Julio De Vido saturó el teléfono de Hugo Moyano. El miércoles, mientras gendarmes y camioneros se pechaban en La Matanza, el ministro trató de resucitar su instrumental –y caduca– amistad con el camionero para ensayar una vía de diálogo. Nadie lo atendió.
Moyano pudo recordar, el mismo miércoles, el atardecer del 16 de marzo de 2011 cuando De Vido recibió su llamado, y antes de escuchar el furioso descargo por los olvidos oficialistas frente al exhorto de la Justicia suiza, le dijo:
—Hugo, Cristina quiere que esto lo hables con Zannini. Llamalo a él.
—Con ése no hablo. Con el único que hablo es con vos, pero si no querés…
El miércoles, el jefe de la CGT clausuró la brecha mínima que intentó De Vido para habilitar una negociación que recién ayer, y tercerizada a través de Luis Morales, titular de Fadeac, permitió descomprimir una crisis que era una encerrona para Moyano y el gobierno.
Entre la denuncia de lock out a la cámara empresarial –lanzada por el ministro– y la urgencia táctica del camionero por escapar de un paro que en horas más (si persistía el desabastecimiento) lo pondría en el atril de la maldición pública, De Vido encontró un atajo.
El camionero resignó 4,5 puntos de la paritaria para salir, por arriba, del laberinto del paro –cerró el 25,5 por ciento, más que la seudooficialista UOM– sin ceder ante la Casa Rosada, y universalizó su demanda en torno del mínimo no imponible.
Algo más: evitó la eventualidad de que, con el paso de las horas, el operativo oficial para abastecer de combustible fuera exitoso y revelara que el cerco de los camioneros no era tan infranqueable como supone la novela moyanista.
Morales trianguló entre Moyano, Guillermo Moreno y el devidista José María Olazagasti. Más tarde el empresario se animó a un reproche público que apenas semanas atrás era inconcebible: lapidó a De Vido. Castigado por Cristina de Kirchner, el ministro se volvió vulnerable.
Desde Olivos, la presidenta digitó cada movimiento: ordenó una embestida contra Daniel Scioli y hasta evaluó, si se profundizaba el conflicto, convocar una sesión especial en el Congreso para repudiar “la extorsión” moyanista.
Resolvió, además, no prestarse a una pulseada pública con Moyano, por lo que suspendió un acto que tenía programado para la mañana de ayer, en Casa de Gobierno. Reaparecerá mañana en otro marco: la cumbre bilateral con el primer ministro chino Wen Jiambao.
Desanudar
Ante la suspensión del paro, el gobierno empezó a desanudar la ofensiva. Juan Manuel Abal Medina se encargó de decirle a la Comisión de Acción Política (CAP) del PJ que no difundiera un documento incendiario contra el camionero. Lo de la CAP fue un espejismo: en la sede peronista de Matheu sólo estuvieron –de 21 miembros– el chaqueño Jorge Capitanich y el jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi.
Formó parte de un esquema de eficacia irregular: mostrar al PJ detrás de la presidenta y aislar a Moyano. El miércoles Florencio Randazzo y Amado Boudou llamaron a gobernadores para que tomaran postura pública. El ministro del Interior le sugirió a Capitanich que convocara a la CAP.
El jueves, el día de máxima tensión del conflicto, hablaron varios: desde el entrerriano Sergio Urribarri hasta el rionegrino Alberto Weretilneck, pasando por el tucumano José Alperovich y el salteño Juan Manuel Urtubey. Cosas de la vida: en 2011, Moyano patrocinó un candidato en su contra que tenía, además, apoyo de De Vido.
Adrede, el gobierno quiso ampliar el coro crítico contra Moyano más allá del elenco ministerial y recurrió a los gobernadores para desplegar un cerco de aislamiento en torno del camionero. Lo consiguió con excepciones, entre ellas Daniel Scioli.
Regresado de Europa, el bonaerense reunió a su gabinete para analizar el conflicto, mientras en la Capital Gabriel Mariotto participaba del comité de crisis con De Vido y Sergio Berni.
Durante unas horas, según el ministro de Planificación, hubo dos gobernadores. El que estaba en La Plata, Scioli, evitó ensañarse en palabras con Moyano, lo que alimentó el malestar de Balcarce 50.
Al mediodía, Scioli le había dado la orden a su ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, para que hiciera una presentación judicial ante el faltante de gas en distintas localidades de la provincia. Cuando los abogados bosquejaban ideas, se frenó el paro.
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