Marcos De Carlo
La insufrible situación que atraviesan los rosarinos desde principio de año, respirando un aire viciado y tóxico producto del humo que generan las quemas en las islas del Paraná, puso en la agenda nacional la necesidad imperiosa de contar con una ley de Humedales. No sólo la salud ciudadana está en juego sino los cientos de especies que habitan este ecosistema y el balance mismo que los humedales ejercen sobre el medioambiente. La irresponsable explotación agroganadera e inmobiliaria de las islas dejó al desnudo la ineficacia de los entes gubernamentales para ejercer las funciones de control e hizo visible la necesidad de contar con herramientas para frenar el ecocidio. Las noches de insomnio, la irritación ocular y los problemas respiratorios que soportaron los rosarinos y santafesinos durante este tiempo activó la respuesta del Congreso: por primera vez hay consenso y voluntad política en los distintos espacios para avanzar con una ley de Humedales, que ya comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados.
Leonardo Grosso es diputado nacional por el Frente de Todos y preside la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja. En diálogo con El Ciudadano se refirió al avance del debate legislativo que tendrá como desafío unificar las propuestas de los diferentes espacios políticos. No es la primera vez que se intenta sancionar una ley que proteja a los humedales, que constituyen alrededor del 21% del territorio nacional. Intenciones anteriores chocaron de frente contra el lobby agropecuario, minero e inmobiliario, por lo que el legislador consideró que el apoyo popular se vuelve de vital importancia para que a fuerza de movilizaciones y manteniendo el tema en agenda pueda salir la ansiada ley que permita terminar con el ecocidio.
“A partir de los incendios del Delta del Paraná que afectaron a Rosario y a otras ciudades, se presentaron muchísimos proyectos. Se trata de presupuestos mínimos sobre conservación de humedales. Y eso da cuenta de dos cosas. Primero de la voluntad política de los distintos espacios políticos que tienen representación: el socialismo, Consenso Federal, el bloque Justicialista, el PRO, los radicales, el Frente de Todos, todos tienen proyectos presentados; y por otro lado que es un tema que ya se viene trabajando en el Congreso desde 2013, que en el Senado tuvo media sanción en 2016 y que siempre se cayó por intereses económicos bastante mezquinos”, expresó el legislador del Movimiento Evita.
Grosso explicó que en la comisión que preside ya se realizaron dos reuniones informativas donde participaron organizaciones ambientalistas, universidades, municipios, productores y campesinos, entre otros, y que por la gran convocatoria deberán realizar al menos dos más. “La idea es que hablen todos y todas”, dijo el diputado.
“Analizamos la situación de por qué se habían frenado los proyectos anteriormente. Hay un lobby fuerte de los sectores del agronegocio, minero e inmobiliario, que plantean algo que no es cierto”, sostuvo al despejar los fantasmas de que la ley vaya a prohibir la actividad económica en los humedales.
“Ninguno de los proyectos presentados establece ninguna prohibición taxativa. Lo que se plantea son presupuestos mínimos de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que los emprendimientos productivos, inmobiliarios o mineros que se desarrollen tienen que cumplir con presupuestos mínimos de protección, con los estudios de impacto ambiental y no tienen que destruir los servicios ecosistémicos de esos humedales. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Prender fuego 70 mil hectáreas de pastizales como hicieron en el Delta del Paraná, no se puede construir un country rellenando una laguna y obturando la capacidad de absorción de ese humedal. Lo que hay que hacer, en definitiva, es invertir un poco más. A lo que se niegan estos intereses que bloquean el tratamiento de la ley es a la regulación del Estado. Nosotros no queremos prohibir nada, lo que queremos es poner reglas claras que preserven los servicios ecosistémicos, que son un beneficio de toda la sociedad y que no pueden ser patrimonio de quienes hayan comprado una tierra donde se encuentra un humedal”, remarcó.
Más allá de la legislación, el diputado reconoció que “falta control” para hacerla efectiva. “Por eso solicitamos presupuestos mínimos, no se trata de una ley de adhesión, es una ley donde las provincias tienen obligaciones”, puntualizó.
Grosso destacó, además, que el proyecto de su autoría tiene un capitulo penal y de sanciones administrativas para todos aquellos que no cumplan con la eventual ley. “Planteamos multas, con un máximo de 843 millones de pesos. ¿Y eso por qué? Además de tener un criterio de responsabilidad extendida, que la multa no la paga el peón que prende fuego sino el empresario dueño de las tierras, las ponemos altas porque si no las incorporan a sus costos de producción, pagan la multa y siguen ganando mucha plata. Si se hacen sanciones administrativas se entiende que son para inhibir a las empresas a llevar adelante una práctica que el Estado entiende que es perjudicial”.
Pero además en su proyecto se prevén penas para los infractores que no sean excarcelables y van de 1 a 10 años dependiendo del tipo de delito, con responsabilidad extendida hacia los dueños de las tierras pero también abarca a los funcionarios que teniendo información al respecto no actúen de manera correcta.
Una de las ideas en danza es que en el dictamen unificado haya un apartado particular referido a la actividad productiva y otro para el desarrollo inmobiliario o urbanístico.
Para hacerle frente al lobby que puede entorpecer el avance de la ley, Grosso destacó que es indispensable ganar la calle: “Si no hay apoyo popular, la ley no sale. Nosotros tenemos toda la voluntad de sacarla pero en el medio los planetas siempre se alinean con el poder económico, entonces tenemos que movilizarnos, estar muy atentos, no dejar caer el tema en la agenda. Los proyectos de humedales tienen 20 mil giros (a distintas comisiones), son estrategias para que no avance. Históricamente la comisión de Agricultura frenó el proyecto de Humedales. Entonces necesitamos mucha movilización alrededor para que estos sectores no impongan sus intereses porque cuando eso pasa los que perdemos somos todos, el Estado no regula y ellos siguen con sus prácticas depredatorias”.
“Si no prestamos atención en un momento donde tenemos a un tercio de la población mundial confinada en sus casas por un virus de origen zoonótico, que hizo caer 10 puntos el PBI global y donde mueran miles de personas día a día, no lo aprendemos más. Creo que es un momento muy propicio para discutirlo. La nueva normalidad que hay que construir no tiene espacio para que planteemos las cosas sin pensar la perspectiva ecológica”, sostuvo el diputado nacional y agregó: “El agronegocio tiene que ser discutido en la Argentina, el desarrollo inmobiliario privado también, tenemos problemas muy grandes de concentración de personas en ciudades, problemas concretos y estructurales con la cantidad de veneno que se tira en nuestras tierras, estamos viendo que los desmontes no se frenaron ni en cuarentena. Ese modelo hasta acá nos trajo divisas pero no mucho más. Hace 20 años vienen prometiendo el fin del hambre en el mundo y estamos en el mundo más hambriento de todos”.
A la par de las reuniones informativas, la comisión de Recursos Naturales trabajará en la unificación de un dictamen. Luego las opciones son realizar un plenario con todas las comisiones adonde fue girado el proyecto o, si hay mucha resistencia, ir dándoles despacho una por una para que finalmente pueda ser tratada. Grosso es optimista: “Vamos a trabajar para que este despacho de comisión, este dictamen y si es posible esta ley, tengan 2020 en el número de orden, es decir que lo resolvamos este año”.
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