Mañana será un día que quedará en la historia. Al mediodía, el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario, compuesto por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, dictará sentencia a cinco imputados que desde hace más de siete meses están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Las partes acusadoras pidieron prisión perpetua y cárcel común. Los defensores, por su parte, solicitaron que de haber condena, las penas sean atenuadas y, en algunos casos, se los privilegie con la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.
El 31 de agosto de 2009, gran cantidad de gente se reunió en la puerta de los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 para el comienzo del primer juicio oral y público en Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la zona del Gran Rosario.
Después de 34 años de demoras, cinco de las cientos de personas que formaron parte del llamado Proceso de Reorganización Nacional en Rosario comenzaron a ser juzgadas.
Sin embargo, no todos pudieron asistir a la primera jornada: la sala del Juzgado Federal Nº 1, donde se realizó el proceso, tiene capacidad para unas 30 personas. El resto debió seguir la transmisión desde televisores ubicados en la puerta del tribunal, o desde el anexo armado para tal fin en la Cámara de Apelaciones Federal, en Entre Ríos al 400.
Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Constanzo son las cinco personas que desde hace más de siete meses están sentadas en el banquillo de los acusados.
En las causas en su contra, que son conocidas con los nombres Quinta de Funes y Fábrica de Armas por dos de los principales Centros Clandestinos de Detención (CCD) en los que operaban, se cuentan 16 desapariciones. De alguna manera todas están presentes en la sala de audiencias, pese a que los jueces prohibieron el uso de remeras alusivas, pancartas y carteles.
Ese recuerdo también lo trajeron a la sala de audiencias sobrevivientes de los secuestros y las torturas de los grupos de tareas que operaban en la zona del Gran Rosario. Emma Buna reviviendo los tormentos sufridos hace más de tres décadas; Juan Rivero con su voz quebrada recordando su paso por la Fábrica de Armas o Jaime Dri señalando y nombrando a cada uno de los imputados por su nombre de guerra fueron algunos de los momentos vividos con mayor intensidad durante estos siete meses y medio.
Además de los CCD Quinta de Funes y Fábrica de Armas, el quinteto está acusado de operar en otros tres lugares: Escuela Magnasco, de Zeballos y Ovidio Lagos; La Intermedia, en La Ribera (al norte de Rosario) y La Calamita, en Granadero Baigorria.
Su paso por estos cincos “chupaderos” –según se fue reconstruyendo a lo largo del juicio– respondió a una cuestión cronológica: nuevos CCD se iban abriendo a medida que otros cerraban.
Así, en base a las fechas de detención de los sobrevivientes y de los desaparecidos, los lugares en donde cada uno de ellos fueron vistos y las declaraciones del imputado Eduardo Constanzo, puede afirmarse que primero –a partir de 1976– funcionó La Calamita, ubicada al oeste de Granadero Baigorria, pasando la “vía alta”, en la continuación de la calle Eva Perón (ex Córdoba).
Más adelante, en 1977, comenzó a funcionar la Quinta de Funes, ubicada sobre la vieja ruta 9, hasta principios de 1978, cuando una fuga inesperada y una denuncia internacional –derivadas de la frustrada Operación México– obligó a una veloz mudanza a la escuela Osvaldo Magnasco, de Ovidio Lagos y Zeballos, donde abrió sus puertas un nuevo CCD.
Más tarde, con el inicio de clases, se realizó un nuevo traslado, esta vez a La Intermedia, una casa-quinta que la familia Amelong poseía en La Ribera, a pocos metros de una de las estaciones de servicio que hay sobre la autopista Brigadier López, cerca del río Carcarañá. Cuando allí ya no quedó nadie con vida –es donde fueron asesinados 14 de los 16 desaparecidos–, comenzó a funcionar Fábrica de Armas, que justamente se ubicaba en un sector aislado de la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, en Ovidio Lagos al 5600, donde hoy funciona la Jefatura de Policía de Rosario. Allí llegaron nuevos secuestrados y desaparecieron dos personas más.
Sólo pañuelos blancos
Un espacio reducido, un blíndex destinado a proteger a los represores –que en más de una oportunidad arrojaron miradas desafiantes al público– y la imposibilidad de ingresar a la sala de audiencias con distintivos y fotos de las víctimas, fueron los reclamos que más se repitieron entre los familiares de desaparecidos y sobrevivientes durante el desarrollo del juicio. Sólo el pañuelo blanco de las madres y abuelas fue autorizado en el recinto.
La vincha del represor Amelong el primer día del juicio, en el que exigía la “legalidad” que otrora no supo otorgar cuando tenía poder de decisión sobre la vida o la muerte de las personas, fue una clara provocación y un acto para demostrar que se siguen creyendo impunes. “Nos prohíben ingresar con fotos y distintivos, y a Amelong no lo reprenden”, dijo hace unos meses Elida Luna –querellante en la causa Feced– a El Ciudadano. “Esta determinación partió de los jueces de acá, porque en otros lugares del país está permitido”, agregó.
Provocaciones también hubo: algunos de los imputados durmieron jornadas enteras del juicio, mientras que otros bromeaban con los abogados defensores sobre algunos de los testimonios.
La hora de la verdad
Mañana, luego de siete meses y medio, se escuchará la sentencia. El cantero central de bulevar Oroño estará invadido por personas que irán a apoyar a los sobrevivientes, a recordar a los desaparecidos y a esperar que los cinco imputados sean condenados a prisión perpetua, efectiva y en cárceles comunes.
“¿Por qué no cabe otra condena que la prisión perpetua para los cinco represores juzgados en el primer juicio oral de Rosario por crímenes de la última dictadura militar?”, preguntó Ana Oberlin, integrante del equipo jurídico de Hijos Rosario. “No quedan dudas de que Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Constanzo, merecen que se les aplique la máxima pena establecida en nuestro Código Penal, la prisión perpetua. Tampoco hay margen para que los jueces permitan que esta prisión no sea efectiva y deberán pasarla en una cárcel común, cómo cualquier persona que es condenada por delitos de tanta gravedad en nuestro país”.
“Por lo abrumadora que fue la prueba en este juicio, estamos seguros de que está vez va a haber tenido sentido que los testigos hayan expuesto su dolor y transitado otra vez los espantos que fueron obligados a vivir. Estamos seguros de que a partir del jueves vamos a volver a creer en la Justicia, que tantas veces le garantizó impunidad a los represores y nos obligó a tener que verlos caminando libres por ahí como cualquiera de nosotros. También esta primera condena nos va a demostrar que esta pelea, que dimos junto a muchos otros, tuvo y tiene sentido”, dijo Oberlin a Rosario/12. “Y esta vez, al fin la prisión nos va a gustar. Sin dudas”, acotó.
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