La Red de Organizaciones Sociales de Jujuy y el movimiento Tupac Amaru levantaron ayer el acampe de protesta que mantuvieron durante los últimos 51 días en la plaza Belgrano, de la capital jujeña, mientras que el gobernador, Gerardo Morales, brindó garantías para la continuidad del trabajo de los cooperativistas.
La decisión, resuelta por unanimidad en asamblea, apuntó a “abrir una instancia de diálogo con el gobierno provincial”, aunque una delegación de Jujuy viajará a Buenos Aires para sumarse a la protesta en la Plaza de Mayo, donde se encuentran organizaciones sociales de distintos puntos del país para reclamar al gobierno nacional que intervenga en la liberación de su líder, Milagro Sala.
“Vamos a seguir trabajando en los barrios, atendiendo las necesidades de los que menos tienen y que se van incrementando día a día ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial. El reclamo por la inmediata liberación de Milagro Sala continuará en Plaza de Mayo y con distintas acciones que se seguirán realizando en la provincia”, señaló Patricia Jaldin, directora de la escuela Bartolina Sisa.
Por su parte, Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, dijo que la decisión de levantar el acampe tuvo “el consentimiento de Milagro”, y que fue “total y absolutamente pacífico” ya que “no hubo ningún incidente, más allá de la molestia que ocasionó a los comerciantes, pero hay 20 mil familias en la calle y 40 mil hijos de esas familias que no tienen para comer”.
La Red de Organizaciones Sociales se había instalado en la plaza Belgrano, el 14 de diciembre pasado, para protestar en contra de una serie de decisiones gubernamentales en relación con la continuidad laboral de las cooperativas y en defensa de los puestos de trabajo de los diferentes emprendimientos que tienen en la provincia.
Morales celebró “el diálogo”
En respuesta, el gobernador Morales celebró la medida de levantar el acampe, advirtió que “el diálogo y el respeto son el camino” para alcanzar acuerdos y brindó garantías para la continuidad del trabajo de los cooperativistas. En Humahuaca, Morales reveló además que funcionarios del gobierno provincial mantuvieron contacto con referentes de la organización, quienes solicitaron la continuidad de los programas de asistencia como también el funcionamiento de las instituciones educativas y sanitarias que la Tupac venía gestionando, informó la gobernación. “Hablaron con algunos funcionarios nuestros y nos preguntaron si íbamos a garantizarles los planes, la educación, la salud, y le dijimos que sí, como desde el primer momento; sólo falta que se regularicen. En breve, vamos a poner en funcionamiento los programas con las cooperativas porque hay muchos que todavía no están formalizados como cooperativistas. Además, vamos a crear instrumentos y herramientas para darle continuidad al trabajo”, señaló.
El gobernador radical reafirmó el compromiso para que los sistemas de salud y el educativo, como también la cooperativa textil de la organización, “sigan funcionando” y exhortó a los integrantes de la organización a que “no desguacen nada y que cuiden el equipamiento, porque el patrimonio de la Tupac es patrimonio público, ya que los fondos son aportados por el Estado”.
Quebracho marchó por Sala
Militantes de la agrupación Quebracho marcharon ayer desde Plaza de Mayo hacia el Obelisco entonando consignas en reclamo por la liberación de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, quien está detenida y acusada por malversación de fondos.
Los manifestantes, que marcharon esgrimiendo banderas de la agrupación, se establecieron en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Diagonal Norte bloqueando varios carriles de la arteria y provocando un congestionamiento del tránsito en el microcentro porteño.
Jujuy será querellante
El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, confirmó ayer que el gobierno jujeño será querellante “adhesivo” en la causa que investiga a Milagro Sala por supuesto fraude y asociación ilícita, a la vez que informó sobre la presentación de un pedido de ampliación de la acusación a otros cooperativistas.
En ese marco, también señaló que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra realizado auditorías de obras para verificar la existencia de otras irregularidades, según se informó a través de un comunicado de prensa. “El gobierno provincial se constituyó como querellante adhesivo a los efectos de poder controlar las pruebas que se están rindiendo y aportar nuevos elementos. Uno de los objetivos es conocer cuál fue el destino de los 29 millones de pesos que debían ser utilizados para el programa Mejor Vivir”, señaló Miranda.
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