En el debate parlamentario de la ley de expropiación sui generis de la acciones de YPF hubo varios intentos serios o respetables de exponer con claridad y valentía por qué ésta no era la forma de asegurar el control nacional de los recursos naturales. El oficialismo hizo lo que se esperaba dado su gran respeto por el debate parlamentario, apoyado por una puesta en escena que intimidó para que no hubiera debate y ni se oyera o escuchara las voces disidentes. Y para que la oposición caiga en la trampa de tener que elegir entre aceptar la consagración de la baja calidad institucional o aparecer traicionando la recuperación del control de los recursos hidrocarburíferos. Sólo hubiera faltado hacer una ley ómnibus e incluir el nombramiento del procurador para terminar de hacerle jaque mate a la oposición.
Hace más de ocho años que existen trabajos que miran los datos del sector energético y advierten sobre un problema sectorial grave asociado a errores de política y que trasciende a YPF. Estos trabajos fueron primero tapados con una negación sistemática de que existieran desbalances energéticos. Ahora, para esta decisión, fueron tapados por un cóctel de teoría conspirativa, vaciamiento y desabastecimiento. El caldo de cultivo para esta propaganda fue un genuino anhelo de la mayoría de la población de hacerse del control de los recursos naturales y de recuperar el logo de YPF. Pero el problema es que eso fue, otra vez más, explotado para consagrarnos frente al mundo como un país de baja calidad institucional, por más voto parlamentario que haya detrás.
La evidencia disponible es bastante contundente respecto de que la política energética de los 2000 de la Argentina fue la que nos condujo a esta situación. Hay un estudio que recopila la historia de medio siglo del consumo y la producción de energía de la Argentina. Son datos elaborados a partir de los oficiales, de los balances energéticos anuales del país 1960-2010, estimados para 2011-12 y expresados en millones de barriles equivalentes de petróleo por año. La diferencia entre la producción doméstica y el consumo es lo que en los balances se registra como importaciones o exportaciones netas de energía. Del estudio se observan cuatro períodos bien definidos. Primero, las dos décadas en donde la Argentina fue un país importador neto de energía en el orden promedio de 35 millones de barriles de petróleo por año. Segundo, los años ochenta en donde se alcanza el autoabastecimiento. Luego vinieron los «infelices 90», según la imagen del gobierno, en donde caímos en la trampa de las señales de mercado, la desregulación y la privatización. ¿Y qué pasó? ¡Epa! Según el estudio, la producción creció como nunca antes. La Argentina no sólo consolidó su autoabastecimiento sino que pudo exportar excedentes por más de 150 millones de barriles equivalentes de petróleo y atender una demanda interna que crecía a una tasa superior al promedio histórico. Finalmente, viene el período posterior a 2003 en donde la Argentina decide enterrar al oprobioso modelo basado en señales de mercado y pasar a controlar precios e intervenir mercados para facilitar, según el relato oficial, el crecimiento. ¡Qué bueno! Y llevarnos, de nuevo, a una caída de la producción y estímulo a la demanda que nos condujo otra vez al desabastecimiento de energía, en momentos en que el precio se encuentra en récords históricos. Este logro inigualable del modelo va a implicar un desabastecimiento de más de 50 millones de barriles equivalentes de petróleo. Y promete no parar si no cambia la economía de la energía que ha inspirado a la política energética.
Estos datos muestran que, para el caso de la producción nacional de energía, no se puede hablar de la “trompa del elefante” –refiriéndonos a la caída de la producción– sin reconocer que atrás de la trompa debe seguramente estar escondido el elefante. Nos guste o no, el elefante se erigió en la década de los 90, en donde las señales de mercado hicieron funcionar muy bien al sector energético. Y la trompa es el resultado de haber suprimido esas señales de mercado. Complementados con el hecho de que las caídas en la producción de petróleo y gas hace rato que se generalizan a más de una cuenca y de una empresa, estos datos son un problema para la versión oficial.
Aun así, la verdad es que la explicación de lo que nos pasó es mucho más compleja que lo que dice éste o cualquier otro estudio. Los matices de un verdadero debate son varios y afectan a muchas afirmaciones escuchadas. Se podrían decir varias cosas más. Ni los 80 fueron un logro de autoabastecimiento separado de descubrimientos anteriores. Ni la YPF pública se vino abajo por culpa de los gremios o los proveedores. Ni la actual pérdida del autoabastecimiento es independiente del desempeño (en particular exploratorio) y de la ausencia de planificación energética de los 90. Ni Estenssoro fue un mago que puede verse independientemente del clima de negocios de su época. Ni Galuccio va a ser otro mago si los precios y demás datos de la economía de la energía siguen siendo los mismos. Pensar o decir todo esto suena ahora casi académico y poco relevante para oponer argumentos en un ambiente en donde prevalece la fabricación política de un default contractual envuelto en la bandera nacional.
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