La disputa por las autoridades en el Concejo Municipal dejó un panorama complejo para el gobierno de la ciudad, que deberá ingeniárselas cada vez que necesite respaldo legislativo para sus iniciativas.
Teniendo en cuenta que la relación de fuerzas no le es favorable, tiene delante de sí un reparto diversificado que al menos le permitirá pivotear entre los dos grandes bloques que vertebran a la oposición para alcanzar acuerdos: el PRO por un lado y kirchnerismo, cavallerismo, y UCR no frentista por el otro.
Por lo demás, fueron horas difíciles para el oficialismo. A las diferencias dentro del socialismo sobre si el presidente del cuerpo sería Miguel Zamarini o Miguel Cappiello se le sumó la particular situación en la que el radical Martín Rosúa y el demócrata Aldo Poy (con el guiño de Zamarini que a esa hora había logrado ser reelecto) tomaron protagonismo abriendo instancias de negocia-ción con el peronismo y el PPS en paralelo a las que Manuel Sciutto llevaba adelante con el PRO.
Zamarini, Poy y Rosúa en lo formal se relacionan al resto del Frente Progresista por pertenecer al interbloque pero en la práctica serán un dolor de cabeza para los concejales socialistas. La intendenta Mónica Fein, como timonel de la coalición política, habrá de navegar sobre esas turbulencias internas.
Puentes sobre aguas movidas
En el Palacio de los Leones dicen estar satisfechos con la composición final de las comisiones. Un heterogéneo Frente Progresista colonizó sillas en todas. Quizás el dato más llamativo es la ausencia de socialistas en la estratégica comisión de Gobierno que sólo contará con la minoritaria participación de dos radicales.
Un párrafo sorprendente de toda esta historia es lo desdibujado que terminó el rol de Miguel Cappiello, quien después de la apuesta del binnerismo para imponerlo como cabeza de la lista del oficialismo resultó relegado a la hora de pelear la presidencia del cuerpo. Tampoco quedó al frente de la comisión de Salud Pública porque terminó en manos de la oposición. También quedó relegado el Frente para la Victoria, que no logró hacerse de ninguna presidencia de comisión.
Presupuesto, segundo round
El reparto de espacios de poder dentro del Concejo contaminó el debate del esquema de financiamiento del transporte urbano y el valor de la tarifa a pagar por los usuarios, y la sesión terminó al borde del escándalo.
A pesar de los gritos y las acusaciones, la Intendencia alcanzó acuerdos con todos los sectores menos el PRO, que se negó a votar cualquier aumento a pesar de que la ciudad estaba al borde de un conflicto en el transporte. La salida encontrada alcanza para apagar el incendio; hay quienes tienen dudas de que sea una solución duradera.
El próximo paso es el presupuesto 2014. El Ejecutivo aspira a sacarlo con votos del bloque del PPS, el kirchnerismo y la UCR no frentista.
El PRO planea hacer la fácil: despreocuparse de la suerte del presupuesto, votar en contra e inducir a que los demás paguen costos políticos. Queda por ver si el concejal Roy López Molina y el resto del bloque repetirán el show de acusaciones contra el resto de la oposición que desencadenó los altercados de la sesión pasada.
López Molina, disconforme por la escasa participación que le toca al PRO en las comisiones, sostuvo que el acuerdo para destrabar el tema del boleto de transporte se debió a un “plan canje” entre el oficialismo y el resto de la oposición. Roberto Sukerman y Héctor Cavallero estallaron. No estaban dispuestos a tensar la cuerda para dejar sin transporte a una ciudad que entre paro policial, amenazas de saqueos y 1.500 gendarmes patrullando calles era una olla a presión.
Lo que dejó la protesta policial
La misma línea de razonamiento hizo que el viernes la Cámara de Diputados aprobara en tiempo récord el proyecto de Presupuesto provincial 2014 tal como lo había despachado el Senado. La lectura generalizada fue que este diciembre no necesitaba de nuevas tensiones políticas. Como el Senado ya había limado los bordes más polémicos del proyecto enviado por la Casa Gris, se resolvió votarlo tal cual. Lo único llamativo fue la abstención en particular de los diputados de la UCR, que son parte del gobierno.
La premura de los diputados tuvo un segundo componente. Evitar que el Ejecutivo introduzca partidas extras para solventar los aumentos concedidos a Policía y Servicio Penitenciario en el ínterin que el proyecto tuvo media sanción del Senado y pasó a la Cámara baja.
Como el resto de la política salarial, el aumento a los policías será solventado con ahorro, mejor recaudación y eventualmente menos obra pública. El ministro de Economía Ángel Sciara aclaró que no será vía aumento o creación de impuestos.
La cifra a reunir no es menor, pero tampoco es lo que más preocupa a la Casa Gris. El futuro de la propia Policía, las reformas sobre las que hay que avanzar son desafíos mayores. Ahí se verá si la protesta que puso a la provincia al borde del estallido social sólo era el reclamo salarial que se esgrimía o si sobre eso se encaramaron los personeros de un nuevo Resistiré.
El ¿último? resistiré
Y hablando de Resistiré, el viernes se prendieron todas las alertas cuando la Cámara de Diputados cerró el año de sesiones sin haber aprobado una ley complementaria sin la cual es imposible poner en práctica el nuevo Código Procesal Penal el 10 de febrero.
La ¿última traba? surgió del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la capital provincial y logró la adhesión de su par de Rosario.
El punto de discordia es la figura de los secretarios. El proyecto de ley, entre otros puntos, establece que permanezcan en el viejo sistema para la tramitación de las causas residuales. Cuando éstas se extingan podrán optar por ser defensores adjuntos o integrar la Oficina de Gestión Judicial.
La figura del secretario de juzgado tal como se la conoce, como fedatario, está vinculada al proceso escrito y carece de sentido cuando todas las audiencias son orales, públicas y quedan registradas por medios digitales.
Ni el supuesto de inconstitucionalidad de las audiencias, ni el supuesto plan para más tarde erradicar a los secretarios de los demás fueros son ciertos. Lo que ocurre es que los colegios de magistrados temen perder poder dentro del Poder Judicial, ya que hay tantos secretarios como jueces y si prosperase su jugada, sólo en Rosario se requeriría designar 76 nuevos secretarios para hacer empezar a funcionar el nuevo sistema. son 76 afiliados más al Colegio.
Ante este panorama, el Poder Ejecutivo iniciará mañana los contactos con la Cámara de Diputados para que sesione una vez más antes de fin de año.
En Tribunales se preparaba este fin de semana un documento que estaba previsto que lleve las firmas de los jueces de la Cámara Penal rechazando las pretensiones de ambos colegios.
De concretarse será toda una curiosidad: los mismos afiliados rechazan la posición del Colegio que los representa. Algo no está bien.
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