Ezequiel Nieva
El Frente Progresista, que domina la Legislatura provincial, no va a acompañar el pedido del presidente Mauricio Macri para que Santa Fe adhiera a la nueva ley nacional de ART. “El gobierno nacional pide colaboración para desproteger a los trabajadores”, criticó el diputado provincial Jorge Henn, en línea con lo que había manifestado días atrás el titular de la cámara y ex gobernador Antonio Bonfatti.
Macri se lo había pedido al gobernador Miguel Lifschitz la semana pasada durante su visita al frigorífico Mattievich de Carcarañá. En esa ocasión, el mandatario nacional señaló que “Santa Fe es la única provincia grande que no ha adherido a la ley de ART”. El gobernador no hizo comentarios, pero los diputados del oficialismo salieron de inmediato a aclarar que no apoyarán esa reforma.
“Estamos asistiendo a un verdadero apriete público del gobierno nacional para obligarnos a adherir a una norma que no solo representa un retroceso en el derecho de los trabajadores, sino que implica quitarle responsabilidades a las grandes empresas, en la propia naturaleza de sus funciones”, cuestionó Henn.
En la Legislatura santafesina, el tema lo impulsan –hasta ahora sin éxito– los diputados de Cambiemos. La reforma de la legislación nacional se aprobó en febrero de 2017. En noviembre, el presidente del bloque Cambiemos, Raúl Fernández, ingresó un proyecto que promueve la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley 27.348 complementaria de la ley sobre riesgo de trabajo.
Entre sus fundamentos, Fernández sostiene que “el mejor camino para avanzar hacia la pobreza cero es favorecer la creación de empleos privados, formales y de calidad”. Además, critica el sistema actual por ser “demasiado costoso, complejo y distorsivo” y porque “dificulta la contratación de nuevos trabajadores”.
Según el diputado del PRO, a pesar de que cada vez hay menos accidentes “hay más juicios”. Una consecuencia es que “el seguro contra riesgo de trabajo cuesta, en promedio, el 3,4% del salario bruto del trabajador, cuando en sus orígenes oscilaba el 1,5%”.
“¿A quiénes favorecemos?”
De acuerdo a los argumentos de Cambiemos, con la reforma se busca atender mejor a los trabajadores que se accidentan o enferman, ayudar a reducir la litigiosidad laboral y aprovechar esa menor litigiosidad para bajar la alícuota que pagan los salarios.
En el Frente Progresista desconfían de la reforma. “La ley pretende bajar los niveles de litigiosidad entre las empresas y los trabajadores. La pregunta que tenemos que hacernos es a quiénes estamos favoreciendo, si adherimos a la ley y permitimos que se aplique en el territorio de nuestra provincia. Y lo único que vemos es un aporte más a la flexibilización laboral”, cuestionó el diputado Henn.
Macri había dicho en Carcarañá que la reforma “tuvo un éxito enorme en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza”. Henn lo desmintió: “En muchas de las provincias que adhirieron a esta ley, ya existen fallos judiciales que la declaran inconstitucional. Paradójicamente, intenta limitar la llamada industria del juicio laboral y fomenta las declaraciones de inconstitucionalidad”.
“Además, si vamos a los hechos, se vuelve impracticable”, agregó el diputado del Frente Progresista. “En nuestra provincia existe una sola comisión médica que debería expedirse sobre todos los reclamos de los trabajadores. ¿No es eso demorar groseramente los tiempos de vida de los trabajadores en el marco de un reclamo, en principio, legitimo? En la ciudad de Buenos Aires están dando turnos de las audiencias para determinar los niveles de incapacidad a nueve meses, mientras el trabajador, en muchos casos, sigue obligado a continuar con sus tareas para no ser despedido. ¿De qué avance hablamos?”, agregó.
“El presidente no nos está invitando a adherir a una ley para mejorar nada”, siguió Henn. “Nos está invitando a colaborar en un proceso de mayor flexibilización laboral y de mayor desprotección para los trabajadores”, concluyó.
“Un negocio privado”
En la semana, Bonfatti también había rechazado las declaraciones del presidente Macri: “Los juicios laborales existen porque las ART, que son un negocio privado, no le reconocen las enfermedades profesionales a los trabajadores y les pagan lo menos posible, en perjuicio del trabajador. Por eso el trabajador termina recurriendo en la Justicia”.
“Lo que no sabe el presidente es que en la provincia tiene los comité en seguridad y salud laboral, puesto que lo que hacemos es prevenir los accidentes en el trabajo para mejorar las condiciones. Por eso lo invito al presidente a que vea cómo trabajan de manera mixta en otros países avanzados”, cerró el ex gobernador de Santa Fe.
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