Las explosivas declaraciones del ex fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, en el marco de la causa penal sobre juego clandestino, generaron un fuerte impacto político en todos los ámbitos institucionales de la provincia de Santa Fe. Este miércoles se sucedieron las reuniones en la Legislatura y los distintos espacios políticos fijaron su postura: todos coinciden en que la Justicia debe ir a fondo y sin presiones para dilucidar si efectivamente hubo protección institucional a las redes de juego ilegal, como denunció Ponce Asahad el último viernes.
A partir de lo sucedido en las últimas semanas, amplificado ahora por el testimonio de Ponce Asahad, queda en claro que la provincia de Santa Fe atraviesa una etapa signada por los conflictos institucionales entre poderes que exceden largamente los colores políticos. En paralelo a la causa por juego clandestino, la investigación contra el fiscal Adrián Spelta (ver aparte) deja a la vista el enfrentamiento entre algunos sectores del Ministerio Público de la Acusación, en alianza con el Ejecutivo, contra la Legislatura provincial. Y habrá más capítulos en los próximos días.
La crisis institucional escaló a tal punto que el gobernador Omar Perotti dejó por un momento de lado su reposo por Covid para referirse al tema. En declaraciones a la periodista María Herminia Grande, publicadas por Infobae, el mandatario provincial sostuvo: “Todos deben sentirse con la libertad de investigar a quien deban investigar. Es la única manera de que se acabe la impunidad. Que le toque a quien le toque. Ahora tal vez entiendan el sentido del discurso que expresé al asumir en diciembre del año pasado. Duermo tranquilo. Santa Fe tiene una historia de calidad institucional que merece recuperarse. Esto no es una interna del Justicialismo. Es corrupción versus decencia. Sé que para lograr seguridad hay que cortar los vínculos con el delito. Esto será una divisoria de aguas brava y dura, entre propios y extraños. No vine para que las cosas queden igual. Voy hasta el hueso”.
En otras palabras: que la Justicia avance en sus investigaciones sobre la protección institucional a las organizaciones delictivas, caiga quien caiga.
Reuniones legislativas
Este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, se reunió con los jefes de bloque para analizar la declaración de Ponce Asahad, que le fue remitida por la jueza Eleonora Verón al propio Lifschitz el último sábado.
Los jefes de bloque resolvieron enviar esa declaración a la comisión de seguimiento de los casos Serjal y Ponce Asahad, que viene funcionando desde mediados de año cuando se conocieron las primeras denuncias contra los ahora ex fiscales en el marco de la causa por juego clandestino que ahora terminó salpicando también al jefe del bloque de senadores del PJ Armando Traferri. Los integrantes de la comisión de seguimiento se reunirán el viernes en Rosario para decidir los pasos a seguir.
Los líderes de los bloques políticos de la Cámara de Diputados –junto a Lifschitz– también acordaron pedirle a la jueza Verón que envíe a la Legislatura todas las actuaciones sobre la causa del juego clandestino, ya que hasta ahora solo remitió el testimonio de Ponce Asahad.
Finalizado el encuentro, el jefe del bloque de diputados del PJ, Leandro Busatto, expresó la molestia que atraviesa en forma transversal a todos los espacios políticos por la decisión de la jueza Verón de distribuir la declaración del ex fiscal rosarino cuando la causa aún está en trámite: “Ha habido filtraciones de audios y videos y esa es una mala noticia. Hay que ser muy prudentes; está la calidad institucional de por medio y hay personas que tienen su buen nombre, su honor y su principio de inocencia en juego. Y que esto se viralice en las redes es una mala noticia para todos”.
Busatto –como Perotti– negó que el tema responda a una hipotética interna dentro del PJ: “Pensar que esto es parte de una interna partidaria es grave. Acá no estamos hablando de una posición de poder o de una situación de acomodamiento interno de algún partido político. Lo que se está intentando es llevar calidad institucional a un Estado que tiene que tener una actitud distinta frente al delito; hay que ver cómo avanza la investigación”.
Por su parte, uno de los jefes del bloque del Frente Progresista, Pablo Farías, coincidió en el cuestionamiento a la jueza Verón: “Para nosotros es una novedad que se nos comunique una instancia judicial como lo es una audiencia imputativa. No conocemos antecedentes, tampoco sabemos muy bien cuál es el motivo por el cual se nos comunica. Por lo tanto, hemos tomado nota y vamos a enviar esto a la comisión (de seguimiento)”.
“No hay nada que podamos hacer desde la Cámara de Diputados respecto a este tema, mucho menos intervenir en una investigación judicial. No queremos adelantarnos a sacar conclusiones cuando todavía hay hechos que deben probarse”, concluyó Farías.
En el Senado
Por su parte, los senadores provinciales del PJ –incluido el propio Traferri– mantuvieron anoche una reunión de la cual no trascendieron mayores detalles. Poco antes, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, hizo lo propio con los jefes de bloque. Desde la Cámara alta el hermetismo fue absoluto.
Por las derivaciones políticas del testimonio de Ponce Asahad, la Comisión Bicameral de Acuerdos de Legislatura santafesina (integrada por cuatro senadores y ocho diputados) decidió postergar hasta la semana que viene la sesión especial conjunta en la que se iba a para definir la situación del fiscal Adrián Spelta, convocada en principio para este jueves 10.
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