En el tiempo que va desde que fue elegido hasta el día que se siente en el sillón de Rivadavia, Mauricio Macri perdió a manos de los gobernadores más de 100 mil millones de pesos.
Una de las contracaras de esa historia es Miguel Lifschitz: entre el día que fue proclamado y el día de asunción pasó de heredar un módico déficit de 2.000 millones a un ingreso extra de 6.000 millones que no estaban en los cálculos. Además, claro, de los bonos que la Nación le tiene que entregar dentro de los primeros cuatro meses de gestión para cancelar la deuda acumulada: entre 35 y 50 mil millones según cómo se calculen los intereses.
El gobernador electo se apuró a asignarle la obra pública como destino. Definición de la que tomaron notas diputados, senadores y especialmente jefes comunales que ese mismo día mandaron desempolvar proyectos de inversión para acercarlos a la Casa Gris.
Sin embargo no habrá manteca para tirar al techo. Lifschitz ve venir una situación económica ajustada para 2016. Ayer se lo transmitió a todos los jefes comunales justicialistas de la provincia (sólo faltaron 2 0 3) durante una reunión a puertas cerradas.
También les proauso la forma de trabajo para los cuatro próximos años. Cerró así la ronda de encuentros con Omar Perotti, Miguel del Sel y su par entrerriano Bordet.
Criterio de oportunidad
La Corte calculó con la precisión de un ingeniero el momento para sacar el fallo. Puro criterio de oportunidad.
Basta imaginar las reacciones que hubiera generado dos años atrás, cuando se decía que la decisión estaba tomada pero los cortesanos aguardaban el momento adecuado para darlo a conocer. El kirchnerismo, vale recordar, por entonces había lanzado la reforma judicial denominada Democratización de la Justicia, y estaba en pie de guerra con parte del Poder Judicial, en especial contra su presidente Ricardo Lorenzetti. ¿De qué otra forma se hubiera leído sino como una represalia en el marco de ese conflicto?
La Corte priorizó el criterio de autopreservación por encima del daño que los descuentos de coparticipación le provocaba a las arcas de las provincias litigantes. Puso cuidado en no regalarle al gobierno de Cristina la posibilidad de acusarlo de querer desestabilizar su gobierno.
Otro tanto si el fallo hubiese salido este año, en medio del proceso electoral. Hubiera sido fácil que la Corte fuera lapidada a críticas desde distintos ángulos.
Por el contrario, al publicar las resoluciones 48 horas después de las elecciones, nadie puede acusarla ni de sabotear al gobierno con el que tanto conflicto tuvo, ni de intentar incidir en el resultado electoral.
Como mucho no dejó conforme ni a los que se van de la Casa Rosada ni a los que llegan, que tendrán que pagar.
Papa caliente para Macri
Desde lo jurídico, el núcleo del fallo es elemental: no se puede prorrogar un pacto de partes cuando una de esas partes no está de acuerdo. El pacto se firmó en 1992, se prorrogó sucesivamente hasta el vencimiento de 2006, cuando el gobernador Jorge Obeid se bajó por entender que ya no era conveniente para los intereses de la provincia. En 2009, el gobernador Binner demandó al Estado nacional porque continuaba reteniendo el 15 por ciento de la coparticipación para Ansés y el 1,9 por ciento para Afip.
Binner se compró un problemón: la Casa Rosada lo pasó a la lista negra, junto con Córdoba y San Luis, justamente las tres provincias a las que benefició el fallo de la Corte y las más maltratadas por la Casa Rosada, junto con Ciudad de Buenos Aires. Las cuatro, a la vez, son las de mayor autonomía económica.
Las alternativas para Mauricio Macri tras el fallo de la Corte no son muchas. Una es derogar con otro decreto de necesidad y urgencia el que firmó Cristina extendiendo la restitución del 15 por ciento de coparticipación a todas las provincias y limitarlo a las tres que ordenó la Corte.
Pareciera sencillo, una decisión técnica, pero no lo es. En la práctica significa quitarle a 21 jurisdicciones el chorro de plata que empezaron a recibir desde el mismo día que se firmó ese DNU (la coparticipación se reparte día a día en la medida que la Nación recauda). En todo el país intendentes y gobernadores hacen números y gastan a cuenta.
Una segunda alternativa es dejar todo como está, encontrar una fuente de financiamiento para tapar el bache fiscal dejado por el DNU de Cristina y acelerar el mandato de la Constitución del 94: consensuar una nueva ley de coparticipación con las provincias. Otra vez suena más fácil de lo que es. De hecho el plazo de 2 años fijado en la Carta Magna ya se extendió a 22.
Los que se van
Cristina deja una Argentina con la economía funcionando, sin la plaga del desempleo ni crisis social; con innumerables proyectos en marcha y las instituciones funcionando a pleno. Es una más que decorosa salida si se tiene en cuenta la historia de las presidencias argentinas.
Por eso no se entiende la actitud que adoptó la presidenta desde el día posterior al balotaje, buscando condicionar el escenario de gobierno de Mauricio Macri. Muchas medidas llevan el sello del enojo y la contrariedad. Inexplicable para alguien que gobernó ocho años y no tiene que esconderse ni irse en helicóptero. Se va con la frente alta, como se van los presidentes de la democracia, con adherentes y detractores. Y la posibilidad de intentar volver en cuatro años.
Nombrar embajadores horas antes de terminar el mandato, modificar el organigrama de direcciones de gobierno, designar funcionarios, o firmar un decreto de necesidad y urgencia que define el destino de más de 100 mil millones de pesos suena a impotencia y falta de enjundia para transitar el fin de la estadía en el poder. No son decisiones que cuadran con el legítimo derecho de un presidente a ejercer el poder hasta último momento.
Santa Fe
Antonio Bonfatti entregará el mando a Miguel Lifchitz el viernes. Se muda a un puñado de cuadras, donde anidará con sus 760 mil votos en la presidencia de la Cámara de Diputados.
Cuatro años atrás el desconcierto era total: Bonfatti iniciaba una etapa de alto riesgo institucional, con sólo 3% de ventaja electoral sobre el PRO y las dos cámaras legislativas en manos del justicialismo.
La necesidad lo obligó a abrir el juego para sobrevivir, establecer acuerdos, resignar proyectos. Esa capacidad para adaptarse a las circunstancias le valió el reconocimiento de la oposición. No así del gobierno nacional que, con excepciones, le propinó fuego a discreción.
Deja una provincia económicamente ordenada, desendeudada y con proyectos en marcha. Superó crisis inusuales, como la derivada de la detención del jefe de Policía, el levantamiento policial de 2013, el ataque a balazos a su vivienda particular y la otra, más permanente y profunda que hereda Lifschitz: la de la violencia en sus distintas formas, desde la derivada del narco hasta la interpersonal, con el consecuente tendal de muertes que convirtieron a Rosario en ciudad récord. Una explosión de violencia tan inquietante como enojosa. A tal punto que el socialismo casi paga con tres décadas de acumulación política, al contado y sin recibir vuelto.
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