración, aun en privado, da cuenta de la gravedad de las últimas decisiones de su partido que, so pretexto de allanarle sus primeros pasos de gobierno a la flamante intendenta, ponen en tela de juicio la transparencia de una gestión. La delegación de facultades para fijar el precio del boleto del transporte urbano y el controvertido proyecto de cocheras subterráneas no pasan ni por el más laxo control constitucional y legal. La primera dama de la ciudad está aún a tiempo de corregir semejantes desprolijidades. Sólo de ella depende.
Cocheras para todos
Nadie discute la necesidad de resolver cuanto antes el problema del estacionamiento del parque automotor en el centro de la ciudad. Casi ninguno se opone a la idea de una playa subterránea. Fueron pocos los que quisieron bucear en la ley y en la dignidad y miraron con desconfianza la aparición de una iniciativa privada que se propuso en el Concejo y que tuvo un devenir parlamentario rayano con el grotesco. ¿Vagancia de funcionario público, verticalidad partidaria o poco apego a la transparencia? El lector deberá elegir la opción
El consorcio Ingeconser SA, de notoria participación en muchas de las obras de la preciada costa rosarina, propuso por medio del régimen de iniciativa privada construir 784 cocheras en dos plantas subterráneas, invirtiendo 100 millones de pesos en 35 años. Un segundo proyecto aportado de la mano de los hermanos Whpei fue rápidamente descartado. Los que saben, hablan de demasiado olor a peronista en esta idea de Lancers SA.
El caso es que, según la ley, en las cinco sesiones siguientes a la presentación, el proyecto debe ser tratado por el Concejo. De no contarse con despacho, en la siguiente sesión (obvio, la sexta) se incorpora “sin más” en el temario del palacio deliberante.
Un estudiante de un curso de preingreso a la Facultad de Derecho notaría que semejante idea chocaba contra la ley: las inversiones por iniciativa privada sólo admiten un plazo máximo de 20 años. Ya se sabe, desde que se probó que el año es la vuelta completa de la Tierra en su órbita solar, que 35 años son 15 más que los 20 permitidos. Además, la sexta sesión requerida es la que viene luego de la quinta y la anterior a la séptima. Otra vez el tiempo, desde Galileo, mostraba que el plazo estaba vencido. Como detalle final del incumplimiento de la ordenanza puede sumarse que no se presentó estudio de impacto ambiental serio que analizara el golpe de la obra en el paisaje urbano.
“Una vieja docente de Derecho decía que los taparrabos jurídicos siempre aparecen cuando se quiere vestir a la necesidad política de turno”, confesó en reserva el verdadero autor de un dictamen del Ejecutivo municipal, firmado luego por un prolijo secretario poco afecto al sentido común jurídico que no se inmutó ante la negación del paso del tiempo. Es pintoresco leer en foja con sello y firma de un abogado que la “siguiente sesión” que reclama la norma vigente no es la “sesión siguiente” (sic).
Como si esto fuera poco, la siempre cálida pero ejecutiva del dogmatismo socialista Clara García provocó una pirueta que consideró que un proyecto privado de cocheras se transformara en iniciativa (calcada) del intendente. Leído llanamente, el proyecto quiero que salga o salga.
A esta altura daban las 3 de la mañana y la noche no era serena. Jorge Boasso, riguroso para mirar los expedientes, estalló en reclamos con insultos (sin necesidad) y verdaderos argumentos. Diego Giuliano y su bloque demolió con prolijidad el sancocho propuesto. ¿Y los concejales del partido de la intendenta? Se abroquelaron en un diálogo inconexo o en el silencio partidario y mandaron el tema a comisión, con la intención de darse aire. Este pulmotor fue accionado también por el concejal Gonzalo del Cerro, siempre encolumnado ante las necesidades oficiales, y su colega Oscar Greppi, que llegó al cuerpo representando al ARI de Elisa Carrió, el mismo partido que predicó el rechazo a todo tipo de atisbo de corrupción.
¿Merece la muy rigurosa Mónica Fein semejante preinicio de su gestión? La mujer que viene de arrasar en las urnas, ¿está dispuesta a hacerlo con las formas legales so pretexto de ejecutividad? ¿Puede permitirse esta mujer respetada por propios y ajenos navegar en semejante duda (certeza, para muchos) de irregularidades?
El poder soy yo
Si al caso de las cocheras subterráneas se le suma el anterior clamor de Fein para que le deleguen facultades tarifarias del transporte de Rosario, el cuadro se complica. La ciudad tiene concesionado más del 50 por ciento del servicio a un solo empresario. A eso, hay que agregarle el servicio municipal de la Semtur en cabeza de la propia doctora Fein. Eso implica que hoy, de facto, la intendenta y Agustín Bermúdez pueden decidir por los próximos 12 meses y con una simple charla por teléfono cuánto les cuesta a los rosarinos subirse a un “bondi”. ¿No es mucho? ¿Nadie los puede detener? Nadie. ¿Y los representantes del pueblo? Representación cedida y delegada al Ejecutivo.
“Es ilegal. Flagrantemente ilegal”, dicen desde la oficina del abogado constitucionalista Diego Giuliano. Y no hay necesidad, urgencia o reclamo de gobernabilidad que lo contradigan.
El Concejo, con su nueva composición, corre el riesgo de ser la escribanía del Ejecutivo local, situación tan criticada por el socialismo nacional nucleado hoy en el Frente Amplio Progresista.
La pregunta se impone otra vez. ¿Desea esto Mónica Fein para su novel mandato? Si la respuesta es positiva, el signo de los próximos tiempos será el de la intransigencia y sordera hacia el disenso, actitud muchas veces cultivada y enseñada por algunos de sus compañeros de ruta del partido de la rosa. Si se prefiere responder con nones, esta mujer que ha llegado a la historia por ser la primera en representar al socialismo en tamaño cargo, puede dar marcha atrás con las decisiones ilegales que nacieron del cuerpo de cogobierno municipal y abrirse al diálogo, al consenso y al respeto por las normas. Las queridas y las otras. Con estas últimas, cabe la reforma legal. No el atropello del incumplimiento.
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