El gobierno santafesino presentará este miércoles, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un pedido para que la Nación cancele la deuda que mantiene con la provincia por descuentos indebidos sobre la coparticipación federal. En la previa, el gobernador Miguel Lifschitz explicó el motivo que lo llevó a dar por clausurada la negociación política y llevar el tema a la Justicia: el mecanismo de actualización de los bonos ofrecidos por el gobierno nacional para saldar la deuda.
Las negociaciones quedaron trabadas después de la primera –y única– oferta realizada por la Nación, a mediados de abril, que consistía en bonos públicos a 12 años por un monto de 31 mil millones de pesos y la ejecución de una serie de obras, financiadas por el Estado central, en territorio santafesino. A la provincia no le convenció la propuesta y, por ese motivo, fracasada la vía política, Lifschitz decidió llevar el reclamo a la Corte.
Este martes, en declaraciones a la prensa en Santa Fe, el gobernador opinó que “siempre tiene que haber una resolución política” pero aclaró que “a veces se necesita que la Justicia, como en este caso, sea un poco más perentoria en cuanto a los plazos para que se pueda cumplir con esta obligación que tiene el Estado nacional con la provincia”.
“Aceptamos –agregó Lifschitz– que parte de la deuda fuese resuelta con obras del gobierno nacional. Lo que discutíamos eran los mecanismos de actualización, porque como los bonos y las obras se iban a desarrollar en el tiempo, planteábamos un sistema de actualización que el gobierno nos negaba porque nos decían que la inflación del año en curso iba a ser del 15% y la del próximo año de un dígito. La realidad demostró que no fue, no es y no va a ser así. Por eso no se pudo llegar a un acuerdo”.
A valores históricos, la deuda acumulada entre 2006 y 2015 por descuentos a favor de la Anses y la Afip asciende a 23 mil millones de pesos. A mediados de 2017, la provincia de Santa Fe actualizó ese monto en 54 mil millones. Ahora, por efecto de la corrida del dólar y la devaluación, el gobierno provincial reclamará ante la Corte una suma superior a los 100 mil millones de pesos.
Entre los fundamentos jurídicos que mencionó el mandatario provincial se encuentra el compromiso asumido por el presidente Mauricio Macri en el Consenso Fiscal de 2017, donde se incluyó una cláusula que establecía el 31 de marzo de 2018 como plazo final para lograr un acuerdo entre la Nación y la provincia. Esa meta no se cumplió y las negociaciones quedaron estancadas.
En ese sentido, Lifschitz señaló que “el tema se incorporó en el Consenso Fiscal, se convirtió en ley por unanimidad en el Congreso y, a pesar de todo esto, no hemos logrado una respuesta. Lo que le estamos pidiendo a los ministros de la Corte Suprema es que pongan un plazo perentorio e intimen al gobierno nacional a dar una respuesta a la provincia de Santa Fe”.
Dinero sí, gendarmes no
Dos semanas atrás, el intendente de Santa Fe y precandidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, propuso que la Nación cancele la deuda con la provincia enviando 4500 efectivos de las fuerzas federales en los próximos cinco años para atacar la “epidemia” de inseguridad que sufre Santa Fe.
Lifschitz rechazó de plano esa propuesta: “Nos parece una sugerencia fuera de contexto. La deuda se tiene que pagar con plata, en efectivo, con recursos; estamos hablando de pesos o dólares que en su momento se le quitaron a Santa Fe”.
“Esa no fue una propuesta nacional, sino del intendente”, diferenció el gobernador. “En todo caso, la seguridad nacional la debe brindar el Estado porque la pagamos entre todos. Es una responsabilidad del gobierno nacional colaborar con las provincias en materia de seguridad, de hecho lo está haciendo. Tenemos una excelente relación con la ministra de Seguridad y con las fuerzas federales que están destacadas en la provincia de Santa Fe. Son las que de mutuo acuerdo hemos considerado necesarias para colaborar con la Policía de la provincia. Creo que no hay que mezclar de manera especulativa los temas de seguridad con la deuda”.
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