El ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Héctor Superti, destacó ayer que la sanción de la ley de mediación obligatoria en la Legislatura santafesina constituye “un avance institucional hacia un profundo cambio cultural” para el territorio de la provincia. El funcionario se refirió así al proyecto que fue impulsado por el Ejecutivo provincial y que el jueves la Cámara de Diputados convirtió en ley.
La norma dispone la utilización, promoción, difusión y desarrollo de los llamados métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos (comúnmente conocidos como mediación) con carácter de instancia previa obligatoria a la iniciación del proceso judicial en materia civil y comercial.
En este sentido, explicó los alcances del cambio y su incidencia en la calidad institucional de la provincia y la vida cotidiana de la ciudadanía. “Es un avance del Estado en la resolución de los conflictos que ocurren en la vida cotidiana de las personas”, señaló Superti.
El ministro mencionó, además, que la única forma de intervención del Estado era antes a través del sistema judicial, que sólo les ofrecía a las partes la posibilidad de un juicio y, en este sentido, se refirió al profundo cambio que implica utilizar métodos no adversariales.
“A partir de ahora, antes de llegar a esa instancia, van a tener que transitar obligatoriamente otra oferta del Estado, que es un procedimiento de mediación. Esto significa que van a tener que sentarse frente a una persona, que es el mediador, que si bien no tiene poder –y eso la diferencia del juez– está especialmente entrenada y capacitada para ayudar a las partes enfrentadas”, señaló el funcionario.
Superti también explicó que el sistema de mediación evita la sobrecarga del sistema judicial, es más económico y más pacificador para las partes.
“Si se encuentra una solución a través de la mediación, se evita que el Estado tenga el desgaste que significa su intervención mediante el sistema judicial, y además se logra que las partes lleguen a un acuerdo de manera más rápida, más económica y de una forma más pacífica, que es lo más importante”, subrayó.
El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos destacó además que pese a que en la Legislatura provincial no hay una mayoría perteneciente a un mismo signo político, tanto las leyes que tienen que ver con la reforma de la Justicia Penal, por un lado, como la importante transformación de la Justicia Civil y Comercial ahora, se lograron con acuerdos “que demuestran que estas cuestiones se han tomado como materias de Estado y con una gran madurez cívica”.
Finalmente, Superti explicó la diferencia entre la mediación en materia penal y la aplicación de ese sistema no adversarial en cuestiones civiles. “Tienen estrategias de trabajo y consecuencias distintas. En materia penal la mediación no es obligatoria. Es una oferta que el Estado le hace fundamentalmente a las víctimas, como una forma de tratar de atemperar el dolor que han sufrido por el delito, y los efectos jurídicos son muy variados porque dependen del resultado de la mediación y del tipo de delitos”, detalló.
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