Policiales

"Protesta" de presos

La versión del gobierno sobre motín en cárcel de Las Flores

Una “protesta” de presos: así definieron desde el gobierno provincial el incendio y los incidentes registrados este lunes en la cárcel de Las Flores, al norte de la ciudad de Santa Fe


Una “protesta” de presos: así definieron desde el gobierno provincial el incendio y los incidentes registrados este lunes en la cárcel de Las Flores, al norte de la ciudad de Santa Fe. El motín tuvo dos motivos: por un lado, una medida judicial que restringe a dos kilos por persona la cantidad de comida y ropa que pueden recibir los internos en las visitas de sus familias; por otro lado, porque no se autorizó la salida de un preso que había pedido permiso para ir al funeral de su hermana.

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Juan Martínez Saliba, dio la versión del gobierno sobre los hechos: “Hubo una protesta por parte de los internos del pabellón 4 por el cual iniciaron un foco ígneo que gracias al accionar del personal del Servicio Penitenciario se pudo sofocar”. Según el funcionario, no hubo lesionados.

“El motivo tiene que ver con medidas judiciales, porque no se autorizó la salida de un interno”, explicó el funcionario. Ese interno había pedido permiso para asistir al funeral de la hermana, asesinada domingo en Santa Fe.

El otro motivo son las restricciones para los familiares de los presos. Por fallo judicial, regía una nueva reglamentación que restringía hasta dos kilos por persona el ingreso de alimentos y otras pertenencias destinadas a los reclusos. Esa medida fue anulada el último viernes por la Cámara de Apelaciones ante un planteo del defensor regional de Santa Fe Jorge Miró.

En su fallo, la Cámara sostiene que “estas restricciones significan un impacto directo en la posibilidad que tienen los reclusos de recibir asistencia material desde el exterior, en productos alimenticios, prendas de vestir, etc., que coadyuven a su estancia en el interior del establecimiento carcelario. Máxime si los propios representantes de la provincia reconocen que la superpoblación carcelaria genera inconvenientes en la provisión regular de alimentos”.

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