A cuatro meses de la tragedia de Once, la Cámara Federal ordenó excarcelar al empresario Claudio Cirigliano, presidente de la firma Cometrans –detenido por presunto ocultamiento de pruebas en la investigación del accidente que causó la muerte a 51 personas–, y también la excarcelación del presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA), Carlos Ferrari, ambos detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadío.
El magistrado les impuso una caución de 5 millones de pesos a cada uno. Los dos presentaron pólizas para cubrir e monto, por lo que se presumía que iban a recuperar su libertad en la madrugada de hoy.
El juez ordenó detenerlos por considerar que ambos obstaculizaron la investigación ocultando información documental sobre los subsidios que recibía TBA por parte del Estado nacional para el funcionamiento de los ramales Mitre y Sarmiento.
Las defensas de los empresarios argumentaron que en realidad no ocultaron sino que “resguardaron” la documentación. Pero, a diferencia de Cirigliano y Ferrari, el abogado Carlos Lluch –un consultor externo acusado de dar la orden de trasladar la documentación en cuestión– permanecerá detenido.
Para justificar la excarcelación bajo fianza, la Sala II explicó: “No concurren ni han sido suficientemente expuestas las circunstancias que permiten presumir que Sergio Claudio Cirigliano habrá de intentar profugarse o entorpecer el regular curso de la instrucción, su excarcelación se impone”; según el fallo firmado por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
“No puede pasarse por alto que, hasta dicho momento, las autoridades de Trenes de Buenos Aires SA venían cumpliendo sin dilaciones los requerimientos que les formularon tanto el juez como los peritos intervinientes desde el inicio mismo de las tareas periciales”, remarcaron los jueces.
“No resulta compatible con la intención obstructiva que se asignó a los eventos desarrollados”, agregaron.
La Cámara reprochó al juez Bonadío ya que “la eventual verificación de faltantes o aún los hallazgos de documentación dañada” es el resultado “de la falta de un método asegurativo eficaz, tanto de quien debía proteger la prueba como de quienes procuraron su resguardo”. Y tildaron de “insuficientes” las explicaciones del juez, para “mantener la restricción de la libertad de Cirigliano”. Los mismos argumentos expusieron al ordenar la excarcelación de Ferrari.
En la investigación, el juez Bonadío ya indagó a los ex directivos de la empresa TBA, a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como al maquinista Marcos Antonio Córdoba, entre otros.
La estrategia de los ex directivos y ex funcionarios es responsabilizar por el accidente a Córdoba, quien condujo ese día la formación siniestrada, al atribuirle deficiencias en su labor pero también problemas de salud, los cuales –según ellos– incidieron en el hecho.
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