Con dos reuniones, una en la ciudad de Santa Fe y la segunda en Rosario, el gobernador Hermes Binner puso ayer en marcha el Consejo provincial por la Seguridad. Se trata de una novedosa instancia de consulta, propuestas de acciones estratégicas y contralor de carácter permanente sobre la materia. Esta “mesa” involucra un extenso abanico de actores: seis ministerios, la Policía, la Corte Suprema y la Legislatura santafesinas, las municipalidades, cuatro universidades y una vasta gama de organizaciones de la sociedad civil que incluye a sindicatos, entidades barriales, instituciones religiosas y ONGs. La iniciativa corresponde al diputado provincial del justicialismo (Movimiento Obrero) Alberto Cejas, y fue convertida en ley a principios de mes. Pero la administración socialista la “hizo suya y le dio inmediata implementación”, según la descripción que hizo el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Horacio Ghirardi, al término del encuentro en la sede local de la Gobernación al que también asistió el intendente Miguel Lifschitz.
Lo que se pretende con el flamante esquema, al que con todo aún le falta definir reglamento de funcionamiento, es promover un abordaje integral e intersectorial de la seguridad que exceda los estrechos límites del accionar policial para incluir iniciativas de carácter social, educativo y laboral que atiendan más a la prevención, contención y abordaje de las causas de la inseguridad que a la acción represiva contra la misma. De ahí la heterogeneidad de actores convocados para que aporten y contribuyan con ideas a las políticas públicas que ya viene poniendo en marcha la Casa Gris.
Los funcionarios provinciales se encargaron también de remarcar que la de seguridad es una problemática que reconoce numerosas causas y que las mismas exceden las fronteras del distrito. “Es de una complejidad tal que hay que abordarla en toda su vastedad. No es exclusiva de Santa Fe, no se puede definir en sus límites, es nacional y de toda América latina”, refirió el secretario Ghirardi luego del encuentro que comenzó a las 17 en la sede rosarina de la Gobernación. Y luego trazó una descripción del actual panorama: “Hay indudablemente un incremento de la inseguridad, tal vez no de sus indicadores más duros como el de los homicidios, que se mantienen en una meseta desde hace unos años, lo cual tampoco es bueno. Lo que sí hay es un incremento del llamado delito menor, el arrebato callejero, el escruche a viviendas, la agresión a comercios, que es una de las preocupaciones que surgió en esta mesa”.
El gobernador Binner destacó por su parte la importancia del flamante espacio de debate y generación de ideas, pero aclaró que no llena un vacío sino que aporta a las estrategias que ya puso en marcha su gestión: “Tiene como finalidad escuchar los problemas, buscar soluciones, e integrarlas a todas las políticas que viene llevando adelante el gobierno provincial, como la incorporación de nuevos profesionales, de policías con mayor formación y la provisión a los mismos de nuevos elementos de protección, armamento y móviles, más la línea 911, que dicho sea de paso estamos pendientes de la ley para que sea utilizada por necesidad y no para hacer bromas”.
Binner también dejó en claro que la tarea compromete no sólo al Ejecutivo sino también al resto de los poderes, justo cuando su administración atraviesa una puja con parte del Poder Judicial a raíz del nuevo sistema Procesal Penal y la designación de sus autoridades. Al respecto, el mandatario, señaló: “Estamos trabajando también en una Justicia mejor, muy fuertemente, para que salga del sistema inquisidor y pase al acusatorio”. Y atento a los reclamos más comunes de los que se hacen eco los medios de comunicación, agregó: “Estamos mejorando las seccionales policiales y construyendo nuevas tanto en Santa Fe como en Rosario. Y vamos a incorporar más unidades penitenciarias, de hecho estamos por inaugurar la de Piñeiro”.
El Consejo provincial para la Seguridad, de acuerdo a la ley 13121 sancionada el 2 de septiembre pasado, está compuesto por una instancia “Central” y otras cinco por “regiones” (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela).
La primera, que se abocará a las estrategias generales, deberá reunirse cada cuatro meses y dividirse en comisiones temáticas para el debate e intercambio de información. Las restantes, que deberán atender a las particularidades territoriales, tendrán encuentros bimestrales con un modo de organización que definirá cada una.
Por el Ejecutivo provincial participarán el Ministerio de Seguridad, el de Justicia, el de Desarrollo Social, el de Educación y el de Gobierno. También lo hará la Jefatura de Policía provincial y, en el caso de los nodos, las que correspondan.
El Poder Judicial concurrirá la Suprema Corte a través de su presidencia. Y el Legislativo con ambas Cámaras. También se integrarán las universidades nacionales de Rosario y del Litoral, la Tecnológica, la Abierta Latinoamericana y la Católica.
A este amplio espectro se suman la CGT y varios sindicatos de esa central como otros, el de Prensa por caso, inscriptos en la CTA. Sin agotar la lista, también asumieron el compromiso varios medios de comunicación, la Bolsa de Comercio de Rosario, distintas fundaciones y ONGs y entidades empresarias.
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