Luciana Mangó
Un grupo de médicos y abogados que integran la asociación civil Sociedad de Medicina Legal dijeron estar en contra de la reforma del Código Procesal Laboral impulsada por el gobierno provincial para destrabar el atasco en la Justicia laboral de Rosario. Entre los cambios, quitarán funciones a los peritos auxiliares y en su lugar crearán un cuerpo de especialistas dependientes del Poder Judicial. La idea es bajar la litigiosidad, pero según explicaron los médicos que están en contra, esto no sólo pondrá en riesgo al menos 60 puestos de trabajo, sino que atentará contra las personas que inicien juicios a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Dijeron que el grupo perderá imparcialidad a la hora de evaluar las lesiones o enfermedades.
“El perito médico auxiliar de la Justicia es la única garantía que tiene el trabajador para que le reconozcan las enfermedades o accidentes. Desde la provincia dijeron que los miembros del grupo ingresarán por concurso, pero sabemos que convocaron a médicos cercanos a las ART. El único perjudicado será el trabajador”, opinó uno de los abogados laboralistas de la Sociedad de Medicina Legal.
Atasco judicial
En Rosario hay 10 juzgados laborales que tramitan unos 10 mil expedientes al año. La mitad de las demandas que ingresan son por enfermedades o accidentes laborales.
En el primer semestre del año entraron 7.538 expedientes, de los cuales 3.960 fueron por accidentes o enfermedades de trabajo. Para salir del atasco, el Congreso Nacional sancionó en febrero de 2017 la ley de Riesgo laboral que establece que los trabajadores deberán pasar por Comisiones Médicas Jurisdiccionales antes de iniciar una demanda. Santa Fe no adhirió.
En cambio, impulsa desde entonces una reforma propia en el Código Procesal Laboral. El artículo 14 del proyecto dice que las pericias las hará un cuerpo médico dependiente del Poder Judicial que será creado para evaluar las incapacidades de los trabajadores en los juicios laborales. Para los médicos legistas, restará imparcialidad a la resolución del juez.
“A los médicos que les ofrecieron anotarse son los que curiosamente están a favor de las ART. O sea que en las pericias no otorgan incapacidad o rechazan la enfermedad. Empezar un juicio laboral llevará casi dos años. Una vez evaluados por este cuerpo, los trabajadores serán rechazados, ya que los médicos responden a los intereses de las ART”, señalaron desde la agrupación.
“El actual ministro de Justicia, Ricardo Silverstein, es el principal ideólogo de la eliminación del perito médico. Es integrante de la comisión directiva de asociart siendo su parcialidad a favor de las empresas”, agregaron.
El proceso
Según contó uno de los abogados laboralistas de la agrupación en su despacho recibe 15 casos mensuales, de los cuales cerca de 10 son de trabajadores que fueron mal diagnosticados por la ART: le dijeron no tuvo esa enfermedad o lesión, que la tenía de antes o le dieron una licencia menor a la que le correspondía.
Cuando un trabajador sufre un accidente o lesión, avisa al encargado y éste informa a la aseguradora. Si acepta la enfermedad o lesión le brindan las prestaciones médicas necesarias. Si las niegan, el trabajador puede apelar en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En caso que le vuelvan a negar la atención o licencia que pide, el trabajador inicia un juicio laboral a la empresa que puede demorar entre un año y medio y tres años.
Durante el litigio, el juez puede consultar a uno de los 60 peritos médicos auxiliares que están a disposición de la corte de la provincia. Según mencionaron desde la agrupación, la cantidad de médicos que ofrecen el servicio subió en los últimos dos años. En 2015 había 28 peritos inscriptos, en 2016 hubo 40 y el año pasado fueron 60. Ellos diagnostican al trabajador y cobran por honorarios determinados por el juez según las lesiones.
En declaraciones a El Litoral, Silverstein dijo que uno de los grandes problemas que tiene el sistema de riegos de trabajo es el cuestionamiento que le hacen a los peritos médicos cuyos ingresos dependen del monto de la sentencia y que los puede alentar a fijar mayores indemnizaciones. “Para nosotros los peritos tienen que ser empleados del Poder Judicial. Los problemas más serios en riesgos de trabajo es el tema peritos”, agregó el ministro al diario santafesino, y que consultado por este medio no respondió.
Para la agrupación de peritos y abogados laboralistas el sistema falla antes. “El dictamen del perito no es obligatorio, pero es la prueba fundamental porque las ART no aportan médicos ni controlan las pericias en el juicio. Tampoco hacen los exámenes pre ocupacionales ni los controles anuales. Las sentencias son a favor de los trabajadores porque las aseguradoras no cumplen y el juez tiene que creerle al trabajador. Si hay una industria del juicio es porque las ART no funcionan bien”, explicó uno de los abogados.
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