Marcos De Carlo
Son días convulsionados para la política santafesina. El detenido fiscal Gustavo Ponce Asahad detonó una bomba cuyo daño todavía está lejos de cuantificarse. En ese contexto este jueves la Legislatura provincial iba a tratar la suspensión de otro funcionario judicial rosarino, el fiscal Adrián Spelta, por mal desempeño. Pero la sesión conjunta fue aplazada, sin fecha cierta, mientras la Corte Suprema santafesina aún debe decidir si es constitucional o no que el Poder Legislativo puede o no sancionar a fiscales y defensores.
En la previa se conoció un comunicado de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que sumó más tensión. Lisa y llanamente acusan a los legisladores provinciales de contribuir a la “destrucción total de la República”. “Incurren en un acto de total desprecio a los fallos judiciales”, dijeron.
“Nos avergüenza, nos indigna, nos desmoraliza, integrar un servicio de justicia que pretende ser sometido arbitrariamente a un grupo mínimo de poder. Lejos de actuar en representación del pueblo, lo que hace es generar un espacio ciego de total impunidad”, ampliaron.
La posición puertas adentro de la Legislatura no es unánime; si bien la mayoría de los senadores y diputados están de acuerdo en que el Poder Legislativo puede sancionar a los funcionarios judiciales, hay voces divergentes como la de la diputada Matilde Bruera, quien lo considera inconstitucional, pero que además plantea que como esa ley que rige el sistema disciplinario de los funcionarios judiciales está recurrida, lo más prudente es esperar a que la Corte Suprema se expida para poder avanzar en el caso Spelta.
“Spelta se equivocó”
El senador radical Lisandro Enrico es uno de los legisladores que está a favor de revisar la actuación del fiscal Spelta. “Cuando hablamos de independencia de poderes, el control de poderes va de la mano”, remarcó en diálogo con El Ciudadano.
Enrico consideró que el aplazo se debe a que había empleados de la comisión de Acuerdos aislados por coronavirus y que este jueves muchas diputadas viajarán a Buenos Aires para seguir de cerca la votación en la Cámara baja nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Al senador por el departamento General López le llama la atención que la Asociación haya reaccionado de esta manera por Spelta y no por casos anteriores como el de Juan Carlos Ledesma, superior de los fiscales de San Lorenzo. “Deben ser amigos supongo yo. Hay muchos pedidos cuando se toca el tema Spelta pero no hubo con otros”, expresó.
“Que la Legislatura no pueda controlar es como que los fiscales no puedan investigar a un senador. Cuando hablamos de independencia de poderes, el control de poderes va de la mano. Pero además el tema Spelta no se inicia con una pesquisa que hace la Legislatura, es el MPA el que lo eleva. De más de 130 causas que tenemos de fiscales, hasta ahora solamente han sido llevados a la sesión por su gravedad dos”, amplió.
“Nosotros tenemos que votar los pliegos de los fiscales, ¿cómo no vamos a tener la posibilidad de decir que se equivocó? Spelta otorgó una prisión domiciliaria que estaba prohibida por una ley que habíamos votado nosotros. Se equivocó y parece que si se lo sanciona es tocarle la barba a Dios”, concluyó Enrico.
“Hay que esperar a la Corte”
Por su parte, la diputada justicialista Matilde Bruera celebró que la Legislatura aplace el tratamiento de la suspensión hasta tanto se expida la Corte. Si bien considera que es inconstitucional que los legisladores sancionen a funcionarios judiciales, consideró que es momento de tener prudencia y ser lo más “transparente e institucional” posible.
“La Cámara había tenido una posición prudente que era esperar a que defina la Corte porque, independientemente de lo que piense cada uno de la ley, no hay dudas de que si la Cámara de Diputados dijo en su momento que mientras no haya pronunciamiento de la Corte, considera que no hay que expedirse porque está en debate la constitucionalidad del sistema disciplinario, me parecía raro que sin haber fallo de la Corte se haya convocado otra vez al tratamiento”, expresó a El Ciudadano.
“Si bien hay una ley vigente, esa ley fue cuestionada por la Cámara Laboral y en su momento el sistema fue cuestionado por un voto de la Corte Suprema. En un caso anterior, que fue el caso (de Sebastián) Narvaja, no discutió el tema porque lo declaró abstracto pero el voto de (el ministro de la Corte Daniel) Erbetta se pronunció avalando la postura de la Cámara Laboral, o sea sosteniendo que el sistema de control disciplinario por parte de la Cámara de Diputados es inconstitucional”, agregó.
“Es muy grave suspender a un fiscal por una ley que está cuestionada de inconstitucionalidad y está recurrida, está en trámite de recurso. Entonces, por lo menos hay que esperar que el máximo tribunal de la provincia resuelva sobre la constitucionalidad”, remarcó Bruera.
“Creo que hay que revisar esa ley porque si bien yo comparto que los poderes deben controlarse entre sí, que eso es el sistema republicano, pero siempre y cuando se respete la independencia de cada uno de los poderes. Si el Poder Legislativo en forma absoluta tiene el control de la disciplina de los fiscales, es preocupante realmente. Pero es un tema sobre el que puede haber distintas posturas. Lo más serio es esperar que se pronuncie la Corte”, finalizó
Fiscal en la mira
A Spelta, que se desempeña como jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos en el MPA de Rosario, se lo investiga por otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, sindicado como referente en la venta de drogas al menudeo en la zona norte, quien estaba imputado por una triple tentativa de homicidio y fue asesinado en su domicilio. Ema Pimpi había sido condenado como instigador del atentado a balazos de la vivienda particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en octubre de 2013. La acusación contra el fiscal Spelta fue promovida en abril por la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich.
En septiembre de este año la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura decidió pedirles a las cámaras una sanción de 90 días de suspensión sin goce de sueldo para Spelta.
En ese contexto la sala II de La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario declaró inconstitucional la ley 13.807 –que otorga a la Legislatura el poder de sanción a los fiscales del MPA–, por lo que la definición pasó a la Corte provincial. Hasta tanto eso sucediera, la Legislatura había decidido aplazar el tema, aunque luego volvió sobre sus pasos e intentó su fallido tratamiento de este jueves.
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