Las comisiones de Agricultura y Economía aprobaron el martes 24 de agosto por mayoría un dictamen para modificar, ahora por ley, los derechos de exportación para los productos de origen agropecuario. Es en esta instancia cuando más corre riesgo de disolución la mesa de enlace, en medio de un fuerte reclamo por parte de Coninagro y Federación Agraria (FAA) para que el tributo contemple la segmentación entre pequeños y medianos productores, contra la postura de la Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales (CRA).
El proyecto, que fue acompañado por 16 votos de la comisión de Agricultura y 11 votos de la comisión de Economía, modifica los índices actuales, llevando a 0 por ciento las retenciones en el caso del trigo, el girasol, la leche y los productos de las economías regionales, como yerba, miel y tabaco, entre otros. Además, reduce a un 10 por ciento el índice del maíz y a un 30 por ciento el de la soja, contemplando una reducción de 5 puntos porcentuales por año para ambos cultivos.
Contempla también devolución en parte del gravamen para los pequeños productores directamente a un CBU y la posibilidad de tomar parte de las retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias.
Pero igualmente hubo dos dictámenes firmados en minoría, uno impulsado por el diputado Lisandro Viale (Partido Socialista) y otro por los radicales Pablo Orsolini y Ulises Forte.
Según el Reglamento de la Cámara, la comisión de Presupuesto y Hacienda tiene 30 días para tratar el tema; si así no lo hiciera el plenario en tratamiento sobre tablas puede abordarlo, y en caso de ser aprobado pasa al Senado para su aprobación final.
El proyecto que obtuvo dictamen de mayoría presenta un doble tratamiento, según evaluó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Por un lado bajo el capítulo de Soja y subproductos, y por otro bajo el capítulo de molienda húmeda y molienda seca, “lo que constituye un error que debe ser subsanado”, se indicó.
De esta manera, señala que los derechos de exportación sólo podrán ser establecidos por ley del Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo podrá disminuir las alícuotas y aumentar el límite máximo de toneladas a reintegrar.
El proyecto que consiguió el dictamen de minoría impulsado por Orsolini y Forte señala que los derechos de exportación se deberán regir por lo dispuesto en esa ley por el término de 10 años. Para el cálculo de las alícuotas se utilizará el FOB oficial. El monto a compensar surgirá de las alícuotas del derecho de exportación y las devoluciones segmentadas.
Asimismo, se crea un Fondo Único de Retenciones y Compensaciones, integrado por el 100 por ciento de los ingresos totales que se recauden en concepto de derecho de exportación. Su administración estará a cargo del Consejo Federal Agropecuario sumando a integrantes de FAA, Coninagro, CRA y SRA, quienes establecerán mecanismos de participación, consulta y control, quienes informarán a una comisión bicameral de 8 diputados y 8 senadores.
En tanto, en la otra iniciativa con dictamen de minoría impulsado por Viale, se fijan por ley las alícuotas de derechos de exportación vigentes hasta la fecha del trigo, maíz, sorgo, soja y girasol, excepto maíz pisingallo, girasol confitería y descascarado. Se establece un sistema de compensación para cada productor inscripto en el Registro de Operadores de Granos.
Se fija como compensación por tonelada comercializada a la diferencia entre el valor FOB oficial y el valor neto luego de la aplicación de los derechos a la exportación del día de comercialización, según las cantidades comercializadas.
Ahora el debate promete ser largo. Por su parte, Viale aseguró: “Debo advertir que el proyecto de (Ricardo) Buryaile que obtuvo dictamen de mayoría es un mamarracho, que habla de segmentación solamente como un título, es muy poco serio, y si sale los pequeños y medianos productores le terminarían haciendo el favor a los más grandes. Por eso firmamos un dictamen de minoría junto a Proyecto Sur, que pone retención cero, pero sólo al chacarero”.
Forte, ex dirigente de FAA, señaló también que “en el proyecto de Buryaile la segmentación es poco creíble, con una transferencia tremenda a los grupos más concentrados. Si se aprueba así, en cuatro años se le transfieren al 20 por ciento de productores más grandes casi 10.000 millones de dólares. Esa iniciativa que se votó es el mismo modelo kirchnerista con menos presión tributaria. Por eso firmamos con Orsolini un dictamen de minoría, que tiene que ver con nuestra historia de productores y nuestro recorrido militante en la Federación Agraria. Si queremos avanzar en serio, tenemos que unificar un dictamen distinto, que contenga en serio las demandas del pequeño y mediano productor”.
Igualmente, desde las cooperativas nucleadas en Coninagro se advirtió que el proyecto con dictamen de mayoría “no es el ideal” porque “debe existir una diferenciación entre pequeños y grandes productores para ubicarlos en un mismo plano de competitividad”.
Comentarios